Las manifestaciones continúan este viernes 26 de agosto en La Pampa. Foto: Facebook
- Los disturbios iniciaron la mañana del jueves luego de un operativo contra la minería ilegal en la zona de Mangote, Inambari (Madre de Dios). Los manifestantes quemaron una instalación militar policial ubicada en «La Pampa».
Un muerto y al menos 13 heridos es el saldo de los enfrentamientos entre mineros ilegales y efectivos policiales. Las manifestaciones iniciaron ayer, en respuesta a un operativo de interdicción liderado por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios y las Fuerzas Armadas ocurrido el último miércoles en el kilómetro 98 de la carretera Interoceánica, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
En el primer día de protesta, los mineros ilegales prendieron fuego al ingreso de una instalación militar policial en el sector conocido como «La Pampa». Además, bloquearon la carretera Interoceánica.
En entrevista a un medio local, el representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, Guimo Loaiza Muñoz, confirmó la detención de un efectivo policial y reportó un fallecido en el puesto de salud del centro poblado Alto Libertad, distrito de Inambari en Madre de Dios. Hasta el momento no se ha identificado a la víctima.
Aseguró también que se han reportado al menos 13 heridos. Asimismo, informó que en la zona «quieren la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo; que la base militar se retire y haya justicia para los heridos; y los manifestantes aseguraron que continuarán hasta que llegue el presidente».
Foto: Radio Madre de Dios
¿Cuál es el motivo de las protestas?
Durante la madrugada del miércoles 24 de agosto se realizó un operativo contra la minería ilegal en la zona de Mangote, distrito de Inambari, a cargo del fiscal provincial Carlos Chirre Ramírez, del Quinto Despacho de la FEMA Madre de Dios, quien se encontraba acompañado de alrededor de 90 efectivos entre policías y militares. Como resultado, se intervinieron 45 motores de succión, de los cuales 35 se encontraban sumergidos por los propios mineros con el fin de no ser destruidos. Como parte del operativo se destruyeron 10 motores y 21 balsas artesanales de acuerdo a ley, informó el Ministerio Público.
Horas después, mineros ilegales de la zona comunicaron la existencia de un herido de bala producto del operativo realizado esa madrugada. Estas denuncias fueron replicadas a través de videos en redes sociales donde también se observa a un grupo de militares disparar al aire frente a un grupo de personas resguardadas.
En respuesta, un grupo de mineros ilegales atacó la Base Temporal Mixta «Eco» de propiedad de la Sexta Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército con piedras y palos para finalmente prenderle fuego.
Una formalización que no llega
El pasado 16 de agosto, el presidente Pedro Castillo anunció que atenderá el pedido de federaciones mineras que solicitan la derogación de normas que tienen como fin regular la minería artesanal y erradicar la minería ilegal en el país, en especial en zonas como la Amazonía. Esto se dio luego que sostuviera una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin).
[Ver además ▶ «Exhortamos al presidente a no debilitar el proceso de formalización minera»]
Como se sabe, desde el 2002 el Estado ha intentado regular la pequeña minería y minería artesanal a través de normativas que tenían como pilares el respeto por el ambiente, derechos humanos y el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, en distintas oportunidades, el proceso de formalización se ha extendido.
Frente a ello, desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se ha pedido al presidente Castillo atender el problema con urgencia y prioridad. Asimismo, hizo un llamado a los ministros de Energía y Minas, y del Ambiente, así como a las autoridades que integran la Mesa Técnica que abarcará este tema, para cumplan con su rol de proteger y salvaguardar la Constitución y los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, omitan evaluar -dentro de las alternativas de modificación del proceso de formalización– cualquier propuesta normativa que signifique un debilitamiento del ordenamiento jurídico ambiental.
Lee la carta completa aquí.
La minería ilegal es una actividad que ha venido acompañada de delitos conexos como la explotación laboral y sexual, el sicariato, el crimen organizado, entre otros. A ello se suma la constante amenaza contra las vidas de las poblaciones indígenas y demás peruanos que defienden nuestro patrimonio natural.
🚨#CartaAbierta | Nos dirigimos al presidente Pedro Castillo, exhortándolo a que no debilite el proceso de formalización minera. Abro hilo (1/3)🧵 pic.twitter.com/TB40UjBZDd
— SPDA (@spdaorg) August 25, 2022
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