• El Perú es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales. Ante ello, el Estado tomó algunas medidas, pero hasta ahora estas no han detenido la ola de crímenes contra los peruanos y peruanas que defienden el ambiente y sus territorios. 

 

El 22 de abril de 2021 se creó el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, considerada la herramienta más importante en el Perú que busca la prevención, protección y acceso a la justicia de personas defensoras de derechos humanos.

A puertas de cumplirse dos años de funcionamiento, la sociedad civil y organizaciones indígenas señalan que las acciones implementadas respecto al mecanismo no resultan suficientes, ya que durante su vigencia los asesinatos de personas defensoras no cesaron. Solo entre 2021 y 2022, Global Witness reportó que fueron asesinados 15 defensores ambientales en el Perú, que figura como uno de los países con más asesinatos cometidos contra defensores ambientales en el mundo.

La falta de presupuesto, la poca coordinación entre distintos niveles de gobierno y la necesidad de mayores acuerdos multisectoriales son algunas conclusiones de Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, respecto al análisis de este mecanismo.

¿Cuál es la importancia de la creación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos?

Es la norma de mayor rango en nuestro país que reconoce los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y las obligaciones del Ejecutivo. Este es un reconocimiento relevante. Otro punto importante es que es la primera herramienta que vincula a más de dos sectores. Antes teníamos un protocolo que solo vinculaba al Ministerio de Justicia. Ahora, tenemos reflejada la voluntad de ocho sectores del Ejecutivo y de DEVIDA para trabajar a favor de las personas defensoras y continuar con la sensibilización a ciudadanos y servidores públicos, jueces y fiscales, que es el otro gran componente de la estrategia que todavía está pendiente.

Considerando solo las actividades realizadas por el mecanismo intersectorial en estos dos años y teniendo en cuenta que es una estrategia relativamente nueva, ¿cómo evaluar su desempeño? Porque ha habido críticas a su presupuesto y a la respuesta efectiva en casos de amenazas.

Han sido dos años complejos. La crisis sanitaria y luego la política han impactado directamente en la agenda del Ejecutivo, principalmente para la atención de las situaciones de fondo que colocan en riesgo a las personas defensoras del ambiente. Así, hemos sido testigos de un avance de actividades ilegales que han colocado en una situación de amenaza latente a quienes defienden estos espacios y un retroceso en la ejecución de políticas públicas claves como, por ejemplo, el cierre de la brecha de titulación de territorios indígenas o el ordenamiento territorial.

Este incremento de contextos de riesgos ha mostrado que el mecanismo necesita mayores recursos financieros y logísticos para enfrentarlos. Esto requiere de voluntad política. La SPDA recopiló información del 2022 que demuestra que solo 3 sectores (Justicia, Ambiente y Cultura) contaban con un presupuesto bastante reducido para implementar las acciones descritas en esta norma. Proética e IDL señalaron lo mismo sobre el primer año. Esto nos lleva a concluir que este es un asunto medular de urgente atención ya que, sin estos componentes, las acciones de los actores son limitadas.

Y esto nos exige mencionar que a la fecha el Ministerio del Interior, actor clave en la estrategia, aún tiene pendiente la emisión de un lineamiento de actuación que contenga las estrategias de financiamiento para la implementación del mecanismo, disposición que, si bien fue precisada en el año 2022, existía con otros términos desde el año 2021, cuando se creó esta figura de coordinación.

Mientras no tengamos presupuesto suficiente y de acceso rápido, un plan de trabajo medible y adecuado a dicho presupuesto, y una reactivación urgente de las políticas públicas para atender los problemas de fondo que colocan en riesgo a las personas defensoras, el mecanismo podría tener los mismos resultados observados en estos dos años.

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Más allá del poco presupuesto, ¿en qué otra categoría podemos evaluar al mecanismo?

El mecanismo es una herramienta pensada en la articulación. Si bien vincula a ocho ministerios y a DEVIDA, el Ministerio de Justicia tiene como tarea coordinar con otros niveles de gobierno para promover acciones relacionadas con la prevención de situaciones de riesgos que afrontan las personas defensoras. En el marco de esta obligación, hoy se han creado mesas de trabajo regionales para la protección de personas defensoras en regiones altamente riesgosas para quienes defienden los derechos ambientales como Ucayali, Madre de Dios y San Martín. Los dos primeros espacios se encuentran formalizados a través de ordenanzas regionales y se encuentran en funcionamiento, incluso ante el cambio de gestión de gobiernos regionales. Este es un resultado del trabajo del mecanismo.

Otro resultado interesante de este trabajo de articulación es el protocolo del Ministerio Público que, pese a no estar obligado por el mecanismo intersectorial, tiene ahora un protocolo de intervención que propicia la investigación de crímenes contra personas defensoras en una vía distinta: ya no se va a ver como un crimen ordinario sino como un crimen contra los derechos humanos. Esto es importante ya que se generan investigaciones para saber si la persona fue agraviada como consecuencia de la actividad de defensa de derechos humanos, reconociendo el derecho a la reparación de las víctimas y sus familias. Esta acción del Ministerio Público tiene también como antecedente su participación en diversos espacios de articulación generados en el marco del mecanismo e, inclusive, de la norma de menor rango del sector Justicia que la precedía.

En el decreto de formalización del mecanismo intersectorial se menciona también la creación del Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos. ¿En qué consiste y qué se busca con esta herramienta?

Este registro es el primer mecanismo de gestión de riesgos multisectorial que acopia, analiza y gestiona de manera oficial la información sobre patrones de riesgos o agresiones contra personas defensoras. Esta data sería utilizada para generar estadística y crear un mapa de riesgos que nos permita caracterizar el contexto adverso que la defensa de derechos humanos puede atravesar en nuestro país.

Actualmente, ¿qué tan implementado se encuentra este registro?

A la fecha, sabemos que el Ministerio de Justicia ha procesado la data que otros sectores o la sociedad civil le ha proporcionado de forma directa o a través de su portal web. Sin embargo, es necesario requerir la misma a través de una solicitud de acceso a la información.

Esa información debería y podría ser de acceso público garantizando la confidencialidad sobre la identidad de las personas defensoras. Esto ayudaría a evidenciar las distintas amenazas que atacan a estas personas por ejercer este derecho. Lamentablemente, los asesinatos son las vulneraciones más visibles, pero no podemos dejar de considerar otras afectaciones que también deben ser evitadas por el mecanismo.

Asimismo, aún no es público el mapa de riesgos que esta información debe generar. Esta información resultaría valiosa para ejecutar o priorizar presupuestos para ejecutar políticas públicas en base a la evidencia.

El mecanismo interinstitucional se mueve en dos planos: en lo inmediato y urgente, para proteger la integridad y vida de los defensores ambientales, pero también representa un espacio legal de reconocimientos y normas, que es como se construye el marco para articular acciones del Estado. Esta última dimensión suele pasar un poco desapercibida. ¿Qué no estamos viendo sobre este tema?

La promoción del derecho a defender derechos humanos se encuentra reflejada en el mecanismo a través de acciones de reconocimiento y sensibilización. Sobre estas, tanto el Mincul como el Minam han identificado normativamente espacios para llevarlos a cabo a través de sus protocolos internos aprobados durante el 2022.

Si bien hay personas con cargos públicos, fiscales, gobernadores regionales y jueces que conocen sobre este derecho y las obligaciones internacionales que como Estado tenemos, no es menos cierto que aún es necesario fortalecer dichas capacidades. Un ejemplo claro de ello es lo señalado por nuestros antiguos legisladores que, para archivar el pedido de ratificación del Acuerdo de Escazú, argumentaron que el Perú no era un país de riesgo para defender el medio ambiente.

¿Cuáles son los retos inmediatos para mejorar la ejecución del mecanismo?

El presupuesto. El presupuesto es obligación de cada entidad que forma parte de la estrategia. Necesitamos presupuesto suficiente, pero además un modo para que este se ejecute rápido. No podemos seguir pensando que la persona defensora en una región alejada del país deba esperar siete días a que se libere el presupuesto para recién poder comprar un pasaje y extraerla. Las amenazas de alto riesgo se materializan en horas.

¿Por dónde deberían enfocarse las mejoras del mecanismo intersectorial, considerando su organización y su desempeño hasta ahora, pero pensando en un plazo más largo?

Hablamos de una herramienta que refleja la voluntad solo de un poder del Estado: el Ejecutivo. Por ello, lo primero que podríamos exigir es que se sume todo el Ejecutivo. Solo hay ocho ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción no está. Asimismo, es necesario que los que sí están comprometidos en la estrategia deben implementar acciones concretas que acrediten su real participación. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior no tienen presupuesto.

Por otro lado, es necesario tener información oficial clara, actualizada y pública sobre las acciones que se implementan. Es necesario generar data clara sobre lo que hace cada sector para cumplir con sus obligaciones para la promoción y protección de las personas defensoras, así como hacer pública la data recopilada a través del registro de riesgos.

Esto último también nos lleva a pensar en el uso de dicha información para la atención de los problemas estructurales que colocan en riesgo a las personas que defienden derechos ambientales. En efecto, la herramienta multisectorial facilita el flujo de información en el Ejecutivo que de una u otra manera toma conocimiento de primera mano de lo que está pasando y debe priorizar.

¿Necesitamos una ley que proteja a los defensores ambientales? ¿Por qué?

La ratificación del Acuerdo de Escazú es, en definitiva, el escenario ideal respecto de las personas defensoras del ambiente. Este es un tratado de derechos humanos, por lo que sus disposiciones se interpretan al mismo nivel que nuestra Constitución. Una ley que siga los principios de derechos humanos de este acuerdo y también recoja las disposiciones de la Declaración de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos colocaría en un escenario favorable que enmarque las acciones que el Ejecutivo y algunos órganos constitucionales autónomos están ejecutando para proteger a las personas defensoras.

En ambos casos se vuelve posible la vinculación de niveles de gobiernos subnacionales, lo cual resulta relevante para una atención rápida en territorio de estas personas. Otra cuestión relevante es que se vuelve de obligatorio cumplimiento para todos los sectores del Ejecutivo y esto tiene implicancias directas sobre la disposición presupuestal de los mismos.

En definitiva, tenemos un marco normativo bastante relevante al que contar con uno legal podría enriquecerse y volver más factible una estrategia país.