- Fueron tres años de investigación para desarticular a “Los hostiles de la Amazonía”, agrupación que guardaba vínculos con funcionarios de diversas instituciones del Estado.
Desde 2017, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y fiscales anticorrupción de Madre de Dios, iniciaron una investigación para desarticular a la organización criminal “Los hostiles de la Amazonía” dedicada al tráfico de madera ilegal, informó Cuarto Poder.
Luego de tres años de trabajos, se presentaron pruebas que permitieron la captura de 21 funcionarios de diversas organizaciones del Estado (gobierno regional, Sunat, PNP y Fiscalía), vinculados a esta banda. Sin embargo, el juez a cargo del caso, Paul Campos, liberó a la presunta cabecilla, dos fiscales y un comandante.
Dentro de las pruebas que determinaron la detención de 7 policías, un trabajador de Sunat, 12 funcionarios regionales de la Gerencia de Flora y Fauna Silvestre de Madre de Dios y dos fiscales, sobresalen las grabaciones de las conversaciones entre los involucrados y que se consiguieron gracias a la intervención legal de sus llamadas telefónicas.
En una de estas conversaciones se escucha a los funcionarios manejar ciertos códigos para referirse a puntos de control de la Sunat, como el de Unión Progreso, ubicado en el kilómetro 77 de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios y que el término “rosita”, mencionado en la llamada, significaba el monto a pagar (200 soles) para facilitar el pase de un camión que contaba con información falsa en su Guía de Transporte Forestal, documento que permite el pase de madera legal.
Sobre los involucrados
Según las investigaciones, Santiago Sierra Tito y Olga Añamuro, actualmente prófugos, eran quienes compraban la madera a taladores ilegales. Edith Huaricancha, alias “Yayita”, quien sería la cabecilla y coordinaba los sobornos con funcionarios, fue puesta en libertad hace poco, al igual que el comandante de la PNP Hugo Florián, jefe de la División de Medio Ambiente, también involucrado.
Quienes también fueron puestas en libertad fueron Zoila Rodulfo Castillo, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, y Nelly Colque Valdivia, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, ambas investigadas por, presuntamente, liberar cargas de madera incautada a cambio de recompensas.
Según las pruebas presentadas por la Diviac, dentro de las recompensas a estas fiscales no solo figurarían montos de dinero. En una escucha difundida por el programa dominical se habla de licores y un juego de muebles como regalos para una de las fiscales.
Tráfico de madera
Tal como se indica en el reportaje, la tala ilegal de madera representa una pérdida económica de 300 millones de dólares al año para el Perú. Este material suele ser comercializado tanto en la capital, como en diversas zonas del sur del país.
A las pérdidas económicas se suma una pérdida invaluable: el daño ecológico que sufren los bosques. Hay que tener en cuenta que el origen de este material suelen ser las zonas de conservación, por lo que este tipo de trabajos de desarticulación de bandas que trafican con la madera son fundamentales en la lucha contra la deforestación.
Cabe señalar que pese al estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, el tráfico de madera ilegal continuó en zonas como Madre de Dios, tal como indica una nota de Mongabay Latam.
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