• Operadores de justicia de Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, San Martín y selva central participaron de taller en Iquitos.

El pasado 12 y 13 de diciembre, con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia en el país, se realizó el V Taller Macro regional organizado por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. El evento trató aspectos jurídicos y administrativos de las principales actividades de impacto ambiental en la Amazonía con énfasis en el delito de minería ilegal.

El taller, realizado con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), estuvo dirigido a juezas y jueces de Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, San Martín y selva central. La inauguración estuvo a cargo de Aldo Figueroa Navarro, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República e integrante de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental.

El primer panel estuvo conformado por Rodrigo Manrique García, especialista en hidrocarburos; Jean Pierre Araujo Meloni, abogado del programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA; Daniel Huamán Castellares, secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial; y Lucía Palao, abogada del programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, quienes expusieron sobre la actividad  de hidrocarburos en selva, concesiones forestales, fundamentos técnicos de la minería en la región amazónica e infraestructura en Amazonía, entre otros.

Manrique García dio a conocer las condiciones y estándares que las empresas deben cumplir para realizar las actividades ligadas al sector hidrocarburos, asimismo explicó las consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta frente a la existencia de áreas naturales protegidas o comunidades nativas.

«Un componente especifico de la evaluación ambiental es la participación social, los estudios ambientales complejos como el Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallado y el EIA semidetallado exigen un componente de participación ciudadana en el que la empresa además de desarrollar la evaluación ambiental debe presentar al Estado un mecanismo con el cual va a explicar a las personas su proyecto», puntualizó.

Jean Pierre Araujo expuso sobre la Ley Forestal y lo que esta norma permite o no en el caso de las concesiones forestales. «No solo contamos con una Ley Forestal, tenemos un norte de lo que queremos para el uso sostenible de nuestros recursos y esto se traduce en la política forestal y de fauna silvestre», indicó.

Sobre los proyectos de infraestructura y cómo lograr que esta sea sostenible para que sus beneficios estén en armonía con el impacto ambiental y social, Lucía Palao compartió información sobre algunos de los proyectos que se ejecutan en Loreto y los efectos que estos generan, como la deforestación. En ese sentido, la abogada de SPDA señaló que «lograr que se desarrollen (proyectos de infraestructura) es un gran reto, porque hay que pensar en cómo ser sostenibles, cómo mitigar y minimizar los impactos».

Por la tarde del primer día del taller los participantes visitaron las zonas afectadas por minería y tala ilegal en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.

Durante el segundo día del taller, el panel estuvo a cargo de Aldo Figueroa Navarro, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República; Federico Contreras, abogado de la SPDA; Fernando Arévalo, especialista en pueblos indígenas de la SPDA; y Jimena Álvarez Soto, especialista en ecología, gestión y restauración del medio natural, quienes expusieron sobre el delito de minería ilegal, áreas naturales protegidas, tierras de comunidades indígenas y el daño ambiental, respectivamente.