(Foto: SPDA)

Por: Jack Lo

La cuestionada Ley 30723, aprobada en el Congreso a fines de 2017 y que pone en peligro la vida de los pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía sur del país, es una amenaza latente. La posibilidad de que esta parte del pulmón del mundo se convierta en tierra de nadie gracias a esta polémica ley promovida por la bancada de Fuerza Popular, es muy alta.

La carretera Interoceánica sur en Madre de Dios es un claro ejemplo de infraestructura sin planificación. Caos, delincuencia, muertes. Es por ello que líderes indígenas y distintas organizaciones civiles siguen preocupados por esta situación.

La forma en que se aprobó esta ley sigue molestando a los líderes. No se pidió opinión a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso; al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura; al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia; al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp); a los Ministerios del Ambiente y de Salud; ni a la Defensoría del Pueblo. Todos los mencionados se han pronunciado en contra. A pesar de ello, el Ejecutivo no la observó.

Ante esta situación, Lizardo Cauper, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que representa a todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, mostró también su total rechazo. “Están afectando a los pueblos en nombre del desarrollo. Queremos la derogación de esta ley que no tiene sentido. Los ministerios y distintas instituciones se han pronunciado en contra y nadie dice nada. Nos preocupa la forma en la que se promulgó la ley, a escondidas. No quieren el desarrollo de la gente, quieren sacar madera y tumbarse el bosque. La creación de carreteras sin planificación en la Amazonía vulnerará los derechos de nuestros hermanos, que serán maltratados y abusados. Eso es lo que están buscando. No vamos a parar hasta la derogación de esta ley”, sentenció Cauper para Actualidad Ambiental.

Medidas desde el Poder Ejecutivo

La semana pasada el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 005-2018-MTC (DS). El mismo que obliga a todos los proyectos de infraestructura vial respetar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los bosques donde viven los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Si bien este DS ha sido considerado como un avance para diversas organizaciones, los líderes indígenas resaltan algunos vacíos.

[Revisa la opinión de la SPDA sobre este decreto]

“Como Fenamad hubiéramos querido que sean más claros en esta norma y nos digan qué carreteras se van a excluir. Tienen un plazo de 90 días para que el MTC actualice y modifique el Clasificador de Rutas del SINAC. Durante estos días estaremos muy atentos y activos ante las modificaciones que se realicen. Nos preocupa mucho la vida de nuestros hermanos indígenas que viven en estos bosques”, comentó Julio Cusurichi, Presidente de la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). El también Premio Goldman le recuerda al Estado, la Medida Cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 262-05-Perú) que beneficia a los PIACI que habitan en este rincón del mundo. “Se tiene que respetar la vida y no pasar por encima de ella. Y nada nos asegura que en 90 días se realicen los cambios que se necesitan”, concluye Cusurichi.