• Informe “Minería Ilegal de Oro: Impactos sobre los Derechos Humanos y la Biodiversidad en la Amazonía” revela los impactos de la minería ilegal de oro sobre los derechos humanos y la biodiversidad en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
• Investigación será presentada en el marco de la COP16 en Colombia, a fin de encontrar soluciones conjuntas para la protección de la Amazonía, territorios de pueblos indígenas y comunidades locales.

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“Minería Ilegal de Oro: Impactos sobre los Derechos Humanos y la Biodiversidad en la Amazonía – Seis países reportan” es el informe elaborado por organizaciones ambientales de diferentes países que expone cómo la minería ilegal ha incrementado en los últimos años, afectando a los pueblos indígenas y a los defensores ambientales de la cuenca amazónica.

La investigación, realizada en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, analiza las causas y consecuencias de la expansión de la minería ilegal, un problema que ha intensificado su presencia en áreas protegidas y territorios indígenas.

El informe destaca la deforestación, la contaminación de ríos con mercurio, y la pérdida de biodiversidad como los impactos más visibles. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupante es cómo esta actividad ilegal afecta los derechos humanos de las comunidades locales, quienes dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia.

Los pueblos indígenas, de acuerdo con la investigación, son desplazados de sus territorios ancestrales, enfrentan violencia y amenazas, y sufren graves problemas de salud a causa de la exposición al mercurio utilizado en la extracción de oro.

Además, el informe, elaborado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Fundación Pachamama (Ecuador), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación Gaia Amazonas (Colombia), Hutukara Associação Yanomami (Brasil), Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), People in Need (República Checa), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y SOSOrinoco (Venezuela), revela que la minería ilegal es a menudo alimentada por redes criminales organizadas que se aprovechan de la ausencia del Estado en muchas regiones de la Amazonía.

Esto permite que ejerzan control sobre los territorios y poniendo en riesgo a los defensores ambientales que luchan por proteger sus tierras.

El documento subraya la conexión entre la minería ilegal y la criminalidad organizada. Señala que muchas de estas operaciones cuentan con estructuras logísticas y financieras que escapan a la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Estas redes criminales no solo explotan los recursos naturales, sino que también trafican con insumos químicos como el mercurio, que es utilizado en el proceso de extracción de oro, pero que tiene un devastador efecto en los ecosistemas y las comunidades.

Otro de los hallazgos más relevantes del informe es la ausencia de un control estatal efectivo en vastas zonas de la Amazonía, lo que permite que las actividades ilegales prosperen sin ninguna regulación. Esta situación, combinada con la falta de políticas públicas sólidas y recursos para la implementación de leyes, genera un ambiente de impunidad en el que los actores ilegales continúan expandiendo sus operaciones, mientras los esfuerzos por proteger la biodiversidad y a los pueblos indígenas son insuficientes.

Asimismo, el informe enfatiza que los pueblos indígenas son los principales guardianes de la biodiversidad amazónica. A pesar de los enormes desafíos que enfrentan, estas comunidades juegan un rol crucial en la conservación de los territorios, debido a que su forma de vida está estrechamente vinculada con el uso sostenible de los recursos naturales. Por ello, el documento hace un llamado urgente a los gobiernos de los países amazónicos para que fortalezcan la participación de los pueblos indígenas en las decisiones sobre políticas ambientales, y para que se reconozca formalmente su rol en la preservación de los ecosistemas amazónicos.

Problemáticas causadas por la minería ilegal en Perú

Una de las conclusiones del informe dentro del territorio peruano es la falta de avances significativos en las investigaciones sobre delitos relacionados con la minería ilegal. De acuerdo con los datos recopilados, hasta 2023 se iniciaron más de 7200 investigaciones por delitos ambientales en todo el país. Sin embargo, el 60 % de ellas se encontraban en etapa preliminar, sin resultados concretos.

A pesar de que muchos casos apuntan a la participación de redes criminales organizadas, el informe señala que las investigaciones tienden a centrarse en pequeños mineros, sin llegar a las estructuras más grandes y complejas de crimen organizado.

Esta situación y sensación de impunidad perjudica a los defensores del ambiente, quienes enfrentan amenazas constantes al denunciar actividades mineras ilegales en sus territorios.

Por otro lado, la investigación revela el vínculo entre la minería ilegal y la corrupción en las regiones con mayor presencia de esta actividad ilícita. Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Puno, Amazonas y Cusco presentan los índices más altos de corrupción en el país. En algunas de estas regiones, la corrupción alcanza hasta el 79 %. Solo en Madre de Dios, durante el 2022, se identificaron más de 1088 operaciones ilegales.

Presentación en la COP16

El informe “Minería Ilegal de Oro: Impactos sobre los Derechos Humanos y la Biodiversidad en la Amazonía – Seis países reportan” fue presentado en el marco de la COP16, este lunes 21 de octubre en Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La presentación contó con la participación de Marcos Orellana, Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de Naciones Unidas. Además, estuvieron representantes de las organizaciones que elaboraron el documento.

Durante la presentación, se destacaron los efectos devastadores de la minería ilegal en la biodiversidad y los derechos humanos, así como las conexiones con el crimen organizado.

El miércoles 23 de octubre, se realizará, en la zona verde de la COP16, el evento Justicia ambiental: protegiendo y deteniendo la pérdida de la biodiversidad biológica en la Amazonía, el cual contará con la participación de representantes de pueblos y gobiernos indígenas afectados por la minería ilegal así como de Gaston Schulmeister, director del Departamento Contra la Delincuencia Organizada de la Organización de los Estados Americanos (OEA) .