El último informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Gestión del Estado frente a la minería ilegal e informal en el Perú: Supervisión a la implementación de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley N° 29815 ” presenta una radiografía actual del proceso de formalización de los mineros ilegales e informales del país. Una de las novedades es el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso.

Este registro es importante porque, según  la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la extracción ilegal de oro supera anualmente los 18 mil kilogramos, cuyo valor sería más de S/. 2 mil 200 millones, lo que representa en impuestos dejados de pagar al fisco más de S/. 500 millones, alrededor de 0,1 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. Es por eso que la Defensoría del Pueblo considera que el proceso de formalización es urgente y en el camino el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de las personas en el marco de los procesos de interdicción, persecución penal, formalización y remediación de las zonas afectadas por esta actividad.

Este informe también señala que la minería informal en el país se ha extendido por  21 regiones, que genera trabajos directos para cerca de 100 mil personas y que existen más de 50 mil mineros ilegales que están camino a la formalización.

Sin embargo, como resalta la Defensoría del Pueblo, la minería ilegal representa un problema sumamente complejo para el Estado, por los graves impactos ambientales, sociales, económicos y de seguridad que viene generando, así como afecta la gobernabilidad democrática del país al constituir escenarios de gran tensión social y de conflictos violentos -como los ocurridos en de Madre de Dios, que han ocasionado incluso la pérdida de vidas humanas-.

Por ello, el informe recomienda al Poder Ejecutivo garantizar que en el Presupuesto de la República asigne los recursos financieros que permitan la implementación de medidas destinadas a enfrentar la minería informal e ilegal en todo el territorio nacional.

Deficiencias ante el proceso de formalización minera

César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), tiene reparos ante las cifras de mineros ilegales en proceso de formalización porque considera que primero las autoridades o Direcciones Regionales de Minería deben hacer una evaluación de las diversas declaraciones de compromiso, para así sincerar el sistema y tener las cifras reales. Además, se requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas  le designe mayor presupuesto a los gobiernos regionales y a las autoridades en general responsables de concretar el proceso de formalización.

También precisó que son más de 50 mil mineros los que deben formalizarse, sobre todo en zonas de tan difícil acceso para la ley como por ejemplo la Zona de Exclusión Minera de Madre de Dios.

Pendientes de implementación:

• La Ventanilla Única, la cual debe ser implementada de manera conjunta por el SERNANP, el MINCU y la ANA. Se propone su creación como mecanismo de simplificación administrativa para agilizar los trámites de formalización, a través del cual se agrupan en una sola instancia los procedimientos administrativos que el ciudadano debe realizar ante distintas entidades del Estado.

• El Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal, así como por la Pequeña Minería y Minería Artesanal, de manera conjunta con el MINAM.

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