La titulación comunal de sus territorios es una de las principales demandas de los pueblos indígenas porque les otorga seguridad legal sobre el espacio que ocupan ancestralmente, y respaldo en su papel de protectores de los recursos y el ambiente. En la región Loreto, la brecha de titulación equivale al 39.3 % de comunidades reconocidas, un porcentaje que el Estado se comprometió a disminuir a cero en los próximos dos años.

“Nosotros estamos en la búsqueda de cerrar la brecha de titulación”, manifestó el apu Jorge Perez Rubio, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), en conversación con Actualidad Ambiental. La tarea de titular a las 468 comunidades nativas pendientes conlleva un trabajo articulado entre las organizaciones indígenas y las instituciones del Estado.

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“Estamos trabajando proyectos en los que están involucradas muchas asociaciones que están participando directamente, ya sea como monitores, como evaluadores, o en la parte social”, indicó Sergio Donayre, actual director de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto (Dral), en referencia a la manera en que su dirección y las federaciones de Loreto trabajan en este tema. Donayre reconoce que “la brecha de comunidades por titular es alta”, por lo que considera importante la suma de fuerzas para cumplir con el compromiso asumido.

Por su parte, las organizaciones indígenas cumplen, entre otras tareas, la de monitoreo de los compromisos que asume el Estado y el trabajo que se hace para cumplirlos. “Vamos a hacer monitoreo del compromiso del Estado de titular la totalidad de comunidades. Asimismo, por el lado de los pueblos indígenas, hemos buscado fondos de la cooperación internacional para poder mover la burocracia del Estado y que puedan cumplir con su deber, que es el de dar la seguridad jurídica a los territorios de los pueblos indígenas”, enfatizó Jorge Perez.

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Sin embargo, frente a la intención de avanzar con los procesos de titulación, surgen dificultades que los retrasan o paralizan. Estas van desde conflictos sociales entre comunidades por colindancia, hasta superposición de derechos con bosques de producción permanente (BPP). En este sentido, el reto para la autoridad que lidera los procesos de titulación consiste en establecer protocolos para resolver conflictos comunes y reforzar las capacidades de los profesionales con lo que trabajan.

Warren Guerrero, especialista en Titulación de Comunidades Nativas y Campesinas de la Dral, manifiestó que, si bien el compromiso que tiene el Estado es terminar los procesos de titulación de comunidades, en el aspecto político se pueden manejar metas, pero desde el aspecto técnico y legal hay mucho trabajo por hacer.

“Las dificultades se centran en el lado técnico y legal. A pesar de las dificultades, estamos avanzando, por ejemplo, con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Además estamos articulando acciones para establecer la forma en que se deben presentar los expedientes a esta institución de modo que no sean observados. Sin embargo, hay problemas que aún no están resueltos por completo, en lo que concierne a clasificación de suelos y superposición con BPP sobre todo. Asimismo ,está pendiente aclarar el tema de los derechos de servidumbre”, afirmó Warren.

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El director regional de Agricultura suma a las dificultades, para avanzar los procesos de titulación en Loreto, la falta de logística. “El principal obstáculo es el logístico en toda su dimensión. Por ejemplo, por las condiciones geográficas de la región y la distancia a la que se encuentran las comunidades indígenas, hay dificultades para cubrir los traslados del personal técnico que debe ir a campo a levantar información, pues el costo de llegar a las comunidades es alto”, explicó Donayre.

A ello, añadió la necesidad de fortalecer las capacidades del personal “formando técnicos en titulación y en catastro”. También, reconoció la importancia del trabajo articulado con las organizaciones indígenas. “Hay que tener en cuenta la idiosincrasia de las poblaciones indígenas en la región, tienen sus propias formas de vida, sus propias reglas, su cosmovisión, en este sentido es importante mantener una línea de trabajo con las organizaciones para llegar de forma adecuada a las comunidades”, concluye Sergio Donayre.

Sobre lo avanzado

A la fecha, se han titulado 7 399 318.72 hectáreas de territorio indígena, ubicados en las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañon, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena, Ucayali y Putumayo. Este número resulta de la suma de la superficie titulada y ampliaciones efectuadas hasta el primer semestre del año en curso.

 

La titulación de comunidades se trabaja a través de proyectos. En Loreto están vigentes 6 con los que se espera avanzar 510 procesos más. Esto quiere decir nuevas titulaciones, rectificaciones y ampliaciones.

El trabajo de titulación se viene realizando gracias a sinergias entre la Dral, instituciones públicas, federaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, la financiación para poder titular es gestionada por las federaciones, brindada por cooperantes externos y canalizada a través de los distintos proyectos. “No hay un recurso destinado por el mismo Estado para la titulación de comunidades nativas, por ello utilizamos convenios”, precisó Warren.

En cuanto a la metodología de trabajo en campo, el especialista en titulación de comunidades de la Dral, indicó que la estrategia empleada consiste en trabajar por bloques geográficos. Es decir, avanzan titulando microcuencas enteras y de esa manera se emplean mejor los recursos.

La titulación de sus territorios se entiende como una de las principales demandas de las organizaciones porque “cuando una comunidad no está titulada es muy vulnerable ante la lógica normal de la sociedad, la cual es de que el territorio de los pueblos indígenas tiene que estar titulado para que puedan respetarlo”, precisó el presidente de Orpio, quien denuncia que, por ejemplo, “en el Bajo Amazonas, donde hay una afluencia muy abrumadora de lo que llamamos los Israelitas, el territorio de las comunidades peligra, dado que son comunidades sin titular, entonces, estos grupos de personas van con la propuesta de que si no hay un título el territorio es del Estado”.

DATO: 

• El presidente de Orpio indica que desde su organización, en alianza con el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia), se está trabajando un diagnóstico regional de los derechos que faltan  asegurar a los pueblos indígenas.