Luego de mantenerlo en suspenso, el titular del Ministerio de Cultura, Luis Peirano, anunció finalmente que su cartera no publicará la Base de Datos de los Pueblos Indígenas, pese a que a diversas organizaciones exigían que dicho documento sea público.

«No se publicará ninguna base de datos porque puede crear confusión, expectativas innecesarias, problemas de todo tipo. Tenemos obviamente una base de datos, pero la política del ministerio es trabajar a partir de pedidos. Cuando una comunidad de alguna manera se ve afectada por un proyecto de inversión puede pedir el derecho a ser reconocida», dijo Peirano en declaraciones a La República.

«Lo que queremos evitar es que haya una suerte de pensar que se va a hacer Consulta Previa todos a la vez. Se hará en función de las necesidades de inversión, cuando hay un proyecto de inversión se hace una Consulta Previa siempre y cuando haya una comunidad (indígena)», precisó.

Sobre este anuncio, la congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa, dijo que esto no hace sino generar mayor desconfianza en los pueblos indígenas. Asimismo, cuestionó que ahora el reconocimiento de una comunidad como pueblo indígena se realizará a pedido de parte.

«Esto deja abierta la posibilidad de que un sector por desconocimiento o falta de voluntad política no implemente la Consulta Previa como debe ser. Además un derecho no puede estar sujeto al que el ciudadano o el pueblo lo exija, sino que el Estado tiene que garantizar su aplicación y su respeto», expresó la legisladora.

“LANEGRA SE CANSÓ”

Sobre la renuncia del exviceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, Peirano dijo que se fue por temas relacionados a la Base de Datos. «Él se cansó. Esa es la verdad. Él ha visto que hay un nivel de diferencia. Y por razones personales presentó su renuncia», dijo Peirano.

Cabe resaltar que el viceministerio de Interculturalidad había trabajado durante más de un año en registro, cuya publicación era muy esperada. Incluso, la Defensoría del Pueblo también había exigido que se publique dicho documento para su revisión y dar aportes al respecto.