El anuncio del congresista Wilmer Trujillo (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, adelantando que el Acuerdo de Escazú no sería debatido en el Pleno del Congreso y sería archivado, generó sorpresa y rechazo por parte de instituciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y personalidades, quienes a través de un pronunciamiento público exigen al Congreso que se ratifique el acuerdo.

En el documento se señala que el Acuerdo de Escazú “representa una oportunidad única para que el Estado peruano recupere y fortalezca los lazos de confianza entre nuestras autoridades y las peruanas y peruanos, así como para afianzar el compromiso del sector empresarial en la gestión ambiental del territorio nacional”, y por eso piden a los congresistas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que se oponen a la ratificación del acuerdo que replanteen su posición.

En el pronunciamiento se menciona que el Acuerdo de Escazú cuenta con pronunciamientos oficiales favorables de 10 ministerios, del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

El Acuerdo de Escazú, se señala, asegurará las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos ambientales de las peruanas y los peruanos, sobre todo de nuestros pueblos indígenas u originarios, mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Entre otras instituciones, han firmado el pronunciamiento público AMPA Loreto, Aidesep, Cáritas, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales – IRI, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCCIC, Organización Regional de Pueblos indígenas de Loreto – ORPIO, la Sociedad Peruana de Derechos Ambiental – SPDA.

Lea el pronunciamiento público:

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