Megantoni: Desafíos y oportunidades[1]

Marc Dourojeanni[2] / Profesor emérito de la Universidad Agraria de la Molina

 

Megantoni es el distrito más joven del Perú. Aún está cubierto por una selva casi intocada y la mayor parte de su población es indígena. Debido a que recibirá mucho dinero vía el canon por el gas de Camisea su futuro enfrentará la amenaza de ser gobernado por políticos oportunistas y de ser invadido y arrasado por agricultores, mineros y madereros ilegales. Pero, también tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de desarrollo sostenible donde sociedad y patrimonio natural conviven armoniosamente.

 

Megantoni es el nombre del más nuevo distrito peruano. Megantoni, en lengua Machiguenga, significa tierra de guacamayos. Es un distrito cusqueño que abarca  1 068 881 hectáreas de selva “casi virgen”, que es uno de los mayores repositorios mundiales de diversidad biológica. En el lugar habitan unos 8 000 indígenas de cuatro naciones, algunos de los cuales están en aislamiento voluntario. El distrito posee parte de dos áreas naturales protegidas y está rodeado por otras. Además posee una enorme reserva de hidrocarburos, incluyendo cuatro lotes de gas natural ya concedidos y en parte en producción. Megantoni es el distrito del Perú que recibirá más dinero, en forma de canon.

Si el preámbulo anterior no fuera suficiente para llamar la atención, puede sumarse que: Megantoni es codiciado por agricultores sin tierra -y con tierras- de Cusco, Puno y Arequipa. Asimismo, es visto con interés por madereros y mineros informales y, obviamente, por cultivadores de coca y por el narcotráfico que los fomenta. E, inútil es decirlo, es una “mina de oro” para todos los aprendices a políticos deshonestos que pululan en el país.

A pesar de esas y otras amenazas el nuevo distrito tiene, además, extraordinarias oportunidades que no solo permitirían evitar o mitigar las amenazas sino que pueden transformarlo en el primer lugar de la Amazonía peruana en la que los sueños de desarrollo sostenible pueden ser realidad. Es decir, un lugar donde el respeto a los usos y costumbres ancestrales y el mantenimiento del patrimonio natural y de los servicios ambientales se combinen armoniosamente con crecimiento económico y calidad de vida en un nivel deseable para la mayoría.

El contexto

En respuesta al pedido de las federaciones indígenas locales el gobierno del Presidente  Humala, en sus postrimerías, decidió proponer la creación de ese distrito en base a espacios que antes eran de Echarate[3]. Los indígenas reclamaban no recibir los beneficios del canon por el gas que eran usados por el distrito de Echarate que, según fue demostrado, fue por años un campeón nacional de malgasto de dinero y que nunca atendió debidamente las necesidades de la población nativa.

El área, por estar aislada, ha estado protegida contra la deforestación, estando cubierta de bosques poco intervenidos que almacenan una extraordinaria diversidad biológica que le ha valido ser reconocida como uno de los hotspots mundiales, lo que ha sido confirmado por una década de investigaciones científicas.

La mayoría de la población del distrito es indígena. Esa población aún conserva lo esencial de su cultura tradicional. Se trata de unas 8 000 personas, incluyendo unos 600 no contactados. Existen 19 comunidades nativas de cuatro etnias (Matsiguenga, Yine-yami, Kakinte y Asháninka) más una reserva territorial indígena (Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti) donde viven las etnias Kugapakori-Nanti y Nahua-Yora. Las comunidades están asociadas según sus etnias, cercanías y preferencias a tres federaciones nativas: la Central de Comunidades Nativas Machiguenga “Juan Santos Atahualpa” (CECONAMA), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Federación de Comunidades Nativas Yine-Yami (FECONAYY). Los colonos están asociados a la Central de Colonos Agricultores del Bajo Urubamba (CECOABU). La población total del distrito se estima en 12 000 personas. El espacio del nuevo distrito no tiene ciudades. Apenas tiene pequeños centros poblados, siendo Miaría (unos 1 500 habitantes), Kirigueti (1 200 habitantes), Nuevo Mundo (900 habitantes), y Camisea (unos 500 habitantes) los más importantes. Ellos se formaron alrededor de comunidades asentadas en la ribera del río Urubamba. Camisea ha sido mencionada como probable capital, debido a su localización estratégica y a que su nombre es más conocido.

El 94% del área del distrito está parcialmente cubierto por tierras indígenas y áreas protegidas. Las comunidades indígenas ocupan casi 500 000 ha y la Reserva Territorial tiene 394 000 ha en el nuevo distrito. Hay 106 000 ha de tierra ocupada por parte de dos áreas naturales protegidas (Santuario Nacional Megantoni y Reserva Comunal Machiguenga). Además hay parte de las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales Manu y Otishi, además de las que corresponden a las áreas protegidas en el distrito. Además, toda esta zona, es la parte norte del Corredor de Conservación “Vilcabamba – Amboró”. Es decir que, sumando a eso el espacio ocupado por los pocos agricultores ya asentados en el área y que están titulados, el nuevo distrito tiene prácticamente todo su espacio debidamente titulado y, lo que aún no está categorizado (menos de 6%), ya tiene destinatarios. O sea que prácticamente no hay espacio disponible para nuevos ocupantes. Cualquier migrante nuevo deberá, forzosamente, invadir tierras que ya están en posesión legal de otros. El potencial para conflictos es pues enorme.

Megantoni es probablemente el distrito que tiene la mayor reserva de hidrocarburos en todo el país. Existen 4 lotes de gas natural. Los lotes 88 y 56 son operados en el marco del Proyecto Camisea por la empresa Pluspetrol. El lote 57 es explotado por Repsol y el lote 58 por la empresa China CNPC, que adquirió los derechos de Petrobrás a fines del 2014. Los lotes 88, 56 y 58 están conectados por gasoductos que llevan el “gas de pozo” a la Planta Malvinas (donde se separa gas y líquido de gas) para ser transportados hacia Pisco (LGN) y Lurín (GN) a través del poliducto operado por TGP (desde el 2004). Actualmente se viene construyendo el gasoducto sur peruano que transportará parte del gas del lote 57 y al parecer la totalidad del 58. Ambos poliductos pasan por la Reserva Comunal Machiguenga en su ruta al Alto Urubamba. Esta obra, actualmente paralizada, estaba a cargo del Consorcio Constructor Ductos del Sur, conformado por Odebrecht (brasileña), Enagás (española) y Graña & Montero (peruana).

Por el volumen de recursos que proveerá el canon (estimado en US$62 millones/año) y habida cuenta de su reducida población actual, este nuevo municipio será el más rico del Perú. Se estima que los beneficios del canon estarán disponibles solamente durante los próximos 15 a 20 años, en volumen decreciente.

Las amenazas y los riesgos

La creación de un nuevo distrito en las condiciones descritas presupone un grave riesgo para la integridad cultural y el patrimonio de las poblaciones indígenas mayoritarias así como sus opciones de desarrollo sostenible. También es una grave amenaza para los bosques de la región y para las medidas de conservación de la biodiversidad ya tomadas (por ejemplo las áreas naturales protegidas).

En la actualidad el nuevo distrito no está conectado con el resto del país por carreteras. Lo está solo por vía fluvial (río Urubamba) y aérea (el aeródromo de Nuevo Mundo y el aeropuerto de Malvinas). Pero está previsto y es inevitable la construcción de carreteras. La más preocupante es la que uniría Quillabamba con el Bajo Urubamba, atravesando la Reserva Comunal Machiguenga o el Santuario Nacional Megantoni. Por el momento esa obra está detenida en el límite del mencionado Santuario. Esta se uniría con otra que la conectaría con Atalaya. Pero también se ha iniciado la apertura de varias carreteras internas entre las comunidades nativas, que ya están a nivel de trochas.

Es evidente que, apenas abierta la carretera y aún antes, el nuevo distrito atraerá un número considerable de migrantes de los departamentos de Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa (por el río Alto Urubamba) y de Ucayali y Junín (usando la vía Satipo-Atalaya y el río Bajo Urubamba). Como en otros lugares, estos migrantes ocuparán desordenadamente los bosques invadiendo las tierras indígenas y las áreas naturales protegidas. Entre ellos, llegarán madereros y mineros informales. Además el lugar será ideal para la expansión del cultivo de coca pues ya es una ruta del narcotráfico. Todo eso, más el inevitable crecimiento urbano provocarán una rápida deforestación y degradación ambiental así como un fuerte impacto en las poblaciones nativas que dependen de esos recursos.

Los conflictos sociales entre indígena y migrantes y narcotraficantes así como la contaminación cultural de los primeros  y, por cierto, la difusión de enfermedades, especialmente entre los nativos no contactados, son un riesgo evidente. Como en otros lugares es probable que al cabo de pocos años los indígenas se vean avasallados por los colonos que indudablemente migrarán en números crecientes y asumirán el control del distrito.

El nuevo distrito sería, a priori, inicialmente gobernado por indígenas ya que estos por el momento son mayoría. Pero estos, por sus actuales carencias para realizar gestión municipal difícilmente podrán hacerse cargo pleno o efectivo de esa responsabilidad, que será probablemente manipulada por personajes políticos de Echarate y Quillabamba, que tienen un pésimo récord en la gestión de recursos públicos.

Es decir que, en uno de los pocos lugares del Perú donde un pedazo de la Amazonía y de sus habitantes originarios estaba bien protegido por el aislamiento, ahora se concentran toda clase de amenazas, de las que unas son más graves que las otras. Si no se hace nada consistente, conforme a la tendencia, en pocos años más el Perú habrá añadido otro triste capítulo a la destrucción de su Selva, con la deforestación de gran parte del área, quedando con suerte apenas las áreas protegidas y, por cierto, la cultura indígena se habrá deteriorado y las oportunidades de mejoramiento de su calidad de la vida se habrán perdido.

La oportunidad

Pese a las amenazas, Megantoni es más que todo una gran oportunidad de transformar en realidad el elusivo sueño del desarrollo sostenible en la Amazonía. Tiene mucho a su favor: un espacio poco intervenido que aún mantiene su rico patrimonio natural, una población indígena que conserva sus tradiciones, un territorio donde casi toda la tierra ya está adjudicada y debidamente regularizada y, además, ingresos municipales extraordinariamente elevados, bajo la forma de canon.  

Si el dinero del canon se usa para asegurar el bienestar actual y mediato de la población pero, en especial, para desarrollar actividades económicas ambientalmente sostenibles, es decir de largo plazo que brinden garantías para el futuro postcanon, este distrito puede ser el más desarrollado, el más seguro y el más envidiable de toda la Amazonía. Pero, el dinero en abundancia es corruptor y, si no bien administrado, puede convertirse en una amenaza peor que las que conllevan los invasores y los narcotraficantes en términos de deforestación y destrucción del patrimonio natural que, en última instancia, es mucho más importante que el canon, porque es para siempre.

Varias medidas son esenciales para alcanzar el buen resultado posible y deseable. La primera, obviamente, es la instalación de un gobierno local realmente democrático y representativo de la realidad social local, sin influencias indeseables. Esas autoridades y el personal que sirva al nuevo municipio deben ser capacitados y entrenados en la nueva función, que tiene aspectos inéditos para ellos. En tercer lugar, con la participación de todos los ciudadanos, debe decidirse un plan de desarrollo de largo plazo con una visión clara de objetivos y  un programa de acciones de corto y medio plazo para su implementación. Obviamente, será necesario crear las infraestructuras públicas  imprescindibles para la gestión del distrito. Es esencial, también, comenzar de inmediato el apoyo a las comunidades nativas y a los colonos para que desarrollen actividades económicas sostenibles y asegurar la protección de las áreas naturales protegidas del distrito y, en especial, la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti.

Desde el punto de vista táctico es conveniente demorar la propuesta construcción de una carretera hasta que el nuevo distrito esté preparado para recibir a los migrantes que inevitablemente se volcarán mediante ella a la procura de tierras, madera u oro. Como dicho, no hay tierra libre disponible para ellos y, por eso, su arribo será inevitablemente causa de conflictos además de deforestación y del habitual pillaje de los recursos naturales. Por eso es esencial que el distrito o las comunidades creen un servicio de guardabosques del mismo modo que deben consolidar el de monitoreo de actividades económicas extractivas. Ya se ha sugerido, también, proponer a las autoridades competentes la creación de una reserva de biosfera que abarque todo Megantoni y quizá también áreas aledañas. La región reúne todos los requisitos para ese reconocimiento.

El nuevo distrito necesita mucho apoyo para esa etapa inicial de su vida. Pero necesitará, especialmente, de la firme decisión de sus habitantes para enfrentar las amenazas, lo que solamente lograrán si se mantienen unidos, haciendo prevalecer el interés común, como es tradición en las comunidades indígenas.

 

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[1] Redactado en base a la información detallada proporcionada por Oscar Rada y otros funcionarios de la Fundación Pronaturaleza (Lima, Perú), que trabaja con los indígenas de esa región desde hace casi dos décadas.

[2] Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, Doctor en Ciencias. Miembro fundador de Pronaturaleza. Profesor Emérito de la UNALM.

[3] Ley del Congreso de la República N° 30481, rubricada por el Poder Ejecutivo el 5 de julio 2016.