De acuerdo al diario Perú 21, el informe final de la comisión especial designada para investigar los sucesos de Bagua no encontró responsabilidad en la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, tras la muerte de nativos y policías en el intento de desalojo en la ‘Curva del diablo’.
Según esta información, en el documento, presentado el pasado lunes, no se ha establecido con claridad la responsabilidad de funcionarios del Ejecutivo en la tragedia.
Sí señaló hechos graves, omisiones e incumplimiento de funciones del alto mando de la Policía y de los oficiales que estuvieron a cargo del operativo de desalojo de la ‘Curva del Diablo’, que configuraron una serie de errores que desencadenaron la muerte de 24 policías y de 10 indígenas.
Justamente esa falta de convicción al momento de determinar las responsabilidades del Ejecutivo habría sido el motivo para que el presidente del grupo, Jesús Manacés, no firmara el documento final, según pudo conocer Perú.21.
El representante awajún recién lo haría este lunes, pues antes elaborará un texto planteando observaciones para establecer responsabilidades directas al más alto nivel del Gobierno, las mismas que anexará al informe de la comisión. Manacés se suma a la religiosa María Gómez, quien días atrás cuestionó el borrador de trabajo y adelantó que no lo firmaría.
El sacerdote Ricardo Álvarez rubricó el documento, pero lo hizo con dos hojas de observaciones, al parecer, similares a las que planteará Manacés.
SÍ FIRMARON. Quienes sí firmaron fueron los representantes del Ejecutivo, Pilar Mazzetti y Susana Pinilla –ex ministras del actual Gobierno–, y el representante de los gobiernos locales, Manuel Bernales. El informe final fue recibido el lunes por el Ministerio de Agricultura.
Más información:
+ Jesús Manasés, miembro de la comisión, afirmó que tiene «muchas razones» para rechazar informe de Bagua (El Comercio)
+ Informe Bagua genera desconfianza en las comunidades (CNR)
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Foto cortesía Andina
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«BAGUATAR” y la teoría del «Indio Permitido»
Carlos Alza Barco es Master en Regulación por The London School of Economics and Political Science. Estudió derecho en la PUCP. Ha realizado estudios en las Universidades de Harvard, Sevilla y San Petersburgo. Ha sido Director del Grupo de Trabajo para la Participación-GRUPAL. Se ha desempeñado como Defensor Adjunto para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Actualmente es profesor en la PUCP, UPC y UNMSM. Director-Gerente de PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible.
presentamos unos extractos de su
«BAGUATAR y la teoría del indio permitido»
….después de ver AVATAR, me preguntaba si nuestras autoridades tuvieron acceso al guión antes del denominado Baguazo. Por momentos tuve la sensación de que el Perú estuvo cargo del trailer de esta película al darle vida a casos como Bagua, Majaz, Río Corrientes, los problemas de superposición de lotes petroleros a áreas naturales protegidas, el problema con el Bahuaja Sonene, los Matsés, los Kugapakori Nahua, entre muchos otros casos que han devenido en conflictos socio-ambientales con violencia de por medio.
Según el Director de la película ….es un tema complejo, estructurado para cuestionar –si bien con cierta simpleza argumentativa y efectos especiales en color pastel– el conflicto entre culturas, entre modelos de desarrollo. La película expresa bien el ánimo desesperado por la inversión, y la brutalidad con la que se actúa frente a lo diverso y diferente. Por un lado, los indígenas buscando proteger su entorno, sus creencias, sus formas de vida, y por el otro, el mundo de occidente, desesperado por “extraer” mineral a costa de una masacre además depredadora de faunas y bosques. Imagino que es aquí donde cabe la frase “cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia”.
La película vista en paralelo con el caso Bagua tiene enormes similitudes. Un Estado cuyo modelo de desarrollo es básicamente extractivo de recursos naturales con tanto valor económico que justifican cualquier tipo de intervención. El “indígena” debe “moverse a otras tierras”
Un grupo de científicos creando avatares que se infiltran en el sistema para lograr el denominado “indio permitido”
Pero este filme pone sobre el tapete la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas que perviven en nuestro país y, en general, en nuestro planeta. Lo que ocurre en el Perú es sólo una expresión más de lo que viene ocurriendo en el mundo entero. Hace poco menos de dos meses estuve en Barcelona, en un Curso internacional sobre conflictos y pueblos indígenas. Me tocó exponer el caso peruano: “Bagua”. A los africanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos que allí nos dimos cita gracias a la invitación del System Staff College de las Naciones Unidas, nos cruzaba el mismo meridiano: pueblos indígenas avasallados por el sistema, por las reglas; procesos e instituciones construidos a partir de la monocultura de occidente, incapaz de ver sin otros lentes que los del crecimiento económico.
Uno de los temas interesantes en el taller fue recordar la teoría del “indio permitido”. AVATAR me recordó también esta teoría. En términos de Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, muchas veces las políticas buscan un determinado tipo de indígena, aquel que acepta sumiso las propuestas del sistema. Usa la palabra indio porque enfatiza claramente el desprecio con que los Estados miran al indígena (cfr. Richards, P.). El “indio permitido” es pues aquel que está aprobado y validado por el gobierno, que no cuestiona las políticas públicas, que no demanda más, es aquel… que acepta. En ese sentido, queda prohibido el “indio insurrecto”, es decir, aquel que no está de acuerdo con el sistema, aquel que “se opone al desarrollo”, el “perro del hortelano”, el “indígena terrorista” o “vinculado con los narcos”, aquel que será condenado y sometido por la fuerza. Como afirma Patricia Richards, es aquel que dice no voy a consentir tus políticas multiculturales que no tienen sustancia. Ese es el indio que el Estado niega, gasea y mata.
Los Achuar, Matsés, Nahuas o las comunidades en Huancabamba, todas ellas son aceptadas si están dispuestas a negociar educación intercultural bilingüe, salud intercultural, justicia y uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o desarrollo y crecimiento económico. Si no nos dan problemas. Pero algunas reclaman autonomía para la toma de decisiones, y en respeto de esta, poder negarse a aceptar actividades extractivas en su zona. Exigen no tanto acceder a servicios básicos típicos, sino la garantía de que cualquier actividad autorizada por el Estado no ponga en riesgo la vida de sus miembros, de sus hijos, padres y esposas/as. Es innegable que la compatibilidad de las actividades extractivas con otras como la agropecuaria, es posible hoy en día. ¿Qué se requiere? Un Estado regulador, fiscalizador y garante de los derechos de sus ciudadanos. Pero decidir parece estar negado a determinados grupos…..
Solemos pensar el desarrollo en términos nuestros. Sacrificando a los otros. No me cabe duda que detrás del problema de Bagua está una crisis entre los modelos de desarrollo existentes. Y no son pocos.
Leer original:
http://carlosalzabarco.wordpress.com/2009/12/20/avatar/
RECHAZO AL INFORME DE LOS HECHOS DE BAGUA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS SUCESOS DE BAGUA Y MONJA MIEMBRO DE LA COMISIÓN EN DESACUERDO CON EL INFORME FINAL FIRMADO POR EL RESTO DE MIEMBROS
INFORME FINAL NO RECOGE PLURALIDAD DE OPINIONES
MONJA CARMEN GÓMEZ FUE OBSTRUIDA EN ACCESO AL MISMO EN EVIDENTE ÁNIMO DE ANULAR SU OPINIÓN Y EVITAR QUE LA COMPARTA CON EL RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN INFORME FINAL REPITE LO ADELANTADO Y CRITICADO EN “LA PRIMERA VERSIÓN” DEL INFORME FINAL
NO SE PUEDE ADUCIR COMO IDEA CENTRAL QUE LA CAUSA DE LA PROTESTA FUE UNA MALA COMPRENSIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS DECRETOS DEBIDA A DISTORSIÓN DE LOS CONTENIDOS POR DIRIGENTES GREMIALES O POLÍTICOS, ONGs O MIEMBROS DE LA IGLESIA
1) La religiosa Carmen Gómez puso en aprietos pretensiones oficiliastas. 2) En la Curva del Diablo se produjo la peor operación policial de todos los tiempos y no hay responsables.
Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a juicio de muchos, entre los que se hallan dos de sus miembros, su presidente y una religiosa, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias. Los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. Aquí las 43 razones por las cuales los representantes de los nativos no firmaron el informe del Ejecutivo que limpia a los verdaderos responsables de la muerte de 34 peruanos en Bagua.
Aquí unos extractos del documento que el presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manacés, y la integrante de esta comisión, religiosa Carmen Gómez Calleja, entregaron el pasado sábado 27 de diciembre al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova Vélez, explicando las 43 razones por las que no están de acuerdo con el informe firmado por los otros miembros de la comisión.
Señor Ministro de Agricultura Adolfo de Córdova Vélez
Presente.-
Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:
1 En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen Gómez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisión y el cual -tal como se me comunicó oportunamente- había sido dejado desde el día 22 de diciembre del año en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los demás miembros de la CEI pudiéramos leerlo y decidir si lo suscribíamos o no. Fue sólo gracias a la gestión del Presidente de la Comisión que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.
2 En segundo lugar, era de esperarse que luego de las unánimes críticas que desató una primera versión del Informe, que fue de conocimiento público, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relación con las pruebas recopiladas por nuestra Comisión durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurrió.
3 Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias.
4 En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayoría de sus afirmaciones carece de una sustentación rigurosa, por más esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se están tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ningún correlato con lo recogido por la Comisión.
5 Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no “comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas.
Durante el tiempo de trabajo de la comisión se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados tenían distintos puntos de vista y no se llegó a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexión conjunta; de ahí nuestra insistencia en la ampliación del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son más complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opinión de algunos miembros de la comisión, pero la afirmación de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de indígenas u organizaciones representativas.
Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicación o explicación de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran número de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.
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LEER TODO EL DOCUMENTO DE RECHAZO AL INFORME FINAL DE LOS HECHOS DE BAGUA: http://peru.feeder.ww7.be/
Ex ministra Cabanillas sí conocía detalles del operativo en la Curva del Diablo
Servindi, 30 de diciembre, 2009.- Según las declaraciones del dirigente amazónico Salomón Awanash, registradas en el informe final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas “sí conocía” los detalles del fallido operativo de desalojo en la Curva del Diablo.
En las página 49 y 50 del controvertido informe, Awanash cita un diálogo sostenido con el general PNP Javier Uribe quien negoció con los manifestantes de la Curva del Diablo, informó la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
En dicha cita, Awanash asegura que “(Uribe) nos atendió (el 4 de junio) en la carretera de El Valor. De ahí conversamos (….) indicándome que ya tenía orden de desalojo sí o sí, de todas maneras, dijo que ya había orden, que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya había ordenado para el desalojo”.
Para ello, la comisión investigadora se basa en el memorándum múltiple Nº 711-2009-DIRGEN PNP de fecha de 3 de junio del 2009, dirigido al general PNP Luis Muguruza, director de la DIROES, donde se comunica que se hará cargo de las operaciones policiales como Comando Operativo.
Dicho memorándum señala que “deberá informar permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas, para conocimiento de este comando y la señora ministra del Interior, para la toma de decisiones”.