Escribe Pedro Solano / Director Ejecutivo – Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Los tristes y violentos hechos de los últimos días en Madre de Dios nos han mostrado a un grupo grande, organizado -y por momentos muy violento-, de mineros y pobladores que se opone a las normas aprobadas recientemente por el Gobierno. Estas normas básicamente tienen dos objetivos: por un lado formalizar la situación de mineros que vienen realizando actividades en una zona que ha sido identificada como apta para esta actividad y que se ha denominado “corredor minero”; y por otro lado, aprobar medidas para combatir y sancionar a aquellos que desarrollan la minería aurífera fuera del ámbito de este corredor, sin un título para hacerlo, e incumpliendo una serie de normas ambientales, de salud, municipales, comerciales y tributarias. Es decir, de manera ilegal.

Respecto al “corredor minero” tanto los agricultores como las comunidades nativas han manifestado su preocupación al “quedar dentro” del corredor, porque esto podría significar que se otorguen derechos mineros sobre sus tierras. Esperamos que el gobierno apruebe pronto medidas complementarias donde se aclare el procedimiento para el otorgamiento o formalización de derechos mineros cuando se superponen con derechos anteriores. En estos casos, el principio debe ser de no vulnerar o poner en riesgo el derecho anterior, y que las decisiones que se tomen incorporen la consulta o consentimiento de quienes ejercen los derechos anteriores, más aún si hablamos en muchos casos de propietarios individuales o comunales. Superados estos temas, resulta positivo que una actividad importante como la minería encuentre caminos legales y compatibles para poder ser desarrollada. Esta zona deberá tener un monitoreo permanente para verificar su impacto económico, social y ambiental en la región.

En cuanto a quienes quedan fuera del “corredor minero”, saludamos la firmeza con que se viene defendiendo la idea que no es posible continuar con esta actividad ilegal y que atenta contra el ambiente, la salud y la seguridad alimentaria de Madre de Dios. Sin perjuicio de ello, se requiere mayor claridad sobre la manera en que se implementarán estas normas y a quienes se aplican. La desinformación muchas veces es la causa principal del temor del poblador local, y es tarea del gobierno informar adecuadamente sobre el alcance de las normas y de las posibles nuevas formas de trabajo que podrán optar aquellos que se retiren voluntariamente de las zonas no aptas para la minería.

Como un aporte a mejorar los canales de información, desde la sociedad civil nuestra institución, la SPDA ha generado un espacio dentro de su web de noticias Actualidad Ambiental, donde colgaremos las normas, los documentos y las opiniones de uno y otro lado sobre el tema. Este espacio denominado “Contribuciones al diálogo” informará también sobre los otros conflictos socioambientales del país. Esperamos que quienes buscan información para formarse una opinión sobre estos temas tan sensibles, puedan encontrar en este espacio herramientas útiles.

Foto: LaMula.pe