- Senado mexicano avaló por unanimidad este acuerdo que fortalece el acceso a la información, participación ciudadana y la protección de los defensores ambientales.
Ayer, el Senado mexicano respaldó con 66 votos, 0 en contra y 0 abstenciones, la ratificación del Acuerdo de Escazú, y se convirtió en el país número 11 para que el tratado internacional, firmado en el 2018, por fin pueda entrar en vigor.
Como se recuerda, el pasado 24 de setiembre, Argentina hizo lo mismo, y también con una votación unánime con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Con ello se esperaba que Perú, Colombia o Chile se conviertan en el país número 11, pero una campaña de desinformación retuvo el proceso.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, busca asegurar que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, con lo cual se contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, este acuerdo fortalece la protección a los defensores ambientales, quienes sufren constantes amenazas por defender la biodiversidad y sus territorios.
✅ El Senado ratificó el #AcuerdoDeEscazú.
Por unanimidad, con 66 votos, este Acuerdo firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, reconoce el desarrollo sostenible como un derecho.
Te compartimos el documento:https://t.co/yoInofl3HV pic.twitter.com/uFfuFyNFrR— Senado de México (@senadomexicano) November 6, 2020
En el Perú, luego de diversos sesiones que buscaban aclarar el tema a los legisladores para tomar una decisión informada, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República decidió archivar el acuerdo y este no pasó al al Pleno del para su debate y posible ratificación.
Los argumentos de los legisladores para no seguir el proceso de ratificación, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), fueron poco serios y nada sólidos. La supuesta pérdida soberanía, el “regalo” de la Amazonía, el atentado contra la inversión privada, fueron algunos argumentos de los que estaban en contra del acuerdo, pero estos fueron desmentidos en diversas ocasiones. Aún así, la mayoría de los legisladores de la mencionada comisión no cambió de opinión.
“Es lamentable que la Comisión de Relaciones Exteriores no haya mostrado un análisis objetivo, exhaustivo e imparcial en el dictamen, como amerita un estudio para sustentar la ratificación de un tratado que representa una oportunidad única para el Estado”, señaló la SPDA.
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