• Con protestas en la ciudad de Iquitos y el cierre del río Nanay a la altura de la comunidad de Santa María de Alto Nanay, la población llama a las autoridades regionales y nacionales a ejecutar medidas concretas para erradicar las dragas.
• Dirigentes aseguran que hay aproximadamente 60 dragas entre las comunidades Pucaurco y Alvarenga.

 

El pasado 7 de octubre, en plena madrugada (2:00 a. m.) se registró un nuevo hecho de violencia en el río Nanay, actualmente amenazado por la minería ilegal. En la comunidad de Santa María, un vigilante comunal advirtió la presencia de tres embarcaciones que trasladaban galones de combustible de forma sospechosa. Inmediatamente avisó al puesto policial, pero no encontró respuesta.

En estas circunstancias, la junta vecinal tuvo que actuar sin apoyo de la Policía. A bordo de un bote, cinco vigilantes comunales persiguieron a la embarcación sospechosa. Sin embargo, cuando lograron alcanzarla, una de las personas -de aparente nacionalidad colombiana- a bordo de la embarcación intervenida sacó un arma punzocortante y otra un arma de fuego. En medio de la gresca, uno de los vigilantes cayó al río y fue aplastado por el choque entre ambas embarcaciones.

“Ya nos hemos cansado y dicho que ya no confiamos en la Policía, ni en las autoridades. Realizamos una asamblea de emergencia y decidimos cerrar el río como medida de lucha”, narra Jhony Huaymacari, dirigente comunal de Santa María, en conversación con Actualidad Ambiental.

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Abandono, impunidad e inseguridad

La comunidad de Jhony Huaymacari es una de las pocas que se ha organizado para luchar contra la minería ilegal. Al principio entablaron un acuerdo con el actual comisario de Santa María, capital del distrito de Alto Nanay. Según el acuerdo, la Policía Nacional trabajaría con los vigilantes comunales para el control y vigilancia en la zona. Pero “al final se olvidaron de ese compromiso”, denuncia Huaymacari, quien manifiesta que la comunidad sospecha que los efectivos policiales están coludidos con los dragueros.

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La junta vecinal continuó con sus actividades de control sin el apoyo de la policía. El 3 de septiembre realizaron una de sus más grandes intervenciones e incautaron “14 galones de petróleo de una embarcación llamada Cabanillas”. Desde esa fecha, son amenazados de muerte. “Ya denunciamos esto a la Prefectura y a la Fiscalía”, denuncia el dirigente de Santa María y alerta que “cualquier atentado en contra de ellos tendrá como únicos culpables a esas personas”.

Esta sensación de impunidad, abandono y hartazgo frente al avance de la minería ilegal en su cuenca, sumado a la falta de respuesta de las autoridades, los motivó a iniciar su protesta y cerrar el río Nanay el pasado domingo 10 de octubre.

Minería en el Nanay  

Alertados de lo que ocurría en la cabecera de la cuenca que abastece de agua a la ciudad de Iquitos, se unieron a la protesta otros grupos organizados en esta ciudad, como el Comité de Defensa Defensa del Agua -organización que denuncia esta problemática desde el 2019- y el Frente Patriótico de Loreto.

Como se recuerda, las denuncias sobre la presencia de dragas en el río Nanay no son recientes. “Hace 4 años hicimos una primera denuncia, pero no nos hicieron caso. El gobierno regional y nacional hizo oídos sordos. Ahora estamos viendo nuestro río y nuestros peces contaminados, tarde o temprano vamos a sufrir de cáncer. No queremos eso, por eso estamos luchando para proteger esta agua que no solo tomamos nosotros, sino que también toman en la ciudad de Iquitos”, comenta Jhony Huaymacari.

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Desde el 2020, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ha liderado una serie de operativos. Como resultado se intervinieron más de una veintena de dragas. Pero, ¿por qué la problemática se hace más fuerte?, y ¿por qué no existe aún ninguna investigación preliminar contra los mineros ilegales que operan en esta zona?

La autoridad detrás de la tarea de intervenir es la FEMA, institución que se ubica en Iquitos. Entonces, para realizar los operativos el equipo de fiscales, acompañados de efectivos de la Marina de Guerra, deben viajar entre 5 y 7 horas. Esto les da tiempos a los ilegales para ponerse en alerta, gracias a sus equipos de comunicación como teléfonos satelitales y radios. Para cuando la autoridad llega a la zona, las dragas están escondidas en caños y cochas, y sus operadores han huido.

Sin detenidos, se complica la tarea de la Fiscalía. Por ello, la oficina fiscal que investiga este delito decidió enfocarlo como crimen organizado, lo que les da plazos más largos para reunir información. De esta manera, la investigación actual -que abarca los delitos de minería ilegal, financiamiento y tráfico de insumos para esta actividad- está pronta a pasar a la etapa preliminar, explica Bratzon Saboya, fiscal provincial adjunto de la Fema Maynas y quien investiga este tema.

Piden la atención del presidente Castillo

En respuesta al cierre del río, un grupo de efectivos de la Marina de Guerra llegó hasta la zona el 11 de octubre (un día después de iniciadas las protestas) para cumplir con uno de los pedidos de los manifestantes: hacer presencia inmediata para controlar las embarcaciones que transitan por el Nanay.

Con la Marina en su territorio, la comunidad realizó una nueva asamblea en la que acordaron quitar la cuerda que cerraba el río. Con la condición de que les asegurarán la presencia permanente de la Marina con un puesto naval en su comunidad y la acreditación de dos sargentos de playa elegidos por la comunidad.

Además, lograron detener una embarcación con cinco personas de nacionalidad colombiana y sin documentos en regla. Estas fueron puestas a disposición de las autoridades en Iquitos. La embarcación sería la misma que fue intervenida con 14 galones de combustible el pasado 3 de septiembre. Además, la población de Santa María sospecha que se trata de los propietarios de las dragas.

Aunque uno de sus pedidos fue cumplido, el dirigente de Santa María advierte que la protesta continúa. “Seguiremos en pie de lucha hasta que tengamos la presencia de las autoridades competentes, regionales y nacionales. Queremos respuesta del presidente de la República, de la Presidencia del Consejo de ministros, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio del Interior”, manifestó.

Asimismo, advirtió que otras comunidades de las cuencas del Pintuyacu y Chambira se sumarán a las protestas hasta que todos sus pedidos sean atendidos. “Queremos también el cambio inmediato de los efectivos policiales de nuestro distrito y del juez de paz, que en vez de apoyarnos nos ha denunciado penalmente por ser supuestamente agitadores, generar disturbios y problemas entre vecinos, cuando eso es falso”, agregó.

El petitorio incluye la presencia inmediata de los Gobiernos regionales y nacionales, la salida de los extranjeros que están en esta zona, y la aceleración de los 40 proyectos de infraestructura que están a la espera de respuesta en su distrito, entre los que figuran las obras de ampliación de su centro de salud, la instalación de agua y desagüe, y la refacción de un colegio.

Datos:

• El Gobierno Regional de Loreto se pronunció en respuesta a las manifestaciones pidiendo el apoyo de la Marina de Guerra y la Policía Nacional.
• La junta vecinal de Santa María, que voluntariamente ha asumido la tarea de luchar contra la minería ilegal, solicita el apoyo de toda la ciudadanía de Iquitos. Ellos piden que les apoyen donándoles víveres con los que puedan abastecerse. Quienes estén interesados pueden comunicarse al: 968947665..

 

 

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