Minería ilegal está provocando una “crisis ambiental y social”, afirman líderes indígenas

martes 1 de octubre, 2024

Foto: SPDA

  • Dirigentes indígenas de varias regiones invocaron mayores acciones para detener la minería ilegal que depreda bosques, contamina ríos y pone en peligro la salud y la vida de las poblaciones más vulnerables.

 

Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y los Gobiernos Regionales Autónomos (GTA), la minería ilegal en el país ya alcanzó niveles críticos y está causando una “crisis ambiental y social” en casi todo el territorio. Por ello, resaltaron que ya es hora de “articular estrategias desde las autonomías indígenas para defender sus territorios ancestrales y exigir acciones concretas por parte del Estado peruano”.

En conferencia de prensa, a la que denominaron “Defensa de la Amazonía ante el infierno minero”, representantes indígenas de diversas regiones del país expusieron los impactos de la minería ilegal sobre la biodiversidad y la salud de la población, y resaltaron los peligros al que se exponen los que se atreven a denunciar y enfrentar el avance de esta actividad.

Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, manifestó que “estamos ante una situación insostenible respecto al avance de las actividades extractivas, que afectan no solamente la biodiversidad, sino también la vida, la cultura, contaminando las principales fuentes de subsistencia de los pueblos. Es bastante preocupante la situación en la que viven los pueblos indígenas”

Foto: Jaime Tranca / Actualidad Ambiental

Además de hacer un llamado al Ejecutivo y el Congreso para fortalecer la lucha contra esta actividad, el apu Pérez también invocó a la comunidad internacional para que exhorte al Gobierno peruano, a través de la diplomacia, a cumplir con “el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales”.

Asimismo, señaló que si bien la región Madre de Dios era la región más afectada por la minería ilegal, esta actividad ya se expandió a otras regiones como Amazonas, Cajamarca y Loreto, donde la contaminación de la naturaleza y los conflictos sociales entre mineros e indígenas se han incrementado.

Gil Inoach Shawit, representante del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) explicó que, en los últimos años, la minería ilegal se ha expandido en el norte peruano, por ejemplo en el Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas), frontera con Ecuador.

“Tenemos en el territorio awajún cuatro focos críticos: la cordillera del Cóndor, El Tambo, el río Bajo Santiago, y Saramiriza. Estos cuatro puntos deben ser intervenidos sosteniblemente por el Estado para erradicar definitivamente la presencia de minería ilegal porque está sucediendo una grave contaminación al medio ambiente. La Amazonía está siendo invadida por la minería ilegal, esta siendo devastada, pero el Estado es muy pasivo, está destinando 80 millones de soles para interdicciones, pero para represiones sociales está destinando más de 700 millones”, destacó el líder awajún, quien además solicitó la instalación de puestos policiales en puntos claves por donde se movilizan los mineros, el combustible y las herramientas usadas para esta actividad.

Minería ilegal en la cordillera del Cóndor (Amazonas). Foto: Andina

Por su parte, Tabea Casique, secretaria de Aidesep, remarcó que la minería ilegal impacta sobre los territorios y los medios de vida de las poblaciones indígenas, especialmente el agua que consumen de los ríos y quebradas. Asimismo, criticó al Congreso por emitir leyes que aprueban la extensión del proceso de formalización.

“En la Amazonía no debe haber minería. Estas leyes atentatorias afectan a nuestras comunidades. Pedimos al Gobierno la suspensión del proceso de formalización porque [en este proceso] no hemos sido consultados como pueblos indígenas”, indicó.

En su intervención, el presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), dijo que “estamos en una situación de verdad insostenible. Fenamad tiene 38 comunidades nativas, y en 11 de ellas hay una cuadriculación de concesiones mientras o derechos mineros dentro de sus territorios. Algunos en un 100%”.

Elaine Shajian, presidenta de Corpi San Lorenzo consideró que el Estado actúa como el “enemigo” al aprobar normas como la “Ley Antiforestal” y otras normas relacionadas a la impunidad y que atentan contra los pueblos indígenas.

“Al enfrentar estos problemas [la minería y otras actividades ilegales], somos asesinados. Los grandes líderes que han salido a defender y vienen defendiendo, han tenido amenazas. Para nosotros es preocupante, como mujeres también venimos enfrentando estas amenazas. […] Muy poco es el accionar del Estado para defender y proteger a los líderes. Esperemos que no aparezcan más asesinatos de los líderes que hoy expresan sus voces en estos espacios”, señaló la lideresa indígena.

Finalmente, José Manuyama, presidente del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, resaltó que la capital loretana es la primea gran ciudad del país que es afectada por los impactos de la minería ilegal debido al impacto que está causando la proliferación de dragas en el río Nanay, el cual abastece de agua a unas 500 mil personas.

Cabe resaltar que, en Loreto, hasta el 2023 se identificó la presencia de dragas hasta en 11 ríos. En el 2024, aumentó a 12. Además, se registró la presencia de esta actividad en áreas protegidas como el Parque Nacional Yaguas, así como en las zonas de amortiguamiento de las reservas nacionales Allpahuayo Mishana y Pacaya Samiria.

“El 15% de peces que consume Iquitos proviene del Nanay. Este río que es tan importante para todos está siendo hoy usado por lo mineros, quienes botan toneladas de mercurio desde ya varios años atrás”, dijo Manuyama.

Asimismo, resaltó que pese a las reiteradas denuncias ante las autoridades y masivas marchas ciudadanas que rechazan el incremento de esta actividad, las autoridades aún no han actuado. “En vez de disminuir [la minería] empieza a incrementarse, como ya sucede en varias partes del país. Antes había pequedragas, ahora hay embarcaciones con motores mucho más grandes. Esto es inconcebible, es un escándalo, y no puede continuar así”.

“Si la Amazonía desaparece va a afectarnos a todos. La Costa y la sierra se quedarán sin agua, los bosques son la fábrica del agua de todos. Es momento de unirnos, de rescatar la Amazonía y de esa manera también ayudamos a evitar el colapso por el cambio climático. La Amazonía ocupa un lugar importante y merece que todos los sectores del país se unan para lograr un mejor mañana”, concluyó.

 

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