El siguiente reportaje muestra un panorama actual de Madre de Dios, región que desde el 19 de enero experimenta la intervención de las Fuerzas Armadas debido al estado de emergencia que decretó el Gobierno en cuatro distritos de la provincia de Tambopata, lugares donde la minería ilegal había tomado el control. Asimismo, recoge las impresiones de diversos especialistas sobre esta intervención del Estado para erradicar la minería ilegal y sobre las tareas de remediación que se debería realizar sobre la zona afectada con la ayuda de la población y de reconocidos expertos que ya trabajan en estos temas en Madre de Dios.

 

Escribe Guillermo Reaño, enviado especial

 

Sábado 2 de marzo, 4 p.m. Cientos de personas –hombres, mujeres y niños– rodean la Plaza de Armas de Puerto Maldonado, la misma que desde el 19 de febrero ha permanecido celosamente custodiada por los efectivos policiales llegados desde Lima para dar cumplimiento al DS 028-2019-PCM que suspende las garantías constitucionales en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, departamento Madre de Dios, e impone el estado de emergencia.

La orden del alto comando policial ha sido enfática: el decreto supremo que deja sin efecto por sesenta días los incisos 9, 11, 12 y 24 de la Constitución Política del Perú relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en los mencionados distritos debe cumplirse a rajatabla.

La situación es de extrema tensión. Un policía con rostro adusto intercambia palabras con un civil que porta unos globos en la mano. A su lado una mujer de rasgos andinos sostiene sobre su regazo a una criatura balbuceante.

De pronto, sorpresivamente, un piquete de obreros retira la malla de plástico que otros trabajadores levantaron meses atrás para cubrir los contornos de la histórica plaza durante el tiempo que había de durar los trabajos de remodelación que terminan el día de hoy.

La multitud, entonces, ganada por el impulso, se desborda e ingresa a toda prisa al área pública. La toma, literalmente, por asalto.

La alegría estalla para convertir en protagonistas de un día especial a los pobladores que han llegado de todas partes, incluso de la convulsionada zona de La Pampa, y a policías.

En Puerto Maldonado, estado de emergencia de por medio, el fin de semana que pasó será recordado por su población como el de la recuperación del principal espacio citadino de la bullente ciudad al lado de los ríos Madre de Dios y Tambopata. Qué importa que la municipalidad provincial haya suspendido los carnavales de este año.

El sábado y el domingo 3 de marzo la plaza central de Puerto Maldonado y las calles aledañas se convirtieron en un carnaval. El dios Momo había vuelto.

[Madre de Dios: 1200 policías y 300 militares realizarán operativos contra minería ilegal]

¿Estado de emergencia? ¿Dónde?

“Aquí no se siente la intervención estatal”, comenta Manolo Ponce de León, limeño, propietario de una de las principales heladerías de la ciudad. “Pese a lo que dicen los medios de comunicación, esta ciudad no vive de la minería: en Puerto Maldonado la vida se organiza en torno a los servicios y el negocio de la madera. La minería envuelve a Mazuko y a las localidades cercanas a La Pampa y al llamado corredor minero. En Puerto Maldonado, en cambio, se vive de la madera”, agrega.

Curioso, para un periodista llegado desde Lima, las verdades que se hacen vox populi durante el día a día se trocan en fake news si se escarba un poquito más.

Francisco Román es uno de los peruanos que más sabe de restauración ecológica en zonas altamente degradadas por acción humana. Desde el año 2016 es uno de los directores del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una institución que viene trabajando en remediación ambiental con mineros y autoridades municipales de seis distritos del departamento de Cusco y Madre de Dios, tres de los cuales han sido intervenidos –“interdictados” en la jerga local– en el marco de la Operación Mercurio 2019: Inambari, Laberinto y Tambopata.

Román y el equipo compuesto por técnicos de la región que dirige se han venido batiendo en los últimos años para desarrollar un modelo de intervención que pueda solucionar, ambientalmente hablando, el problema que la minería a la mala ha causado en la región.

CINCIA estima que son 80 mil hectáreas las que se han perdido en todo Madre de Dios debido a la actividad minera. Solo en el área de La Pampa la destrucción alcanza, según las cifras que se han manejado estos días, once mil hectáreas.

Las parcelas demostrativas que han instalado en un arco geográfico -que va desde el distrito de Quince Mil, en el Cusco, hasta las periferias de la ciudad de Puerto Maldonado-, los laboratorios de mercurio y biocarbón, los drones que monitorean desde el cielo el trabajo que se realiza y los invernaderos de alta tecnología que implementaron con el apoyo del municipio de Inambari, dan cuenta de su empeño y de los logros que ha alcanzado CINCIA trabajando de consuno con la población.

En el año 2016, Francisco Román obtuvo el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg por sus investigaciones en forestación con especies nativas después de la minería del oro informal en Madre de Dios.

Curioso, hasta el día de hoy Francisco Román no ha sido convocado oficialmente por las autoridades del Gobierno, tampoco por el Gobierno Regional, para conocer sus impresiones sobre lo que se debería hacer en La Pampa. Experticia le sobra. Hasta la fecha CINCIA, su institución, no participa en la implementación del Plan integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios que el Gobierno -14 ministerios según la ministra del ambiente Fabiola Muñoz- trajo desde Lima.

Le pregunto por aquello, he llegado a su oficina en uno de los bordes del barrio de Pueblo Viejo, con seguridad el más antiguo de la ciudad. “No lo sé, me imagino que nos llamarán más adelante. Si no se toman en consideración las opiniones de los técnicos y autoridades de la región se corre el riesgo de cometer los mismos errores que se cometieron en las interdicciones anteriores. Sin la gente es difícil avanzar”, nos dice.

¿Se puede restaurar la zona que se ha intervenido?, le pregunto. “Claro que sí, el municipio de Inambari tiene un proyecto para reforestación, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de 19 millones de soles. Hace tres años que está dando botes en las oficinas públicas. Solo ese proyecto podría dar trabajo a muchísimas personas. (…) Calculo que unos ocho mil jornales”, responde.

El presidente Martín Vizcarra visitó la zona cero el viernes 22. Un día antes el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado había hecho público un pronunciamiento que saludaba la intervención del Gobierno central al mismo tiempo que exigía a las autoridades a cargo del operativo la necesaria vigilancia “para que las intervenciones que se realizan en La Pampa no provoquen que el mal que se extirpa siga infectando otras zonas protegidas como la Reserva Comunal Amarakaeri, tierras agrícolas o territorios de Comunidades Nativas”.

El presidente Vizcarra, desde el auditorio de la Sexta Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, acantonada en Puerto Maldonado, fue enfático ese día: “Hemos venido a quedarnos. El Estado peruano ha tomado una decisión que debió tomarse hace mucho tiempo. Esta es una decisión irreversible. No nos vamos a quedar para hacer la interdicción y luego retirarnos. Aquí hemos venido a impulsar el desarrollo de la región, no solo se trata de actuar con energía, se trata también de concertar con las autoridades locales y regionales para generar desarrollo alternativo».

El presidente aprovechó la oportunidad para entregarle simbólicamente a doña Benedicta Arcayo, propietaria de la empresa minera Nueva Fe, los documentos que dan por terminado, exitosamente, su proceso de formalización. Acompañaron al mandatario durante su visita relámpago a Madre de Dios los titulares de los ministerios del Interior, Ambiente, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Energía y Minas.

Ese día Martín Vizcarra anunció la convocatoria “en el más breve tiempo a una reunión de trabajo donde estén presentes el gobernador regional de Madre de Dios y los alcaldes locales para establecer un plan de desarrollo regional, con medidas concretas que posibiliten el desarrollo».  Más aplausos de los invitados a la conferencia de prensa.

¿Participó usted en la reunión que el presidente Vizcarra convocó en el fuerte Pachacútec?, le pregunto a Wuilton Camala, alcalde del distrito de Inambari, el municipio donde se asienta la archimencionada zona de La Pampa. El burgomaestre me recibe en Mazuko, la capital distrital donde el día anterior unos 500 manifestantes, todos vecinos de La Pampa, rodearon el local de la municipalidad exigiendo ser escuchados. El propio alcalde tuvo que calmarlos para evitar que sus reclamos pasaran a mayores.

“No hemos sido consultados, en los casi dos meses de gestión no hemos recibido oficio o documento alguno para coordinar acciones. Nosotros conocemos mejor que nadie la problemática del distrito, vivimos aquí, podemos dar ideas. Pudimos haber aportado datos estadísticos sobre cuánta gente hay allí, cuántos puestos de trabajo se generan, incluso información sobre remediación ambiental”, responde con enfado.

Para Camala Lisarazo, militante de Alianza para el Progreso (APP), el partido político del gobernador regional Luis Hidalgo Okimura, la intervención debió ser gradual para no afectar la economía del distrito, dependiente en extremo de la minería y el movimiento económico que se genera en La Pampa. “En esa zona viven 35 mil personas, en sus asentamientos humanos y comercios se mueve el 80% de la economía regional. Estamos hablando de un territorio donde se realizan actividades mineras, comerciales y también agrícolas. La interdicción, los bombardeos, están afectando a miles de pobladores de Inambari. La minería ilegal tiene que parar, me dijo, pero atendiendo el problema económico y social que ha provocado la intervención”, señala.

“¿Queremos recuperar esa área como era antes o queremos convertirla en una zona productiva?”, se preguntaba en voz alta una enérgica Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, el día que se dio inicio al operativo Mercurio 2019.

Le traslado la pregunta a Tatiana Espinoza, ingeniera forestal radicada desde hace muchos años en Puerto Maldonado y directora ejecutiva de Arbio Perú, una institución que promueve la forestería análoga, una herramienta de restauración ecológica que genera desarrollo productivo respetando la vocación primigenia de los bosques y trabajando con la gente. Escuchándola.

Tatiana, titular de una icónica concesión forestal de 916 hectáreas, donde se protegen cientos de shihuahuacos (Dipterix micrantha), los árboles más antiguos y emblemáticos de la Amazonía sur peruana, se queda callada un momento y luego me dice que si por ella fuera zonificaría el área que se ha intervenido para que sea utilizada en diferentes actividades: reforestación, forestación análoga y también, cómo no, para que el bosque se recupere de a poquitos y se logren restaurar los corredores biológicos que se necesitan para el intercambio genético de las especies silvestres entre el Parque Nacional Manu y la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene.

“El principal problema de estas intervenciones es el cortoplacismo, el apuro. Como se tiene que andar con prisa no se toma en cuenta el sistema agroecológico que se debe implementar y de pronto se instauran los monocultivos e ingresan con las mismas los combustibles fósiles, los agroquímicos y los pesticidas. Más de lo mismo”, refiere.

¿Quién debería liderar la intervención?, ¿el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), como se desprende del resumen ejecutivo del poco divulgado Plan Integral de 187 páginas elaborado por el gobierno central? Ella responde: “El Sernanp no es una dependencia productiva, de repente el propio Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) o el propio Ministerio de la Producción”. Le suelto de sopetón la pregunta que tenía guardada: ¿Existen capacidades en la región para liderar la reconversión productiva que quiere llevar adelante el Gobierno?

“Por supuesto que sí. Desde hace buen tiempo trabajan en el departamento en programas de restauración ecológica CINCIA, nosotros, Arbio Perú, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), la Asociación de Agricultura Ecológica de Madre de Dios – Perú”, responde.

El modelo existe. Capital humano regional, también

Tatiana Espinosa obtuvo el año pasado el premio Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award que otorga la IRF (International Ranger Federation) y The Thin Green Line Foundation a la persona que, pese a enfrentar obstáculos, logra concretar acciones de conservación para proteger áreas y especies amenazadas. Hasta la fecha, sin embargo, la ingeniera Espinosa tampoco ha sido convocada por el Ejecutivo para sumarse a la tarea.

Carlos Castañeda es un viejo baquiano de la conservación en la región. Con él he recorrido el río Las Piedras y a él suelo buscar para consultarle todo tipo de asuntos peliagudos. Ingeniero forestal y responsable del programa de drones con el que Conservación Amazónica ACCA monitorea el estado de conservación de los predios de los castañeros de la Asociación de Concesionarios Forestales Maderables y no Maderables del Manu y Tambopata (ACOMAT). Él me recibe en su oficina muy cerca al puente Billinghurst.

“Interesante lo que se propone, pero antes de cualquier revolución productiva debemos resolver el problema de la sobre posición de derechos de uso de la tierra. La región creció demográficamente a un ritmo inusitado como consecuencia de la minería y el desorden crónico en el otorgamiento de títulos habilitantes”, me dice en tono conciliador.

“Sin un catastro de propiedad unificado y una línea de base social muy bien elaborada no se puede avanzar, yo comenzaría por allí”, continúa.

Luego, añade, hay que saber a ciencia cierta dónde se va a impulsar el recambio productivo. “¿Se está pensando en utilizar predios agrícolas en la zona de amortiguamiento o solo se va a trabajar en las zonas de producción forestal que fueron dañadas severamente por la minería ilegal?”, me dice y sonríe.

El problema a enfrentar no es de fácil solución. El especialista de ACCA, vecino de Puerto Maldonado desde el 2003, considera que es la producción primaria la que se debería incentivar en La Pampa y en las zonas permitidas. “Alimentos de pan llevar, hortalizas, tenemos que desarrollar una agricultura que genere consumo interno: maíz, piña, yuca, arroz, seguro que también papaya con todos los problemas que acarrea este producto, tomates, zanahorias… Y hacerlo sabiendo que los jornales que la minería producía estaban inflados”, me explica.

Le suelto la última pregunta: ¿quién debería liderar la estrategia a desarrollar? Responde: “El Minagri y el Minam, recuerda que hay que mirar el mercado y respetar la normatividad vigente: se trata de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. (…) Eso sí, si no se conversa con las autoridades y con las instituciones científicas no vamos a llegar a buen puerto, nos volveremos a quedar con un manojo de medidas que responden a una mirada centralista de un problema complejo”.

Manos a la obra

Entre el año 2013 y 2016, se realizaron 109 acciones de interdicción en la zona, según Aramís Castro del portal Ojo-Público, con un presupuesto estimado en 93 millones de soles. Sin embargo, la minería ilegal no se detuvo. En ese mismo tiempo, la minería destruyó en Madre de Dios 30 500 hectáreas de bosques.

Digamos que los datos, la “mera estadística” para hablar en tono futbolero, no juega a favor del Gobierno central.

En la ciudad de Puerto Maldonado, también en Mazuko, capital política del distrito de Inambari y el criminalizado sector de La Pampa, las dudas sobre la eficacia del operativo Mercurio 2019, más allá del magnífico operativo mediático puesto en marcha por el Ejecutivo, persisten.

Sin embargo, el optimismo continúa. France Cabanillas, especialista en restauración ambiental, resumió muy bien el sentimiento general en sus redes sociales: “Soy optimista y espero que la estrategia que se ha empezado a implementar mejore. Noto que hay muy buena disposición de las autoridades de Madre de Dios en escuchar a su gente, hace tiempo que no pasaba eso”.

¿Y usted que opina, le pregunto a la señora que no deja de tomarse fotos a un lado de la renovada plaza de armas? “Aquí el problema es la delincuencia, señor periodista, los ladrones se han enseñoreado de las calles, a toda hora se producen asaltos. ¿La minería ilegal? No sé, ese es otro tema”, responde.