Foto: FEMA

• Según la FEMA de Madre de Dios, esta medida era necesaria para incrementar el número de agentes policiales y de las Fuerzas Armadas.

Tras la recomendación de un informe policial, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en las provincias de Tambopata y Manu con el fin de continuar con las acciones para combatir la minería ilegal y los delitos conexos que se cometen en la región Madre de Dios.

Esta medida, según el Decreto Supremo 046-2023-PCM, inició desde el 7 de abril de 2023, en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu. En estas zonas, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Cabe destacar que esta medida ya había sido solicitada por defensores ambientales de Madre de Dios, y de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales (FEMA) para que continúen los operativos contra esta actividad que no solo depreda bosques y contamina suelos y ríos, sino también fomenta otros delitos como la trata de personas. el último estado de emergencia venció el pasado 17 de diciembre, y desde entonces se redujeron las acciones de la policía y la FEMA.

El decreto también indica que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional “debe presentar al Titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”.

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Medida necesaria

Rodolfo Mancilla Gonzales, fiscal ambiental encargado del 5° despacho de la FEMA de Madre de Dios, indica que el estado de emergencia significa el incremento de policías y militares, así como la disponibilidad de cargueros, camionetas, y hasta el único helicóptero con el que se cuenta en la región.

“En términos del proceso penal, de haber detenidos, esta medida nos permite contar con mayor personal, y a los fiscales nos facilita poder contar con más testigos para que en juicio puedan declarar en contra de los mineros ilegales”, explica Mancilla en conversación con Actualidad Ambiental.

Si bien la declaratoria del estado de emergencia es necesaria, el representante de la FEMA indica que “todavía se adolece de logística para ejecutar los operativos. Por ejemplo, la disponibilidad de contar con vehículos cargueros para entrar a ‘La Pampa’, o camionetas para movilizarnos desde Puerto Maldonado hasta la zonas de minería ilegal”. Mancilla señala además que existe un helicóptero en la zona, pero falta una aprobación de horas de vuelo de parte del Ministerio de Defensa, y este trámite está pendiente desde octubre del año pasado, según indicaron los miembros de Ejército.

“Los operativos helitransportados no se han estado ejecutando desde el año pasado porque no se cuenta con horas de vuelo que deben ser aprobadas por el Comando Conjunto y el Ministerio de Defensa. Sin ello se puede tener el helicóptero aquí pero no poder usarlo para operaciones contra minería ilegal”, explica el fiscal.

Operativos pospandemia

Como se recuerda, en el 2019, el Ejecutivo inició el Plan Restauración para luchar contra la minería ilegal en la región. Luego, en julio de 2021, continuó con el Plan Restauración, para complementar estas acciones que fueron necesarias especialmente durante y posterior a la pandemia por el COVID-19.

“Han sido años duros, la pandemia hasta fines del 2021, y hasta hace poco la huelga que fue dura en Madre de Dios, han favorecido la minería ilegal porque no se podía llegar hasta las zonas ilegales. Lo que se necesita es dotarle el presupuesto con el que se contaba el 2019 y volver a golpear las zonas ilegales”, indica Rodolfo Mancilla.

“Los mineros se han estado incrementando, nuevas zonas han estado creciendo. Sin embargo, se ha reducido el número miembros de la Policía, Fuerzas Armadas y número de fiscales con el que se contaba en años anteriores. Esto aumenta el reto y riesgo de ejecutar operativos contra la minería ilegal”, agrega.

Finalmente, el fiscal de la FEMA señala que, a pesar del incremento de mineros ilegales y trabas en el proceso para erradicarlos, “existen muchas sentencias por minería ilegal y delitos conexos, a diferencia de años anteriores. Me parece que este es el principal avance”.