Foto: Diego Pérez / SPDA

• De esta manera, se solicita que el presidente Pedro Castillo observe la autógrafa de ley que promueve la ilegalidad sobre el patrimonio forestal.
• En el 2020, la pérdida de bosques alcanzó una superficie de 203 mil hectáreas, la más alta en los últimos 20 años.

Hasta el momento, más de 300 organizaciones y personas de la sociedad civil se unieron al pronunciamiento para solicitar que el Poder Ejecutivo observe una propuesta legislativa que debilita la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó -a último momento- un proyecto de ley que otorga, sin evaluar el impacto ambiental, títulos de propiedad y constancias de posesión con fines agropecuarios. Además, propone que el proceso de zonificación forestal (ZN) sea aprobado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entidad que promueve actividades agrícolas y ganaderas, cuando esta función le corresponde actualmente al Ministerio del Ambiente (Minam) como ente rector que asegura el uso sostenible de los recursos naturales.

Hace unos días, la Defensoría del Pueblo emitió un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para expresar su rechazo y preocupación ante la normativa. Según el documento, el Parlamento pondría en riesgo la diversidad biológica y los valores científicos y culturales que aportan a la población y al desarrollo sostenible, afectando particularmente a los pueblos indígenas de la Amazonía.

Cabe resaltar que la modificación en la Ley 29763 no contó con la opinión técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La autoridad forestal también manifestó su rechazo y advirtió que lo aprobado por el Poder Legislativo pone en peligro la Amazonía contribuyendo con la deforestación de los bosques.

«[La disposición] puede generar efectos negativos sobre los bosques y la Amazonía peruana como la masiva deforestación y la consecuente afectación en los recursos forestales y de fauna silvestre al legalizar el cambio de uso no autorizado de tierras que forman parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre”, explicó en sus canales oficiales. 

Actualmente, la SPDA se encuentra preparando un análisis jurídico sobre el proyecto de norma, así como una carta dirigida al Poder Ejecutivo.