La Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores del Perú (CONAMI PERÚ) presentó ayer una demanda de amparo contra el presidente Ollanta Humala ante el Poder Judicial por dictar los decretos legislativos 1102 y 1106, los cuales –según los mineros– los califica como “criminales” y no les permite realizar sus actividades.

La Confederación también solicitó “la inaplicabilidad de dichos decretos” porque “esta ley se da con nombre y apellido”. Según la organización, las empresas dedicadas a la gran minería son los que presionaron al gobierno para favorecerse con estos decretos.

“Roque Benavides y la Sociedad Nacional de Minería están detrás de todo, favoreciendo a la gran minería. Cuando esta ley sea acatada habrá una matanza en el país, atacando a los mineros artesanales, interviniendo los policías, policías y la Marina de Guerra del Perú. El Presidente ha mezclado a los mineros con los terroristas y con el narcotráfico”, indicó el asesor legal de CONAMI, Raúl Arca.

Los mineros indican que el plazo para la formalización es muy corto y que “se solicitan trámites que demandarían mucho más tiempo”.

“Pedimos al gobierno que no nos prive de trabajar, defendemos el trabajo de medio millón de mineros artesanales. Ollanta Humala nos prometió apoyo durante su campaña electoral pero ahora nos está criminalizando, sin incluir partidas económicas en el presupuesto nacional para la formalización, excluyendo a los gremios mineros del procedimiento de formalización. Con medidas autoritarias de interdicción no se resuelve el problema”, indicó por su parte Esteban Siancas, presidente de CONAMI.

La organización también anunció que el próximo 17 de julio realizarán una marcha nacional en caso de que su pedido no sea escuchado, de lo contrario realizarán un paro nacional indefinido en todo el país.

Como se recuerda,  los decretos legislativos 1102 y 1106 forman parte de un conjunto de normas dictadas por el gobierno para luchar contra la minería ilegal en nuestro país, actividad que no solo degrada nuestro medio ambiente, sino que además genera diversos males sociales la trata de blancas, la evasión de impuestos, explotación laboral, entre otros.

Para el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, indicó que “si bien es cierto que no se ha asignado los recursos suficientes para el proceso de formalización miera, derogar los decretos legislativos mencionados no son la vía para resolver el problema, porque estos fueron dados sino para enfrentar aquellas ilegalidades que se vienen cometiendo contra nuestro patrimonio natural”.