- Ciudadanos, colectivos ambientalistas y organizaciones indígenas se reunieron en distintos puntos del país para exigir la derogación de la norma que da luz verde a la deforestación, poniendo en riesgo los bosques del país.
«La selva no se vende, la selva se defiende», fue el clamor de un grupo de más de 200 jóvenes frente al Congreso de la República, durante la marcha nacional realizada el 6 de marzo, para exigir a los parlamentarios la derogación de la Ley 31973, una ley que pone en peligro la biodiversidad del país, la seguridad de los pueblos indígenas y los medios de vida de los agricultores familiares.
Jóvenes, colectivos y líderes ambientales se sumaron en las regiones de Madre de Dios, Loreto, San Martín, Trujillo, Huaraz, Puno, Cusco, Arequipa, Huánuco, Pucallpa, Piura, Ica, Junín, Chiclayo y Lima.
«Es justo y necesario que nos pongamos de pie, hasta lograr que esta modificatoria se derogue. Saludo a los jóvenes que se están poniendo la camiseta de Madre de Dios y de la Amazonía peruana», señaló Demetrio Pacheco reconocido defensor ambiental y vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata.
Desde Puerto Maldonado (Madre de Dios), el reconocido defensor ambiental se sumó a decenas de personas que participaron en esta movilización que tiene como fin defender los bosques, la biodiversidad que alberga y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
La llamada “Ley Antiforestal” modifica el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.
Especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señalaron, en un informe legal, que lo aprobado por el Parlamento, promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques, y pone en riesgo los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía. Además, vulnera los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
¿Cuándo se aprobó la norma que pone en peligro los bosques?
Como se recuerda, el pasado 14 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia esta norma que legaliza la deforestación y degradación de los bosques en Perú. Ante ello, las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes presentaron dos pedidos de reconsideración que fueron admitidos a trámite por el Parlamento.
Sin embargo, el 10 de enero, estos pedidos de reconsideración dejaron de figurar en el expediente de la página web del Congreso, como si nunca hubieran existido. Ese mismo día, Alejandro Soto envió la autógrafa al despacho presidencial ordenando su publicación y entrada en vigor, sin respetar los pedidos de reconsideración admitidos anteriormente.
Ver esta publicación en Instagram
Comments are closed here.