El titular del Ministerio de Agricultura, Rafael Quevedo, mostró ayer su rechazo al proyecto de ley presentado por la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, que plantea una moratoria para el ingreso de semillas transgénicas a nuestro país por un periodo de 15 años.

Según Quevedo, aprobar la moratoria podría traer represalias comerciales respecto a los acuerdos firmados con socios internacionales. Asimismo, dijo que si se dejan de importar granos transgénicos, como actualmente ocurre, se generarían problemas de abastecimiento e incremento de precios en alimentos.

Durante la reunión en dicha Comisión, Quevedo también fue cuestionado por contar con asesores ligados a empresas que comercializan dichas semillas. Uno de estos asesores es Alex Grobman, quien preside los directorios de Semillas Penta S.A. y Productora Agrícola del Campo, y es titular de la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología (Perú-Biotec), como lo denunció el diario El Comercio días anteriores.

Por otro lado, la congresista Rosario Sasieta señaló que el jefe del gabinete de asesores, Dow Hers Seiner Kertman, posee relación comercial con Agroindustrial Lanchas S.A. y Empacadora y Procesadora Huamaní. Además, resaltó que Quevedo está vinculado a la industria avícola, sector que demanda el cultivo de maíz amarillo duro transgénico en nuestro país.

Por su parte, el Ministro del Ambiente, Antonio Brack, se mostró de acuerdo con la moratoria debido a que en nuestro país necesita detectar los centros de diversidad de cultivos como el maíz, entre otros. También indicó que el Reglamento aprobado por el DS-003-2011-Minag “no es lo suficientemente fuerte”.

DEFENSORÍA RECOMENDÓ SUSPENDER DECRETO

Mediante oficio dirigido a la Presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, la Defensoría del Pueblo recomendó la suspensión del decreto 003-2011-Minag porque “es necesario abrir un espacio de diálogo con los distintos actores públicos y privados involucrados, en particular aquellos que han mostrado su desacuerdo con la política adoptada”.

Para la Defensoría, esta propuesta “debería encaminarnos a arribar a consensos necesarios y a adoptar las correcciones y modificaciones que corresponda realizar al Decreto” promulgado el pasado 15 de abril.

Asimismo, la Defensoría sostiene que “las políticas de regulación de la biotecnología deben guiarse por el principio precautorio, y que cuando haya indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o a la salud, la ausencia de certeza científica no se deberá utilizar como razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro”.

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Foto: Andina