Foto: Ministerio Público

• Líderes indígenas y representantes de organizaciones defensoras de derechos de cinco países de América Latina presentaron informes y testimonios sobre el flagelo de la minería ilegal ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a un grupo de líderes indígenas y organizaciones defensoras de derechos de Perú, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Venezuela para escuchar testimonios, experiencias e investigaciones sobre los impactos de la minería ilegal en sus países.

En la audiencia, todos coincidieron en la existencia de gobiernos que flexibilizan leyes o avalan el desarrollo de una minería sin respeto a los derechos ambientales o humanos, que, aunque es reconocida como legal o formal por sus características, está muy vinculada a la ilegalidad y criminalidad. Entre las razones identificaron la falta de institucionalidad ambiental, la corrupción y los regímenes dictatoriales.

“En Bolivia la comercialización del oro se ha convertido en la principal fuente de ingresos económicos en el país, lo que ha llevado a un aumento de la influencia de los sectores vinculados a esta, especialmente los cooperativistas. Hay que destacar que la diferencia entre la minería cooperativizada e ilegal es tenue. Aunque la primera no se cataloga como ilegal no cumple con las condiciones necesarias. Esto ha generado que Bolivia se convierta en el principal importador de mercurio a nivel internacional”, explicó Franco Albarracín, abogado del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

Minería ilegal en Perú

El abogado boliviano también reconoció que parte del mercurio importado por Bolivia termina siendo enviado a otros países de la región para ser usado en la minería ilegal. En su intervención, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), acotó que Perú sería uno de los países que recibe el mercurio de Bolivia. Asimismo, resaltó la destrucción ambiental que trae consigo esta actividad, justamente a causa del uso de mercurio y la deforestación.

“Madre de Dios es conocida como la capital de la biodiversidad, pero en los últimos años también como la capital de la minería ilegal. La región está llena de mineros ilegales, de corrupción, sicariato y diversos crímenes se van enfrentando en torno al negociado de oro”, indicó.

Baldovino también explicó que los procesos de formalización de mineros ilegales en Perú, específicamente en Madre de Dios, no aseguraban que la actividad cambie de condiciones y se realice sin mayores daños ambientales. “En Madre de Dios se ha iniciado un proceso de formalización de la minería ilegal. Se han formalizado más de 300 mineros, pero se han deforestado más de 19 mil hectáreas de bosques”, concluyó.

Esta deforestación y pérdida de biodiversidad estaría incluso afectando áreas naturales protegidas. “En Perú hay 17 áreas naturales protegidas afectadas por la minería ilegal. Estos problemas a nivel del territorio nos generan conflictos socioambientales que afectan nuestras vidas y la conservación de nuestros bosques”, indicó Walter Quertehuari, del pueblo harakbut de Madre de Dios y representante de ECA Amarakaeri.

El líder indígena explicó también que la salud de sus hermanos estaría afectada por esta actividad, pues señaló que se contaminan sus aguas y peces, que son “el principal alimento de sus comunidades. Es un 41% de la población de Madre de Dios afectada por la contaminación por el mercurio”.

Políticas que favorecen la minería

En la audiencia, los participantes resaltaron el apoyo de algunos gobiernos a la actividad minera, como el caso del régimen de Ortega Murillo, en Nicaragua, o de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Sobre este último, trascendió el caso del Arco Minero, en el cual se implementa un modelo de negocio en base a un decreto que señalaron como “ilegal” y que permite “la minería criminal e ilegal, que viola los derechos de indígenas, los derechos humanos de los mineros y los derechos ambientales. Nicolás Maduro se ha asociado con guerrillas colombianas, organizaciones criminales trasnacionales y bandas criminales nacionales para operar y controlar la minería en el sur de Venezuela”, advirtió Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco.

Una situación similar describió Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación del río, de Nicaragua. “El régimen de Ortega Murillo es el que más concesiones mineras ha otorgado, al menos 114 desde el 2007. El 23% del territorio del país está destinado a la actividad minera. Desde el fomento de la minería industrial, el avance de la minería ilegal continúa. La minería ilegal representa un 30% del oro exportado del país”.

Piden atención internacional de esta problemática

“Estamos aquí para reflexionar sobre qué están haciendo y dejando de hacer los países en las Américas para combatir este crimen que avasalla nuestra selva y mata a nuestros familiares tan violentamente. La presencia de la minería ilegal destruye la selva, ensucia nuestros ríos con mercurio, ahuyenta nuestra caza, afectan directamente la supervivencia económica y cultural de nuestros familiares. La minería ilegal es responsable de introducir armas de fuego, drogas y bebidas alcohólicas en nuestros territorios”, recordó Mauricio Ye´kwana, director de la Hutukara Asociación Yanomami, de Brasil.

En este sentido, los representantes de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Venezuela finalizaron sus intervenciones solicitando a la CIDH la elaboración de un informe regional sobre el impacto de la minería ilegal en los derechos humanos, que maximice cada una de sus facultades para abordar las violaciones de derechos humanos provocadas por la minería ilegal en el continente; que inste a los Estados de la región que no han ratificado el Convenio de Minamata sobre el Mercurio que lo hagan a la brevedad; entre otros puntos para una lucha internacional contra la minería ilegal por el bien de los derechos humanos de los pueblos de América Latina.