Escribe César Ipenza / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Doe Run Perú (DRP) fue liquidada debido a que presentó un Plan de Restructuración con demasiadas deficiencias. Al parecer, una de las metas de esta empresa era seguir desarrollando sus actividades con total impunidad, en detrimento de la salud de los pobladores de La Oroya. A manera de ejemplo, en su Plan de Restructuración, la empresa planteaba el incumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental como los de aire, al igual que los Límites Máximos Permisibles.

Ahora, la liquidación de DRP nos lleva a un nuevo panorama. ¿Qué pasará con la fundidora y los trabajadores? Si bien, pese a que los representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) señalan que esta liquidación no implica -o no debería implicar- que se cierre la Complejo Metalúrgico de La Oroya, o que los cerca de 3500 trabajadores de Doe Run pierdan su trabajo, aún hay mucho que analizar.

Normalmente, los procesos de liquidación de una empresa son largos (pueden demorar un año a más), de tal modo que no sabremos qué sucederá. De hecho, con la venta de uno o más activos (una concesión es un activo) a otro operador que pretenda realizar un plan integral (económico y ambiental) en La Oroya, todo puede cambiar. Sin embargo, en este caso, es importante destacar que los accionistas actuales o los deudores (es decir DRP) no pueden continuar desarrollando la actividad una vez suscrito el convenio de liquidación, por lo que perderían todo el poder sobre la empresa.

Por ello, se ha constituido una Junta Liquidadora y un proceso para designar a un administrador que deberá tomar decisiones claras; una de ellas podría estar relacionada a la reducción de personal. Este es un tema muy sensible: no está de más recordar las continuas tomas de la carretera central, donde los manifestantes –muchos de ellos trabajadores del Complejo Metalúrgico– impedían el libre tránsito, ocasionando múltiples problemas a la zona.

Sin embargo, debemos entender que siempre hay oportunidades en los tiempos de crisis, o en situaciones complejas. En este contexto, podríamos plantear opciones –no necesariamente las más adecuadas– en forma de interrogantes:

• ¿Es una buena opción la venta de uno o más activos (como la concesión) a otro operador? Evidentemente sí, siempre y cuando se presente un plan integral que permita el desarrollo económico y ambiental, además de que se estipule el cumpliendo las normas.
• ¿Podrá el Estado asumir la administración o reflote de empresa, sabiendo que es uno de los principales acreedores (y contando con los antecedentes históricos sobre sus manejos)?
• ¿Tienen los trabajadores la oportunidad de convertirse en accionistas y propietarios, y así asumir la responsabilidad de su administración?

La normativa también señala que hay la posibilidad de pasar de la liquidación a la reestructuración de la empresa. Esto ocurre cuando el liquidador constata la existencia de factores (nuevos o no previstos) al momento de la adopción de la decisión sobre el destino del deudor, y siempre que se considere que resulte viable la reestructuración del mismo.

¿Qué acciones deberán realizar los liquidadores de Doe Run Perú una vez nombrados?

1. Formular el inventario, los estados financieros y demás cuentas al día en que se inicie la liquidación.
2. Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad.
3. Transferir a título oneroso los bienes sociales.
4. Exigir el pago de los créditos y dividendos pasivos existentes al momento de iniciarse la liquidación.
5. Concertar transacciones y asumir obligaciones convenientes al proceso liquidatorio.
6. Pagar a los acreedores y a los socios.

Sin embargo, sea cual sea el futuro que le espera a La Oroya, el precedente está claro: debe primar el respeto por la vida y la salud de los pobladores. Por ello, no se puede dar concesiones o licencias con la justificación del crecimiento económico, así como tampoco se puede incentivar la incertidumbre con anuncios de colapsos económicos de cuatro regiones. Una vida digna se traduce no sólo en la ausencia de contaminación, sino en la erradicación de factores que pretendan dilatar el cumplimiento de las normas que propician las buenas prácticas ambientales.

Tenemos una oportunidad para seguir sintiéndonos peruanos orgullosos: en este país se cumplen las normas, nuestro crecimiento económico va de la mano con el desarrollo ambiental y, sobre todo, nuestros gobiernos no ceden a chantajes y amenazas.

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Foto: Archivo SPDA