- Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior fortalecer esta unidad para mejorar la lucha contra actividades ilegales como la minería ilegal.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior (Mininter) fortalecer la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú en Madre de Dios a fin de intensificar los operativos contra las actividades extractivas ilegales como la minería ilegal y la tala.
Según la Defensoría, en dicha región se ha convertido en insegura para los ciudadanos en general porque es constante la persistencia de las actividades mencionadas, así como la afectación a las concesiones y predios agrícolas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
En ese contexto, el organismo señaló que es indispensable las labores de supervisión de las instancias competentes, el rol del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo el número de efectivos aún es escaso.
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“El pasado viernes 18 de septiembre, la institución [la Defensoría] tomó conocimiento que la División de Medio Ambiente de la PNP en Madre de Dios, cuenta con solo dos efectivos policiales asignados y que dos más fueron asignados en apoyo del Plan Mercurio. Situación que resulta alarmante ante la grave situación que atraviesa esta región”, afirmó el organismo.
Ante esta realidad, Guimo Loaiza, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, manifestó que “se requiere articular esfuerzos destinados a contar con un número suficiente de efectivos policiales en forma permanente para combatir e investigar delitos contra el ambiente y los recursos naturales, así como delitos de minería y tala ilegal. Además, la participación de la Policía Nacional de Perú resulta de máxima importancia para la realización de los operativos a solicitud del Ministerio Público”.
Finalmente, la institución solicitó al Mininter informar sobre las acciones adoptadas en atención a estos requerimientos con el fin de continuar con la erradicación de la minería y la tala ilegal, así como otras actividades que atenten contra los derechos de la ciudadanía.
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