• En mayo de 2019, el Gobierno se comprometió a saldar la brecha de titulación de comunidades nativas al llegar el Bicentenario. Sin embargo, la pandemia y la inestabilidad política han contribuido a que esta meta continúe lejana.

En Loreto, la región con mayor presencia de pueblos indígenas, se han reconocido hasta la fecha 1226 comunidades nativas. Sin embargo, a puertas de los 200 años de la República, la deuda con estos pueblos aún está vigente.

En Loreto, más de 390 comunidades continúan a la espera de obtener seguridad jurídica sobre los territorios que habitan ancestralmente, pese a que el entonces presidente Martín Vizcarra se había comprometido, en el 2019, a titular a todas las comunidades antes del Bicentenario.

A días de cumplirse este plazo, esta meta continúa lejana. Aunque desde este anuncio se dieron importantes pasos para avanzar con la titulación, como la aprobación del primer lineamiento sobre demarcación de comunidades nativas, la falta de un presupuesto destinado exclusivamente para estos procesos dificulta esta tarea.

“Debería trabajarse esto (procesos de titulación) facilitando presupuestos directamente a los gobiernos regionales”, sugiere Warren Guerrero, especialista en titulación de comunidades nativas de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto (Dral), en conversación con Actualidad Ambiental.

A esto se suma la pandemia del COVID-19, que limitó el  avance de los procesos de titulación e impidió la entrada a campo necesaria para el inicio de nuevos procesos durante más de un año.

“Estamos avanzando a un 50% por las limitaciones de personal y por el tiempo de para. Pero, tenemos el apoyo de  instituciones como el Centro de Estudios del Indígena Amazónico (Cedia), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el proyecto Saweto, que nos están apoyando”, reconoce el especialista de la Dral.

Asimismo, agrega que trataron de avanzar lo máximo posible, pero la pandemia representó el estancamiento de muchos procesos, como el trabajo de campo.

“Teníamos procesos con trabajo de campo ya realizado que dejaron proyectos anteriores, pero faltaba registrar, trabajar la documentación y los planos. Por ello, nos hemos dedicado a cerrar esos procesos”, explica.

Por su parte, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señala que además de la pandemia, el contexto de “inestabilidad política nacional ha contribuido a que la brecha continúe siendo considerable”.

Frente a esto, el líder indígena recalca que la demanda de los pueblos indígenas de seguridad jurídica territorial debe darse “sin importar quién sea el presidente”, por lo que continuarán exigiendo el cumplimiento de este derecho, así como el diálogo “con el nuevo presidente para que el Estado peruano cumpla con los pueblos indígenas”.

El camino avanzado

Aunque aún no se logró saldar la brecha de acceso a seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas, existen avances importantes.

Según información del Gobierno Regional de Loreto (Gorel), hasta ahora se han logrado titular 748 comunidades, 22 comunidades más que hasta finales de 2019.

Al mismo tiempo, se culminaron procesos de ampliación de 123 comunidades y se rectificaron otras 35. En este punto, resulta necesario indicar que la seguridad jurídica territorial para las comunidades va más allá del proceso de titulación.

[[Infografía] Loreto y la seguridad jurídica de territorios indígenas: avances y pendientes] 

Esto, porque en el Perú, además de la titulación, es necesario que se tomen en cuenta otros dos procedimientos adicionales: la georreferenciación (necesario para rectificaciones) y la ampliación.

Estos procesos adicionales a la titulación responden a las necesidades actuales porque existen comunidades cuyos territorios necesitan ser georreferenciados ya que fueron tituladas en épocas en las que aún se empleaban mecanismos de tipografía clásica, lo cual impide su inclusión en el sistema de catastro digital, dando lugar a la superposición de derechos y a conflictos limítrofes.

Asimismo, las comunidades nativas tituladas pueden, con el paso del tiempo, necesitar más espacio. Para ello, la legislación peruana ha implementado un tercer procedimiento: la ampliación. Esta consiste en la emisión de un título sobre una extensión del territorio indígena. Ello se da luego de haberse acreditado y verificado que la comunidad posee tierras en cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades de su población.

De esta manera, son 3 los procedimientos de saneamiento físico legal que la autoridad encargada de brindar seguridad sobre sus territorios a las comunidades debe tener en cuenta: titulación, georreferenciación y ampliación.

Sin embargo, el cierre de brecha planteado hasta ahora solo considera uno de estos procedimientos, el de titulación.

En este contexto, resulta crucial que se sigan implementado políticas enfocadas a garantizar el acceso al derecho de tenencia del territorio de las comunidades nativas, así como presupuesto que permita cubrir la logística y equipo profesional necesario, explica Warren Guerrero.

“Tienen que haber dos equipos, uno que rectifique, regularice y actualice, y otro que sanee”, precisa el funcionario.

Datos:

• La brecha actual de titulación de comunidades nativas en Loreto, según el Gorel es de 392 comunidades que actualmente están siendo evaluadas y trabajadas por diferentes proyectos y cooperación internacional tales como SPDA, CEDIA, PTRT3, NCI, SAWETO, PNUD. Esto, a partir de considerar que existen 86 comunidades que no podrán ser tituladas por diversos problemas, entre los que resalta la superposición de derechos.
• En cuanto a territorios comunales se tiene titulado 8 413 294.93 hectáreas, de las cuales 6 841 859.73 ha se encuentran inscritas y 1 571 435.20 ha pendientes por inscribir.
• Existen en Loreto un total de 29 grupos etnolingüísticos identificados en las 1226 comunidades reconocidas, siendo la Cocama Cocamilla la etnia con mayor número de comunidades: 330 reconocidas.

 

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