• En los próximos días proseguirán las exposiciones en Cajamarca, Loreto y Áncash.

Pedro Grández, director general de Derechos Humanos, presentó ante autoridades y la sociedad civil de Puerto Maldonado, el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018 – 2021, cuya implementación a nivel nacional está liderada por el sector Justicia.

El acto tuvo lugar en el auditorio de la Municipalidad de Tambopata y contó con un panel de representantes conformados por Luisa Ríos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Lourdes Perez Torrecilla de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y Carmen Barrantes de CHS Alternativo.

Grández Castro destacó la importancia de la participación ciudadana en los procesos de implementación del Plan así como en el monitoreo de su cumplimiento.

“Los derechos humanos y su fundamento, la dignidad, solo se constituyen en auténtico fin supremo de la sociedad y del Estado, como señala la Constitución, cuando la ciudadanía es consciente de su importancia y se convierte en su promotora y principal defensora”, expresó.

A su turno, Lourdes Perez Torrecilla, de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, recalcó la importancia del Plan para las comunidades indígenas.

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Luisa Ríos, resaltó que por primera vez los defensores de derechos humanos son incluidos en el Plan entre los grupos considerados de mayor atención, en respuesta a la situación de los defensores y defensoras en nuestro país. Esto permite que se consideren en el plan acciones estratégicas específicas como el registro de situaciones de riesgo para los defensores y el diseño de un mecanismo de protección para los mismos.

Durante el evento, los participantes hicieron llegar su preocupación por la gravedad y complejidad de los problemas sociales en Madre de Dios y que, según manifestaron, requiere del esfuerzo concertado de las autoridades de los gobiernos central y regional para afrontarlos.

Las presentaciones descentralizadas del PNDH 2018 – 2021 proseguirán en los próximos días en las regiones Cajamarca, Loreto y Áncash (Huaraz), en un esfuerzo por crear espacios descentralizados de participación que permitan focalizar la agenda de los derechos humanos entre las metas prioritarias para los gobiernos regionales que iniciarán una nueva gestión en enero próximo.