Escribe Lenin Valencia / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales

El pasado 10 de enero, el gobierno nacional aprobó la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal. Con esta medida, el gobierno busca reforzar sus acciones para erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y reducir significativamente los delitos conexos a esta actividad. Esta estrategia fue elaborada por la “Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización”, un espacio de coordinación intragubernamental creado hace 18 meses (julio del 2012) y compuesto por representantes de 6 ministerios, la SUNAT, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la PCM, que preside dicha Comisión.

La medida define mecanismos para que la coordinación de las nueve instancias gubernamentales comprometidas en este proceso sea más efectiva. Así, se contempla una estructura que distingue entre las entidades encargadas de la ejecución de las acciones de interdicción (Ministerio Publico, Policía, FFAA, DICAPI) y aquellas que cumplen un rol técnico informativo (distintos ministerios y gobiernos regionales); con el alto comisionado sirviendo de articulador de este espacio. Finalmente, se identifican espacios prioritarios para las acciones de interdicción, siendo el eje Madre de Dios-Cusco-Puno el punto focal (pero no exclusivo) de estas acciones, dada la mayor presencia de minera ilegal en estas zonas.

Esta medida es de suma importancia y vale la pena resaltarla porque reafirma la intención del Estado para abordar intersectorialmente un problema con muchas aristas, avanzando de esta manera con el mandato constitucional de resguardar la salud y seguridad de la sociedad y de conservar nuestro patrimonio natural, tan dañado en zonas como Madre de Dios por la presencia de la minería ilegal.

Vistas desde otro ángulo, estas medidas responden a la necesidad más amplia de ordenar nuestro vínculo con el territorio, reafirmando la necesidad de preservar espacios en los que no se pueda ejercer cierto tipo de actividades. Sin desmedro del aún lento proceso de ordenamiento territorial, estas medidas crean precedente sobre lo que el Estado debe hacer para que se respeten o consoliden procesos de ordenamiento territorial. Recuérdese que, por ejemplo, la zona de exclusión minera en Madre de Dios se estableció sobre la base del proceso de zonificación ecológica y económica ya existente en esta región desde el 2009.

Uno de los aspectos más complejos del combate a la minería ilegal es que esta permea fácilmente los espacios locales. En zonas como Madre de Dios, con una larga presencia de minería informal, esto hace que las fronteras entre informalidad e ilegalidad sean menos claras en la vida cotidiana que en el papel. Un individuo puede pasar en cuestión de días o semanas de un lado al otro, para luego regresar a donde estaba. Las vinculaciones entre la minería ilegal e informal existen y no es siempre fácil distinguirlas. Siendo esta realidad tan compleja, las decisiones que se tomen en materia de interdicción deberían también alimentarse del conocimiento local, porque son los propios actores locales, antes del gobierno central, los que han venido lidiando desde hace varios años con este problema, creando soluciones que bien haría el Estado en prestar atención, como un elemento más para la planificación de sus acciones de lucha contra la minería ilegal dentro de Madre de Dios.

El riesgo de no tomar en cuenta la variable local es que, en un escenario tan complejo como el de Madre de Dios, un decisor que no conozca el detalle del terreno, o que se encuentre a miles de kilómetros del “teatro de operaciones” tiene altas posibilidades de generar “daños colaterales”. Habría que hacer por ejemplo una evaluación de las formas en que las acciones de interdicción alteran espacios de negociación local que se han venido construyendo para resolver conflictos entre mineros y usuarios del bosque. Aun cuando dichas acciones se hacen en cumplimiento de la Ley, los efectos posteriores a las mismas pueden traer más perjuicio que beneficio a los intentos locales para establecer, por ejemplo, consensos mínimos para la resolución de conflictos. También ha pasado que algunas acciones de interdicción han generado movimiento de mineros ilegales sobre áreas colindantes, previamente exentas de minería ilegal, generando nuevas presiones y conflictos sobre áreas contiguas.

Estos daños colaterales pueden ser adversos y contrarios a los propósitos mismos de las políticas de ordenamiento de la minería informal y por tanto de ordenamiento del bosque en general, sobre todo cuando las mismas no diferencian adecuadamente a los actores en el terreno. Por eso, estas políticas necesitan de aliados locales para poder “distinguir el trigo de la paja”. Esto es lo que algunos llaman control local del territorio y su importancia radica no solo en la mayor efectividad de las decisiones, cuando estas tienen un sistema de información descentralizado (uno que permita por ejemplo tener alertas tempranas sobre la presencia de mineros ilegales), sino también con la voluntad de un Estado democrático por fortalecer los vínculos y la coordinación entre espacios locales y nacionales de decisión; sobre todo cuando las tensiones posteriores a las acciones de interdicción las tienen que resolver los propios ciudadanos y sus autoridades locales.

La interdicción y la persecución efectiva de la minería ilegal y sus delitos conexos son una pata fundamental en la mesa del ordenamiento de la minería informal, pero no son las únicas. Esta mesa necesita también del empoderamiento local para mejorar el control sobre el territorio. Esto implica, entre otras cosas, tomar en cuenta la institucionalidad local y forjar relaciones de cooperación con actores locales para fortalecer aquellas iniciativas que surgen desde la propia ciudadanía para detener el avance de actividades como la minería ilegal. En un contexto en el que la minería ilegal ofrece incentivos muy fuertes a segmentos de la población y corrompe a autoridades, la colaboración con actores locales es primordial.

Idealmente deberíamos pensar y aspirar a un futuro en el que las comunidades directamente vinculadas a espacios con alto valor de biodiversidad tengan un rol protagónico sobre el control de los mismos, respaldados por la presencia efectiva de un aparato estatal que provea de acceso oportuno a seguridad y justicia. En el caso de las Áreas Naturales Protegidas, los Comités de Gestión pueden ser un aliado local importante para lograr los propósitos de aquellos espacios relevantes para la conservación de nuestra biodiversidad. En ese sentido, urge hacer un mapeo de los actores locales ubicados en torno a aquellas áreas naturales protegidas en cuyas proximidades ya se ha detectado presencia de minería ilegal. En estos espacios se debería iniciar un trabajo de fortalecimiento de los comités de gestión y de empoderamiento de otros actores locales relevantes, en coordinación con las autoridades regionales y el SERNANP. Este tipo de acciones, junto con las previstas en el Plan Nacional de interdicción, pueden darnos más posibilidades de responder de manera más inmediata al avance de la minería ilegal.