El jueves 23 de marzo, un operativo conjunto entre el Ministerio Público, Policia y Marina de Guerra logró destruir maquinaria destinada a la minería ilegal y capturar diez personas que se dedicaban a esta actividad.

La intervención se realizó en la zona de Tres Islas (Tambopata), en puntos fuera de la zona permitida para minería, por lo que la Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para los detenidos. También se les investiga por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal.

Los detenidos fueron Elmer Piedras (36), Elmer Yumbato (34), Teddy Gosalves (22), Ronald Candia (33), Jeffrey Sanchez (21), Ana María Escalante (38) y Adrian Valdivia (32), quienes, según las autoridades que participaron en la diligencia, operaban balsas carrancheras, tolvas, bombas de succión, entre otros equipos destinados a minería que fueron destruidos en el lugar por miembros de la Marina. También detuvieron a tres menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Familia.

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Un día después del operativo, durante la audiencia para pedir prisión preventiva, la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios decidió poner en libertad a seis de los siete imputados. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental aseguró que había peligro de fuga de los investigados, pero el Poder Judicial solo aceptó la prisión para uno de ellos por cuatro meses, mientras duren las investigaciones.

Para la Corte, la Fiscalía no logró precisar que los investigados hayan realizado explotación y extracción ilegales. “[El representante del Ministerio Público] no ha precisado el accionar de cada de uno de los imputados y de qué manera realizaba la explotación y extracción de estos recursos naturales”, se lee en los fundamentos de la jueza Judith Atapaucar.

“[La jueza] quería que le especifique en la audiencia qué roles ha cometido cada uno. Nosotros sabemos que en este tipo de delitos, si ellos notan nuestra presencia lo primero que hacen es huir. No vamos a decir que en ese momento regresen a su lugar para ver en qué lugar estaban”, advirtió por su parte el fiscal especializado en materia ambiental William Solier.

Varios detenidos afirmaron dedicarse a actividades como la agricultura, pesca y transporte durante la audiencia en el Poder Judicial. Elmer Yumbato (34) declaró haber estado trabajando en la chacra de su padre al momento de la interdicción, mientras que Ronald Candia (33) dijo que se dedica a la agricultura y pesca en la zona.

Según refiere el fiscal a cargo del caso, el terreno del sector Túpac (Tres Islas) es árido y deforestado, por lo que no es posible que se dediquen a una actividad diferente a la minera.

“Yo no entiendo para qué más pueden ir esas personas a esas zonas si lo único que se puede realizar es minería. Es un lugar pantanoso, donde te hundes los pies hasta la rodilla… Ni siquiera se les ha encontrado herramientas de agricultura o pesca”, afirmó para Actualidad Ambiental el fiscal Solier.

La denuncia que llegó a la Fiscalía Ambiental estaba muy cerca de cuerpos de agua, como el río Madre de Dios y el lago Túpac, por lo que requirieron apoyo de la Marina de Guerra. El comandante Juan Carlos Elías está a cargo de la Capitanía de Puerto Maldonado y una de sus funciones es luchar contra la minería ilegal dentro de su jurisdicción.

“Es evidente que ante la impunidad, no hay ninguna reflexión de parte del sector que trabaja en esta actividad ilegal. Al haber impunidad, pues hay continuidad de la acción ilegal”, comentó Elías sobre este caso para Actualidad Ambiental. “Yo tampoco me atrevo a criticar la labor de los jueces, pero el resultado finalmente no es el esperado. Tal vez el marco legal no es el apropiado, pero quisiéramos que las personas que se capturan en minería ilegal sean debidamente procesadas”, subrayó el oficial al mando de la Marina en Madre de Dios.

Como se recuerda, en noviembre del año pasado sucedió un hecho similar con presuntos mineros ilegales encontrados en flagrancia. En aquella ocasión, siete mineros ilegales encontrados operando dentro de la Reserva Nacional Tambopata fueron liberados por una sala penal de Madre de Dios.

Ambos casos estuvieron a cargo del mismo fiscal ambiental. En el proceso de noviembre le negaron la prisión preventiva porque llegó una hora tarde para poner los detenidos a disposición de un juzgado, debido a las lluvias, la distancia entre la Reserva y Puerto Maldonado, y la posibilidad de algún accidente.