Foto: Diego Pérez / SPDA

• En Madre de Dios, desde el 2019 se emitieron 32 decretos supremos de declaratoria de estado de emergencia para combatir contra esta ilegalidad. En promedio, durante los últimos cuatro años, el estado de excepción fue prorrogado cada 60 días, pero las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no han logrado sus objetivos. 

La mañana del 19 de febrero de 2019, más de mil policías, 300 miembros de las Fuerzas Armadas y 70 representantes del Ministerio Público participaron en la primera etapa de la operación «Mercurio», cuyo objetivo era detener la minería ilegal y sus delitos conexos (trata de personas, sicariato, etc.) en Madre de Dios, especialmente, en «La Pampa», sector ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Para iniciar la operación multisectorial, el Ejecutivo emitió el Decreto supremo 028-2019-PCM, firmado por el entonces presidente Martín Vizcarra, que declaró en estado de emergencia por 60 días los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto.

Después de más de cuatro años, otros 31 decretos supremos de declaratoria de emergencia en distritos de Madre de Dios, con un intervalo de cerca de cuatro meses sin el estado de excepción, los resultados no han sido los esperados: la deforestación de bosques continúa, y en «La Pampa» los mineros ilegales operan con sus dragas y motores a pocos metros de la carretera Interoceánica.

En el primer día de la ejecución de «Mercurio», el exministro del Interior, Carlos Morán, explicó a los medios de comunicación que luego de la intervención y consolidación, que durarían catorce días y seis meses, respectivamente, llevarían a cabo un trabajo sostenido hasta el 2021. Si bien, en un primer momento, se logró disminuir la minería ilegal en Madre de Dios –tal cómo mostró un estudio de imágenes satelitales sobre la minería ilegal en Madre de Dios, publicado en junio de 2020 por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP)-, la intención de detenerla no se cumpliría.

En lugar de que las siguientes gestiones mejoraran la lucha contra la minería ilegal, la situación volvió a como era en enero de 2019. Pese a la prórroga de los estados de emergencia, estudios del MAAP difundidos en octubre último señalan, a través del análisis de imágenes satelitales, que la minería ilegal en «La Pampa», zona ubicada entre los kilómetros 98 y 110 de la carretera Interoceánica, se incrementó cuatro veces más en los últimos dos años. En julio de 2021, antes de finalizar su gobierno transitorio, el expresidente Francisco Sagasti aprobó el «Plan Restauración», que complementaría la operación «Mercurio». Además de Madre de Dios, incluía intervenciones en distritos de Cusco y Puno, donde esta actividad ilegal se ha expandido en los últimos años. A pesar de ello, la cantidad de militares, policías y fiscales que los medios de comunicación mostraron con «Mercurio», no volverían a aparecer.

Asimismo, la figura presupuestaria para combatir este delito fue disminuyendo en los últimos años. Según un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) y El Comercio, en 2019 el programa presupuestal «Reducción de la minería ilegal» recibió S/ 119 millones. En aquel año, el contingente desplazado hacia la región amazónica requirió combustible para los helicópteros, camionetas, cuatrimotos, la alimentación del personal militar, policial y del Ministerio Público, entre otros.

Sin embargo, en lugar de mejorar las condiciones de los servidores del Estado, el presupuesto ha venido disminuyendo años tras año. Para 2024 este programa presupuestal recibirá S/ 79 millones para combatir la minería ilegal en todo el Perú, es decir un 26 % menos que en 2019. “Estamos viendo, con esta asignación presupuestal, que no está siendo priorizado el combate contra la minería ilegal”, declaró la economista del IPE, Paola Herrera, a la Red de Comunicación Regional, quien resaltó que los 79 millones de soles “representa solamente el 0.5 % de todo el presupuesto que se asigna a esta función de orden y seguridad pública”.

En febrero de este año, en Actualidad Ambiental advertimos los inconvenientes que representa la reducción del presupuesto para combatir la minería ilegal: de cinco fiscales para enfrentar este delito el número se redujo a dos. Cabe precisar que los fiscales no solo deben acompañar a los operativos de interdicción que realizan las Fuerzas Armas y la Policía, en zonas alejadas como La Pampa, los ríos Madre de Dios y Malinowski, Inambari y Las Piedras. También deben trabajar en cada caso desde su despacho y participan de las audiencias contra personas involucradas en el delito de minería ilegal.

Economía peruana es perjudicada con 23 mil millones de soles al año

El informe del IPE y el diario El Comercio también aborda un análisis encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que estima que la minería ilegal ocasiona pérdidas a la economía peruana por aproximadamente S/23 mil millones al año, equivalente a cerca del 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI). Además, según el análisis de Macroconsult, las exportaciones ilegales de oro en el año 2022 alcanzan la cifra de US$ 1.841 millones, representando el 18 % del total de las exportaciones auríferas del país.

Datos:

• El Decreto supremo 123-2022-PCM, firmado por el expresidente Pedro Castillo y publicado el 17 de octubre de 2022, prorrogó el estado de emergencia por 60 días en los distritos Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios, Huepetuhe, Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto. Pasaron casi cuatro meses, el 6 de abril de 2023, en la gestión de la presidenta Dina Boluarte, para que se emitiera una nueva declaratoria de emergencia en distritos de Madre de Dios afectados por la minería ilegal. A la fecha, el Decreto Supremo 131-2023-PCM, publicado el 29 de noviembre pasado, se encuentra vigente por 60 días calendario.