• Pese a las intervenciones policiales y de Serfor, existen diversos problemas (entre ellos de jurisdicción y vacíos legales) que entorpecen la lucha contra la depredación de estos ecosistemas altoandinos, vitales para la seguridad hídrica en nuestras cuencas.

Por Luis Chacón

[Ver además ► Fuentes de agua amenazadas: bofedales son depredados ante vacíos legales]

El 5 de agosto, aproximadamente al mediodía, la Policía Nacional intervino en Ticlio un camión que transportaba turba, material orgánico rico en carbono y que suele ser extraído de manera ilegal de los bofedales (humedales de alta montaña) y comercializado en Lima. Esta información fue corroborada por Actualidad Ambiental.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la intervención fue el resultado de un trabajo de inteligencia realizado por la población de la zona, agentes policiales y personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Sierra Central.

En total se incautaron 350 bloques de turba, equivalente a 18.37 m3, “proveniente de los andes centrales, área aledaña al nevado Ticlio, en Junín, en el distrito de Morococha y provincia de Yauli”.

Serfor también informó que la persona que conducía el vehículo fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Un problema que se repite 

Conversamos con Alan Chamorro, representante de la ONG Ecoan, quien aseguró que el problema de extracción de bofedales tiene varios años y las intervenciones son muy pocas, tanto por supuestos chantajes de parte de la Policía o porque no hay acciones regulares de parte de Serfor.

«Estos camiones van hacia Lima y venden la turba», detalló Chamorro. «Esa es su ruta, por lo que no tenía que estar en Pucará. Lo que se dice es que los policías los extorsionan para que suelten dinero y los dejen ir, por ello aparecieron en Pucará”.

Alan Chamorro añade que es muy probable que otros involucrados en la extracción hayan fugado al ser intervenidos por la Policía. “En Ticlio he visto en diez años alrededor de seis intervenciones. La mitad se dio gracias a que un comunero local le pasó la voz a los policías, y otras denuncias son porque la Policía de carretera está pasando. De Serfor solo ha habido dos intervenciones y a veces ni ha habido denuncias”, comenta el biólogo de Ecoan.

Tal como se explica en un reciente reportaje de Ojo Público sobre la extracción de bofedales en Carampoma, estas especies de praderas húmedas altoandinas alimentan a los ríos y ayudan a conservar al agua y la vegetación que sirve para los animales de los comuneros. Al secar el espacio y extraer toda la turba, este queda con tierra desnuda y días después el pasto contiguo se seca. Para realizar esa nota, Ojo Público contó con el apoyo del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.

 

 

¿Qué hacer con el material incautado?

Uno de los problemas con las intervenciones a quienes trafican con turba extraída de bofedales de la sierra de Lima y límite con Junín es que el material decomisado suele perderse y, aunque hubiese intención de darle un buen uso, esto es casi imposible debido a sus características.

“Supuestamente alguna institución del Estado puede pedirla (la turba incautada), pero no lo hacen y se queda ahí en el local de Serfor hasta que muere y no sirve para nada”, comenta Chamorro, situación que se repetiría con la última intervención registrada.

Beatriz Fuentealba, directora en investigación en ecosistemas del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), explica que si bien existen técnicas para recuperar los bofedales, esperar la regeneración de la turba es un proceso que puede tardar hasta miles de años.

“Cuando se saca la turba, se saca el elemento más importante y el proceso natural de formación no se puede formar en laboratorios. No es que sea complicado, sino que necesita de condiciones específicas y es muy largo. Al sacar la turba, se extraen las plantas que tienen la capacidad de generarla y todo lo que se ha acumulado durante cientos de años. Recuperarla se puede hacer, pero tienes que esperar muchos años”, precisa Fuentealba.

La especialista añade que la turba con agua se encuentra en un espacio con poco oxígeno y que al exponerla se libera CO2, lo que hace que se seque y se convierta en vegetación muerta. Incluso, los métodos de fabricación de humedales artificiales usan técnicas atípicas a los bofedales y no logran reducir los tiempos en la creación de la turba.

Hay que mencionar que en 2018, el Minagri publicó el documento «Orientaciones para la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre» y que incluye a los bofedales. Aunque tal como indica Beatriz Fuentealba, si bien existe la posibilidad de recuperar este tipo de humedales, lo que es casi imposible de restablecer es la turba.

Sobre la jurisdicción 

Si la turba extraída de los bofedales no puede ser reubicada, y con la extracción de esta solo quedan espacios secos que perjudican la vegetación cercana. ¿Cuál sería el mejor método para evitar estas pérdidas? La respuesta parece obvia: protegiendo estos humedales, aunque la tarea no es tan fácil, sobre todo por un tema de jurisdicción.

Y es que, si bien existen zonas identificadas que podrían contar con personal que las supervise en coordinación con la Policía Nacional, el tema es que se encuentran muy alejadas de la oficina de Lima y el personal de Serfor Junín, ubicado más cerca, no puede tomar acciones.

“La zona de Ticlio es muy alejada y por el tema jurisdiccional, debería de intervenir la oficina de Lima, pero está muy lejos, como a cuatro horas. Entonces, los que intervienen son los policías locales y al no tener conocimientos llaman a Serfor Junín para llevarlos a La Oroya”, comenta Alan Chamorro, aunque añade que esta última dependencia no puede tomar acciones si es que no está en su zona y hasta la fecha sigue pendiente regularizar esta situación.

El biólogo agrega que este tema no debería ser un impedimento para las constantes vigilancias, pues ya existen puntos conocidos, y ante la dificultad de contar con personal tipo guardabosques, lo ideal sería contar con el apoyo de los comuneros y que Serfor agilice las denuncias que recibe en sus canales de comunicación.

“Las denuncias que uno hace a Serfor a veces ni te responden por WhatsApp. Una vez mandé unas fotos de unos traficantes de turba y me respondieron luego de un mes, incluso les había tomado foto a la placa del camión”, narra Chamorro.

A la espera de un inventario

Tal como se menciona en la nota de Ojo Público, hasta la fecha no hay un inventario de bofedales que permita tener un panorama claro de lo que se protege. Sin embargo, sí existe un proyecto a cargo, precisamente, de Beatriz Fuentealba de la Inaigem y que podría concretarse en 2022, dependiendo de ciertos factores.

“Nosotros iniciamos el proceso de inventario en julio debido a las condiciones (pandemia). Se espera tener para el 2021 la metodología definida. Luego será la fase de hacer el inventario que podría estar para el 2022, pero se necesitan varias cosas. Estamos buscando el apoyo de entidades que nos ayuden con el financiamiento”, comenta Fuentealba.

Para Alan Chamorro, si bien no existe una lista que permita identificar la ubicación de los bofedales en el Perú, de lo que sí se tiene conocimiento es de ciertas zonas en la sierra limeña a las que llegan recurrentemente los champeros (extractores ilegales).

“No existe un inventario nacional de bofedales, pero eso no quiere decir que no se sepa dónde son los lugares de extracción, porque lo que los hacen invierten poco, ellos van a bofedales grandes donde no hay cuidado y pueden extraer la mayor cantidad de turba. Estos lugares son muy conocidos: Ticlio, Marcapomacocha, Sangrar, Carapoma. Son como cinco puntos donde paran los camiones y esto no es de un año atrás, es de hace 10 años”, indica el biólogo y reitera en el problema de la jurisdicción.

“Si Serfor tuviera interés de ir, podría hacerlo, pese a estar lejos. La Oroya está a 45 minutos de donde sacan la turba, pero la burocracia no le permite hacer intervenciones en Ticlio. Tienen que pedir un permiso especial. Lo que tiene que hacer la policía es llevarlos ahí”, indica Chamorro.

Otro punto a analizar, según el biólogo de Ecoan, es el poco control que existe en el comercio de esta turba. Según cuenta, el material orgánico se distribuye y termina en viveros, donde es vendida de forma legal.

“Una de las cosas que se podría hacer es controlar quién te compra el material. Ellos van a alguien que vuelve ese material legal y lo distribuye, no creo que vayan vivero por vivero. Ojo que hay empresas legales que te venden suelos preparados y agrícolas, y estos podrían contener turba. El problema es que las personas que consumen esto no saben de dónde provienen. Hay que difundir de dónde proviene el material”, precisa Chamorro.

El marco legal

A fin de proteger los bofedales, tanto Serfor como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental recurren a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual contempla infracciones muy graves el “extraer o aprovechar recursos forestales ilegalmente, así como el transporte, comercialización, transformación, adquisición, posesión de productos forestales o de fauna silvestre, extraídos sin autorización” con sanciones de 0,1 y 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según la gravedad del caso.

Sin embargo, es necesaria una legislación más específica en términos (bofedales), es decir, que contemple la prohibición total de extracción de turba, esto debido a que no logra recuperarse y su generación tarde mucho tiempo, así como el tema de su comercialización.

“No se puede extraer turba o algún material orgánico de esa naturaleza bajo ninguna autorización administrativa. La idea es que nunca se extraiga turba, pues toma miles de años en formarse”, comenta Fátima Contreras, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), organización que es parte del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (junto a Forest Trends, el Imperial College de Londres, Ecodecisión y Condesan, con el apoyo de USAID)

Lo que destaca Contreras es la reciente publicación del Ministerio de Agricultura y Riego del “Decreto Supremo que aprueba el Protocolo de Actuación Interinstitucional para Gestionar y Proteger los ecosistemas incluidos en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” y que incluye a los bofedales en esta categoría (ecosistemas frágiles).

Lo que prepara el Ministerio del Ambiente

En la publicación de Ojo Público se menciona que el Ministerio del Ambiente (Minam) evalúa un proyecto normativo que busca proteger a los humedales y ordenar las competencias de las autoridades que intervienen en su gestión. En este se incluiría a detalles el tema de los bofedales y la prohibición total de extracción de turba.

“Se está elaborando una iniciativa de lineamientos y políticas desde el Minam para que se cree una normativa que permita proteger a los bofedales”, comenta una fuente cercana al Ministerio del Ambiente que conversó con Actualidad Ambiental, aunque detalla que el problema en la elaboración de este Decreto Supremo es que “necesita acuerdos multisectoriales”, es decir de varios ministerios y otras instituciones.

Hasta el momento no hay fechas confirmadas respecto a la publicación de esta norma, pero la propuesta existe y le daría un soporte legal tanto a Serfor como al Ministerio Público al momento de presentar las acusaciones contra quienes destruyen este tipo de humedales (bofedales) a fin de traficar con la tan preciada turba.