Foto: Vico Méndez / SPDA
- A través de un pronunciamiento, organizaciones de la sociedad civil también expresaron su preocupación por las declaraciones del nuevo Canciller, quien mostró su rechazo a este tratado ambiental.
Frente a la decisión de la Comisión de Constitución que archivó por segunda vez la ratificación del Acuerdo de Escazú, y a las declaraciones del nuevo Canciller, Miguel Rodríguez Mackay, quien está de acuerdo con esta decisión del Legislativo, un grupo de organizaciones civiles emitió un pronunciamiento para expresar su preocupación respecto a este tema.
Como se recuerda, el Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental que tiene como fin fortalecer los derechos de participación ciudadana, transparencia y justicia ambiental, así como mejorar las protección de los defensores ambientales. Nuestro país suscribió el acuerdo en el 2018, pero requiere ratificarlo para adherirse de manera formal.
En el pronunciamiento, las organizaciones manifiestan su preocupación por la carencia de impulso de la política ambiental y, especialmente, por el riesgo en que viven las personas y comunidades afectadas por el incremento del crimen organizado asociado a los delitos de minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, entre otros.
Las organizaciones también hacen referencia a las recientes declaraciones del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, quien -durante una entrevista con RPP- expresó su rechazo al Acuerdo de Escazú y apoyó al Congreso que hace poco se opuso a la ratificación de este tratado internacional y lo archivó, tal como lo hizo en octubre de 2020.
Solo en los últimos dos años, 14 defensores ambientales fueron asesinados en nuestro país.
«Retirar el apoyo del Gobierno al Acuerdo de Escazú es un retroceso para la democracia ambiental en el país. Uno de los pilares que aporta significativamente al respeto y cumplimiento de nuestros derechos humanos ambientales”, afirma Fátima Contreras, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una de las organizaciones que suscribe este documento.
El pronunciamiento destaca además que el Acuerdo de Escazú es clave para superar desafíos y obstáculos que la democracia y gobernanza ambiental del país se encuentra atravesando, y exigen al Gobierno “reforzar las capacidades del Estado para atender las prioridades ambientales y climáticas, proteger a las personas defensoras de derechos ambientales y a impulsar el mejoramiento de democracia y transparencia en materia ambiental, especialmente con las medidas para mejorar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales”.
Entre los que firman el pronunciamiento figuran organizaciones ligadas a la defensa de derechos humanos, comunidades indígenas, instituciones religiosas, especialistas en temas ambientales, exministros del Ambiente, excongresistas, entre otros.
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