Loreto: Denuncia penal por construcción ilegal de carretera en Parque Nacional Sierra del Divisor llega a instancias decisivas

Foto: Mongabay.

Por Jhonny Salazar / Angela Rodriguez.

En el año 2012, la Fiscalía Ambiental de Maynas inició una investigación y formuló una denuncia contra el representante de la empresa «Consorcio Maderero SAC» por la construcción de una vía rural de 85 km de largo que afectaba al Parque Nacional Sierra del Divisor y que se realizó sin certificación ambiental, autorización de desbosque ni opinión técnica del Sernanp. A la fecha, el caso va a llegar a juicio oral, instancia final del proceso.

En el 2011, según la acusación fiscal, trabajadores de la empresa “Consorcio Maderero SAC” talaron bosques sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes para construir una vía rural que comunicara el aserradero de la empresa, ubicado a orillas del río Ucayali (distrito de Vargas Guerra, provincia de Ucayali, Loreto) con las parcelas de corta, ubicadas dentro de la concesión forestal de la empresa en los distritos de Maquía y Emilio San Martín, provincia de Requena.

En esa fecha, el Parque Nacional Sierra del Divisor se encontraba en proceso de categorización como área natural protegida y era zona reservada. La vía rural también se superponía a lo que entonces era la propuesta del Área de Conservación Regional Aguas Calientes.

El acusado en el proceso es Leovigildo Guzmán Chávez, representante de la empresa “Consorcio Maderero SAC” y titular de la concesión forestal Nº 16-REQ/C-J-138-04, cuya extensión supera las 40 mil hectáreas y se ubica en los distritos Emilio San Martín y Alto Tapiche, en la provincia de Requena, Loreto.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas solicita para él la pena de 7 años de prisión efectiva como autor mediato de la comisión del delito contra los recursos naturales en la modalidad de tala ilegal de bosques naturales agravado.

En turquesa, el Parque Nacional Sierra del Divisor. Al medio de la imagen se puede ver la concesión forestal Nº 16-REQ/C-J-138-04. Imagen: Sisfor.

Cronología del caso

Leovigildo Guzmán Chávez, representante de la empresa “Consorcio Maderero SAC”, solicitó desde el 2011 la construcción de una vía terrestre de 85 km. de largo, tramitando permisos a diversas instancias como el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, la Dirección Ejecutiva del Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto (Procrel), la Gerencia de Saneamiento, Salud y Medio Ambiente del Municipio Provincial de Ucayali-Contamana. Su pedido recibió diversas observaciones socioambientales, formales y normativas, como que iba a causar un impacto significativo que iría en contra de los objetivos de conservación en el área.

En mayo del 2012, el representante de la empresa solicitó a la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones la aprobación para la ejecución del Proyecto denominado “Mantenimiento de camino rural entre las comunidades nativas Isla Baños – Nuevo Canchahuaya hasta la Concesión Forestal Consorcio Maderero SAC”. Esta instancia remitió el pedido a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto, órgano que no era competente para admitir la realización del proyecto. Sin embargo, sin haberse agotado el procedimiento administrativo, indica la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas, el acusado ya había iniciado la ejecución de la obra, talando bosques.

Un representante del Ministerio Público realizó una inspección en la zona el 15 de setiembre del 2012, encontrándose un campamento de la empresa Consorcio Maderero SAC. Los trabajos de construcción de la vía siguieron, manteniéndose la tala de bosques que se realizó sin autorización de desbosque, según constató la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego. La tala ilegal de bosques fue verificada nuevamente por una inspección fiscal realizada en julio del 2015, donde se pudo constatar la presencia de campamentos y maquinaria pesada en operación.

En agosto del 2015, en una nueva inspección realizada con presencia de representantes del Ministerio Público, Sernanp y el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, recorrieron la ruta de la obra en ejecución, verificando que no se trataba del mantenimiento de una trocha carrozable sino de la apertura de una vía, que en su trayecto ingresaba a la zona reservada Sierra del Divisor.

Según un informe técnico fundamentado del Sernanp del 12 de marzo del 2016, la jefatura del Parque Nacional Sierra del Divisor indicó que la vía carrozable había alterado la estabilidad de los suelos, la cantidad, calidad y procesos ecológicos y evolutivos naturales que allí se suscitan. Además, se cuantificó en 1500 m2 la alteración de las formaciones boscosas al interior del Parque Nacional Sierra del Divisor (entonces zona reservada). Se señaló que el bosque ha dejado de almacenar carbono estimándose su recuperación en un periodo de 30 años con un costo de 22 612.50 soles. La recuperación de la zona afectada, basada en reforestación, descompactación del suelo y mantenimiento de la plantación por un período de 5 años, se estima en 179 mil soles.

Marvin Loja Arévalo, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas. Foto: Angela Rodriguez / Actualidad Ambiental.

Un caso emblemático que también puede cumplir un fin disuasivo

En conversación con Actualidad Ambiental, Marvin Loja Arévalo, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas, indicó que con el caso se busca no solamente la sanción sino también un resarcimiento y que se cumpla un fin preventivo para que otras personas no cometan este tipo de acciones o que ejecuten estas actividades en el marco de la ley.

“La Fiscalía Ambiental ha considerado este caso como emblemático porque engloba un menoscabo grave ejecutado sobre esta zona y por el rol que desempeña el Parque Nacional Sierra del Divisor: se trata de un banco de carbono que beneficia al ser humano”, indicó Marvin Loja.

¿Qué sigue en el proceso penal?

Aprobado el caso para llegar a juicio oral, aún no hay fecha de inicio para las audiencias. La Fiscalía Ambiental de Maynas espera obtener una respuesta sancionadora por parte del órgano de administración de justicia, ejecutada por una sentencia firme. “Sigue dar batalla porque la Fiscalía Ambiental va a demostrar en el juicio oral que el delito se ejecutó. Un delito que tuvo su inicio en el 2011 y cesó en el 2015, mediante la construcción de esta vía. Vamos a tener que exponer los medios probatorios que han sido admitidos, con los cuales hemos llegado a la conclusión de que ha sido necesario acusar a Leovigildo Guzmán Chávez. La defensa cuestionaba que el denunciado no tenía conocimiento y al no encontrársele realizando las actividades de desbosque o tala, su postura era que no se le podía atribuir ese delito. Eso no es correcto. En el ámbito del derecho penal entendemos cómo hay formas de participación delictiva. Una de las tantas formas que podemos atribuirle a una persona es la autoría mediata, es decir, se instrumentaliza personas que van a hacer las acciones que yo quiero. El hecho de no haber talado árboles no lo exime de responsabilidad”, concluyó Marvin Loja Arévalo, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas.

DATO

Sierra del Divisor es un complejo de montañas de origen volcánico que alberga espectaculares paisajes y posee zonas que jamás han sido intervenidas por el hombre. Según el Sernanp, geológicamente es una de las zonas más antiguas de la Amazonía. Dentro del lugar existen especies de flora y fauna endémicas. Es refugio de distintas especies de fauna silvestre en categoría de amenaza y casi amenazadas como el mono huapo colorado (Cacajo calvus) y el jaguar (Panthera Onca), entre otros, lo cual hace que este lugar sea un área de alto interés para la investigación.