El titular del Ministerio del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, señaló que la Ley de Consulta Previa ha tenido resultados positivos desde su aplicación y no ha retrasado las inversiones privadas en el país.

Cabe recordar que la pasada quincena de mayo, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, manifestó a un medio local que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”.

Expresando su punto de vista, Pulgar-Vidal dijo a El Peruano que «el sector empresarial tiene que mostrar mucha madurez y reconocer su rol y responsabilidad en relación con las inversiones y no buscar culpables donde no existen. La consulta previa no ha retraído inversiones».

Pulgar-Vidal indicó que hasta el momento son cuatro las consultas previas realizadas y se han efectuado en las comunidades de Maijuna (Loreto), Sierra del Divisor (Ucayali) y dos lotes como son el 195 y 169 (en Ucayali).

Destacó además que, en todos los casos, las consultas previas demandaron plazos menores a los establecidos. «El plazo es de 120 días para su concreción y se realizaron en 100 solamente», anotó.

Precisó que cuando se hace una observación, la empresa muchas veces la absuelve meses después.

SOBRE LAS INTERDICCIONES

El titular del Minam manifestó además que existe un claro intento de deslegitimar las acciones del Gobierno en función de intereses ocultos para evitar que se sigan haciendo interdicciones contra la minería ilegal que son exitosas.

Estas acciones se hacen en el marco de la ley, con presencia de fiscales y absoluto respeto a los derechos humanos, subrayó.

Refirió que la etapa de saneamiento para la pequeña minería, que es la segunda etapa de la lucha contra la minería ilegal, permitirá hacer ajustes con el propósito de disminuir el número de operadores (mineros) que están en el campo y evitar que entren nuevos (ilegales).

«Luego se busca evitar que se legalice y se comercie el oro que sale de la minería ilegal y meter presos a los ilegales que insisten en esta práctica ilícita», apuntó.

Añadió que la segunda etapa tiene un plazo de 120 días desde que se dictó la norma de esta estrategia para que se inicie su operación y en este tiempo se prepara el conjunto de normas que se requiere para ello.

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Foto: Andina