Lenin Valencia. Foto: Jaime Tranca | SPDA

• Lenin Valencia, titular de la Dirección de Formalización Minera, explicó por qué se amplió el proceso de formalización hasta el 2021 y cuáles han sido los avances del Gobierno respecto a la lucha contra la minería ilegal e informal.

La minería informal e ilegal es un problema social que traspasa el ámbito ambiental. No solo puede contaminar ríos y suelos, sino también depredar hectáreas de bosques amazónicos y atraer otros males como la trata de personas, la delincuencia y la aparición de mafias organizadas.

En los últimos años, el Estado ha tratado de enfrentar este problema a través de diversos frentes: decretos legislativos, operativos de interdicción y fortalecimiento del proceso de formalización, sin embargo no se ha tenido mucho éxito.

Debido a estos antecedentes, desde el 2016, el Gobierno decidió enfrentar este problema fortaleciendo el proceso de formalización. Sumado a ello, a principios de este año, ejecutó un plan integral que incluía la intervención del Ejército y la Policía Nacional en zonas de emergencia como “La Pampa” (Madre de Dios), así como la participación de diversos sectores como el Ministerio de la Mujer (por el tema de trata), Ministerio de Economía y Finanzas (para asegurar el presupuesto), Ministerio de Energía y Minas (en temas de formalización minera), el Poder Judicial, entre otros.

A finales de octubre de este año se promulgó la Ley 31007, cuyo fin es ampliar el proceso de formalización hasta diciembre de 2021. Esta norma llamó la atención de algunos especialistas que consideran que dicha medida extendería y fomentaría la actividad ilegal en el país.

Para conocer las razones del Estado respecto a esta ampliación y los avances en la lucha contra la informalidad e ilegalidad, conversamos con Lenin Valencia, titular de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

¿Cuál es la justificación del Estado para ampliar el proceso de formalización?

En términos generales creo que la norma sí es positiva porque ayuda a resolver un problema de enfoque que se genera en el proceso de formalización a partir del 2016. En dicho año, se establece que los mineros que aspiraban a ingresar a este proceso tuviesen cinco a más años de antigüedad. Esto significaba que solo podían inscribirse al Registro Integral De Formalización Minera (Reinfo) aquellos que estaban desarrollando actividades mineras hasta el 2012. Los que desarrollaban minería del 2012 al 2016 no podían inscribirse en el registro. Esta norma resuelve este problema porque les permite inscribirse, pero establece que el Minem va a definir las condiciones de acceso y permanencia en este proceso. Esto nos va a permitir no repetir errores del 2012 o 2016. El error fue que el proceso era totalmente abierto y no había criterios para filtrar a las personas que entraban en el registro.

¿Cuántos mineros informales se han inscrito en este proceso?

El Reinfo agrupa aproximadamente a 54 mil registros. De esa cantidad no significa que por cada registro hay una persona, sino aglutinan entre 200 mil a 300 mil personas. El estimado que tenemos es que aquellos que se han quedado fuera del proceso de formalización llega aproximadamente a las 70 mil personas.

En febrero de este año se ejecutó la Operación Mercurio para enfrentar de manera frontal a la minería ilegal. Foto: Andina

Además de este requisito de los cinco años, ¿cuál ha sido el cuello de botella para que no se haya formalizado a muchos mineros?

Ha habido un avance fuerte desde 2016. Hasta ese año, la cifra de formalizados era aproximadamente de 114, y desde 2016 hasta la fecha hay más de 8 mil mineros formalizados. Eso ha sido posible porque el proceso se ha simplificado y se ha vuelto más eficiente en la presentación de los requisitos. Antes, para formalizarte, tenías que pasar del paso 1 al paso 2, y no podías avanzar al 3 si es que no cumplías el paso previo. Ahora, el minero puede presentar los requisitos de manera paralela y eso le ha dado mucha más flexibilidad al proceso y también se ha simplificado –en coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam) y otras entidades– instrumentos de gestión ambiental. Antes era el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (Igac) y ahora es el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom), que es mucho más simplificado y con menor costo. El Igac te podía costar entre 20 mil y 30 mil soles, mientras que un Igafom unos 4 mil o 5 mil soles.

De los 8 mil formalizados, ¿qué tipo de minería es la más común?

Principalmente es minería aurífera y minería metálica. Más del 90% de minería en vías de formalización en el Perú es principalmente metálica y centrada en el oro.

En cuanto a minería aluvial, ¿qué cifras maneja el Minem?

La principal cantidad está concentrada en la Amazonía. La estadística que nosotros tenemos es que del 100% de mineros en vías de formalización, solamente el 16% está en el ámbito amazónico. De ese 16%, más del 80% está entre Puno y Madre de Dios, esta última es la que tiene el porcentaje más alto. Ahí hemos roto una situación histórica del estancamiento en el proceso de formalización porque, por primera vez en su historia, Madre de Dios ya cuenta con 120 mineros formalizados. Hasta hace un año y medio era imposible pensar en la posibilidad de formalizar en esta región. Hemos demostrado que sí puede haber un proceso ordenado y estamos trabajando para que se pueda incrementar este número de manera significativa.

¿Qué regiones concentran el mayor número de mineros formalizados?

Las dos regiones que lideran el proceso son Puno y La Libertad, le sigue Arequipa. Esas regiones son además las que agrupan a la mayor cantidad de mineros en vías de formalización a nivel nacional.

¿Ampliar el proceso de formalización hasta el 2021 no es “patear” el problema para el siguiente Gobierno?

El Minem, desde el año pasado, ha estado trabajando con la Comisión de Energía y Minas del Congreso una nueva Ley Marco para la Pequeña Minería que trataba de abordar de manera integral los problemas que este sector arrastra desde el 2002. El Perú tiene una legislación bastante frondosa en términos de pequeña minería y minería artesanal, pero no necesariamente está articulada y no responde a las características que este sector tiene ahora. La pequeña minería de hoy no es la misma del 2012. No es que el Gobierno quiera “patear” el problema, al contrario. Yo creo que lo que necesitamos ahora es seguir trabajando en ese proyecto de ley que en algún momento se pensó para resolver los principales cuellos de botella. No es que el Estado esté pateando la solución para delante, sino está trabajando en una nueva ley que establezca y regule de manera eficiente el desarrollo de la actividad minería en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal.

¿Hay alguna fecha para presentar esta propuesta?

Esperamos retomar este proyecto de ley y tenerlo si es posible listo para que, cuando llegue el nuevo Congreso, lo pueda aprobar. Entonces, en términos de plazo, yo esperaría que para este año ya tengamos una propuesta definida porque ya había un borrador que ha recogido insumos importantes de asociaciones de mineros, de distintos ministerios que fueron convocados a la Comisión de Energía y Minas para poder dar sus aportes. A nosotros como ministerio nos corresponde ahora tomar la posta a ese trabajo y continuar con el desarrollo de este proyecto normativo.