Escribe Pedro Solano / Director Ejecutivo – Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Nuevo año, nuevos retos. Viejos problemas, viejas deudas, viejas historias. El 2011 cerró en lo ambiental con una agenda política marcada por la minería legal y la minería ilegal. Por un lado el proyecto Conga, de minería legal y amparado en un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, tuvo que suspenderse por no generar suficiente credibilidad en que la operación era ambientalmente adecuada y socialmente favorable. Más allá del proyecto en sí y de su validez técnica, los EIA demostraron otra vez que son percibidos como algo ajeno y burocrático. Nuestras autoridades nacionales y regionales generaron una imagen dividida y contradictoria. La institucionalidad en el país parece que tiene aún un camino por recorrer.

De otro lado, la minería ilegal en Madre de Dios, Puno, Huánuco y otros puntos del país avanzó a pasos agigantados. Minería desordenada, contaminante, devastadora, ilegal. Más allá de los importantes esfuerzos para intervenirla y controlarla, lo real es que avanza, se burla del sistema y destruye la salud y nuestro patrimonio. La institucionalidad también en este caso parece tener un camino largo por recorrer.

Estos dos casos de minería legal e ilegal, definen la agenda política ambiental de inicio de año. Por un lado el caso Conga se encuentra a la espera de un peritaje internacional que evalúe las medidas de mitigación del EIA, mientras que en lo que concierne a la minería ilegal,  se ha aprobado recientemente la delegación de competencias del Congreso al Poder Ejecutivo para legislar sobre el tema. Varias de las nuevas autoridades del Gobierno Central están avocadas a estas tareas incluyendo a los ministerios de Ambiente,  Energía y Minas, Interior, Inclusión Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros.  Se ha entendido que estos temas “ambientales” trascienden al mandato de un sector, y motivan ahora comisiones multisectoriales y trabajos interdisciplinarios, ya que sus efectos y manifestaciones ponen en riesgo la gobernabilidad del país, la viabilidad de la salud y de la economía. La ecuación se ha vuelto clara: la pérdida de biodiversidad y de las fuentes de agua de manera injustificada o descontralada importa.

El nuevo año ha empezado entonces con dos cargas pesadas que es necesario resolver pero que a la vez ponen de manifiesto que subsisten temas estructurales. Las nuevas autoridades y los peruanos en general debemos centrarnos en solucionar lo urgente, pero a la vez poner en la mira el gran reto que sigue siendo la institucionalidad. Como parte de esta institucionalidad, en lo ambiental, necesitamos fortalecer sistemas como la Evaluación de Impacto Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Fiscalización y Supervisión Ambiental. Es indispensable también invertir en resolver la agenda social de las zonas enfrentadas por los problemas “ambientales”, en donde nuestros gobernantes nacionales y regionales  deben aparecer para cumplir el rol que les corresponde y no trasladar a terceros la responsabilidad de asumir la figura de proveedor de seguridad, comunicaciones, empleo o salud.

La agenda ambiental se ha democratizado, es de todos los sectores y niveles de gobierno, es de los ciudadanos, de los empresarios, de todos los peruanos. Veamos esa democratización como la oportunidad para construir una nueva visión para los años que vienen, y en donde la formulación de una nueva minería resulta sin duda importante, al igual que la idea de empezar a mirar más a nuestra valiosa diversidad biológica y cultural como un hilo conductor para encontrar nuestros mejores modelos de desarrollo.

Foto: ACCA