En diciembre de 2018, el Ministerio del Ambiente (Minam), a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), inició el Diálogo de Políticas sobre Gobernanza del Agua (DPGA), una evaluación al país en términos de diseño e implementación de políticas, instrumentos económicos y marco regulatorio respecto al recurso hídrico, todo esto a través de un proceso participativo.

El desarrollo de esta evaluación se da en el marco de los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE y se trata de un proceso multiactor y multinivel conducido por el Minam en su calidad de ente rector de la Política Nacional del Ambiente.

El proceso participativo se inició con la primera misión que se viene desarrollando del 27 al 31 de mayo. En este contexto, entre los actores claves, gubernamentales y no gubernamentales, se encuentran los organismos de cooperación, los organismos internacionales, las ONG y distintas autoridades vinculadas al recurso hídrico. Destacan en esta evaluación la participación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), autoridades directamente vinculadas a la gestión del agua, entre otras más.

El Diálogo de Políticas sobre Gobernanza del Agua culminará con un Informe país y un plan de acción que incluirá propuestas de mejora para el corto, mediano y largo plazo en la gestión del recurso hídrico.

Las políticas del agua deben estar orientadas a fomentar un enfoque sistémico que responda a los cuatro riesgos: escasez, abundancia y contaminación del agua, así como la cobertura universal de prestación del servicio público de saneamiento.

[Ver además ► Fernando Momiy: “Cuando decimos ‘agua es vida’ tenemos que ir más allá del cliché y construir políticas públicas”]

Recordemos que la OCDE señaló que “los países deberían prepararse para los desastres relacionados con el agua mediante la inversión en la prevención y mitigación de los riesgos a través de la combinación de medidas estructurales de protección (es decir, medidas preventivas de ingeniería o de obras públicas que protejan activos, comunidades y que controlen la variabilidad de los fenómenos naturales, y reduzcan así la exposición a los riesgos), de medidas no estructurales de prevención y reducción de riesgos (entre ellas, y si procede, soluciones basadas en los ecosistemas y las infraestructuras naturales) y, cuando sea necesario, la provisión de incentivos y herramientas que fomenten las medidas privadas de autoprotección y desarrollo de resiliencia”.[1]

En el Perú existen varias iniciativas que promueven la inversión en alternativas sostenibles, enfocadas en la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas. Este tipo de inversiones contribuyen a mejorar las condiciones para la seguridad hídrica del país. Un ejemplo es el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, enfocado a escalar en la conservación, restauración, recuperación de técnicas ancestrales y el uso sostenible de los ecosistemas, con la finalidad de reducir riesgos hídricos como la sequía, las inundaciones y la contaminación del agua.

Dado que la infraestructura natural es fundamental para la gestión del riesgo hídrico en el país, es necesario considerar que los gobiernos regionales incrementen la asignación presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura natural. Así mismo, se requiere mejorar las capacidades de los funcionarios públicos para la elaboración de propuestas de inversión, así como la diversificación de los mecanismos de financiamiento, tanto públicos como privados, para promover las acciones enfocadas en infraestructura natural y asegurar la efectividad de sus beneficios, como abastecimiento, regulación y mejora de la calidad del agua.

 

 

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^[1] Recomendación del Consejo de la OCDE sobre el Agua. OCDE. Diciembre 2016. Página 11. (https://www.oecd.org/water/Recomendacion-del-Consejo-sobre-el-agua.pdf)