Descargar el D.S. Nº 032-2010-EM

Hoy, a través del D.S. Nº 032-2010-EM, se ha publicado una serie de modificaciones al reglamento que concedió la última prórroga a Doe Run. Ajustes que pueden ser vistos como favorables para esta empresa, que opera un complejo metalúrgico en La Oroya.

Así, si antes el reglamento establecía que el 100% del los ingresos brutos que la empresa obtuviera como consecuencia de la venta de metales y/o sus operaciones se destinaban a un Fondo Fideicomiso, de donde se emplearían los fondos para ejecutar parte del PAMA pendiente; ahora ese porcentaje se ha recortado al 20%, con un mínimo de US$ 25 millones mensuales.

Además, ahora se permitirá a DRP mantener 2 meses de estos fondos en fideicomiso. Antes se había estipulado que, siempre, se debían mantener suficiente dinero para ejecutar 3 meses de PAMA, aunque se suspendieran los depósitos.

El DS publicado ha autorizado que, concluida la primera etapa del cronograma de obras y construcción, los fondos de la ejecución de las Cartas Fianzas puedan trasladarse al Fideicomiso, perdiendo así su utilidad como garantía del MEM frente a incumplimientos por parte de Doe Run.

El texto también modifica la remisión a la lista de obligaciones contenida en el reglamento, poniendo en su lugar un artículo de la ley de ampliación que no enumera ninguna, cuyo cumplimiento era causa de ejecución de las cartas.

Finalmente, uno de los puntos más controversiales del decreto supone la eliminación del párrafo que obligaba a OSINERGMIN a verificar el reinicio efectivo de las actividades en el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Para el viceministro de Minas, Fernando Gala, con esta medida, el Ministerio de Energía y Minas ha dado hoy “una muestra importante de la voluntad del reinicio de las operaciones de Doe Run”, a través de la modificatoria del Decreto Supremo 075 “que da caja a la empresa para el proyecto, por lo tanto, el reinicio de las operaciones está ahora en manos de Doe Run Perú y esperamos que los cumpla en el más breve plazo”.

Por su parte, Carmen Rosa Sandoval, abogada de la SPDA, manifestó que los reajustes normativos «no hacen otra cosa que confirmar la desprotección de la población en La Oroya por parte del Estado Peruano, las normas son generales y deben buscar cautelar los derechos e intereses de los ciudadanos, con respeto por la inversión privada, pero esto último no debe llevar a modificar las normas a las necesidades específicas de Doe Run en un tiempo determinado».

«El año pasado (DRP) pidió una serie de condiciones que le eran favorables, como no le fueron suficientes, ahora pide otras más; al punto que se le concede desnaturalizar las garantías (cartas fianzas). La seguridad jurídica, sostuvo, es condición para vivir en un Estado de Derecho, y esa seguridad para los ciudadanos de La Oroya hace la diferencia entre gozar de salud o no gozar de ella. Que las reglas del juego se ajusten una y otra vez a los requerimientos y necesidades de sólo una de las partes involucradas (que no es la más vulnerable por cierto) es claramente injusto», indicó.