• Actualmente el caso de Ucayali es investigado por la Segunda Fiscalía en Materia Ambiental a cargo del fiscal Vladimir Rojas. En el caso de Loreto, se encuentra remitida a la FEMA Nauta por ser parte de su competencia.
• En ambos casos los fiscales ya han ido a los terrenos y levantado información. Tan solo en Ucayali existen, hasta el momento, 68 imputados.

 

Un reciente informe de MAAP muestra el avance de la deforestación en las colonias menonitas, grupo religioso dedicado a la agricultura, asentado en las zonas de Masisea (Ucayali) y Tierra Blanca (Loreto). Las actividades desarrolladas en la Amazonía peruana, según las imágenes mostradas, demostrarían la realización de un cambio de uso, impactando de manera ilícita el patrimonio forestal nacional, ya que estas colonias no contarían con la autorización respectiva.

De acuerdo con la legislación forestal y de fauna silvestre, no se pueden desarrollar actividades agrarias dentro de tierras de protección y tierras de aptitud forestal, con o sin cobertura vegetal. Solo pueden desarrollarse actividades agrarias en tierras aptas para cultivo en limpio y cultivo permanente. Pero para ello, se requiere una autorización de cambio de uso que previamente haya evaluado la viabilidad y establecido las medidas de prevención y mitigación respectiva[1].

Estas disposiciones son de aplicación tanto a área públicas como a áreas privadas, es decir, el título de propiedad agraria no tiene incorporado el derecho a retirar o destruir el patrimonio forestal de la Nación. Asimismo, según la normativa ambiental agraria, toda actividad económica debe contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado previamente, situación que también se habría desconocido en el presente caso.

Frente a esto, las autoridades investigan la pérdida de bosque en estos territorios que según las primeras indagaciones asciende a alrededor de 2800 hectáreas de bosques.

Desde el año pasado, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental presentó las denuncias respectivas ante las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali y Loreto, a fin de determinar las responsabilidades penales respecto de la pérdida de bosque en ambos territorios. El coordinador de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, Danilo Espinoza, cuenta que las denuncias se sustentaron en informes recogidos tanto del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) como de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).

Actualmente el caso de Ucayali es investigado por la Segunda Fiscalía en Materia Ambiental a cargo del fiscal Vladimir Rojas. En el caso de Loreto, la denuncia fue dirigida en un inicio a la FEMA Iquitos, sin embargo, luego fue remitida a la FEMA Nauta por ser parte de su competencia. “Ahí se explica un poco el por qué una investigación está más avanzada que la otra”, detalló Espinoza.

En ambos casos los fiscales ya han ido a los terrenos y levantado información. Tan solo en Ucayali existen, hasta el momento, 68 imputados. “En Ucayali ya existe una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público dirigida al juzgado pidiendo la prohibición de las actividades extractivas. En cambio, en Loreto está un poco más atrasado, igual se ha realizado la inspección y nos informan que en las próximas semanas se está sacando su disposición”, agregó Danilo Espinoza en conversación con Actualidad Ambiental.

Según la Fiscalía en el sector de Masisea (Ucayali) se habría deforestado entre los años 2016 y 2019 unas 894 hectáreas de bosques, y 12 hectáreas en el 2020. En Tierra Blanca (Loreto) el escenario es más alarmante, al depredarse aproximadamente 1435 hectáreas de bosques entre los años 2017 y 2019, y 506 hectáreas más entre el 2019 y 2020. Dando un total de más de 2800 hectáreas de bosques primarios arrasados en los últimos cinco años.

De acuerdo a un reciente reportaje de Mongabay Latam, tanto los gobiernos regionales de Ucayali y Loreto aseguran que las colonias menonitas no cuentan con “autorización de desbosque”.

“Se ha obtenido información de los gobiernos regionales y tenemos entendido que no hay aprobación de concesión a favor de ninguna. Por lo menos, a la fecha, no se ha otorgado ningún tipo de concesión”, precisó el representante de la Procuraduría. “Acá hay intereses fuertes. Estamos hablando de sumas fuertes y no se entiende de dónde sacaron sumas tan altas. En el transcurso de la investigación se determinará”, finalizó.

Al respecto, tal y como se ha indicado previamente, ambas colonias menonitas no solo habrían infringido la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por el Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI, sino también el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agricultura (aprobado por el Decreto Supremo 019-2012-AG).

Específicamente, las infracciones serían la realización del cambio de uso sin autorización y la realización de actividades agrarias sin contar con un instrumento de gestión ambiental, previo al inicio de cualquier actividad agraria. Ambas infracciones no solo generan responsabilidad penal, sino también administrativa, por lo que de acuerdo a la Ley Nº 29763, los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali, cuentan con las competencias necesarias para adoptar las medidas administrativas respectivas que permitirían incluso la paralización de las actividades por parte de ambas colonias.

El presente caso muestra la necesidad de no solo contar con información actualizada y analizada que permita enfrentar las amenazas contra nuestros bosques, sino también de que nuestro sistema legal cuente con mejores herramientas que permitan adoptar medidas preventivas oportunas que paralicen los impactos negativos generados por actividades ilegales.

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[1] Ver artículos 4º al 11º y los artículos 37º y 38º  de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.