Líderes indígenas que llegaron al Lima esperan apoyo del Estado ante la ola de amenazas que reciben de parte de mafias. Foto: El Comercio

• Ocho líderes indígenas de Ucayali y Huánuco llegaron a Lima para exponer sobre su dura lucha contra el narcotráfico, invasores y taladores ilegales.

Un grupo de líderes indígenas de Ucayali y Huánuco llegaron a Lima hace poco para solicitar protección al Estado ante las constantes amenazas que reciben de parte de mafias de narcotráfico, de invasores y taladores ilegales.

Según indica una nota del diario El Comercio, los líderes fueron recibidos por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, el 2 de diciembre y se acordó la revisión del protocolo de los defensores de derechos humanos a fin de prevenir y proteger a los pueblos indígenas.

Los representantes indígenas también tuvieron una reunión con el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas, quien aseguró que la lucha contra el crimen organizado en zonas de la selva sería más activa y estaba por aprobarse un protocolo de actuación policial para trabajarse junto a las comunidades.

La Procuraduría del Ministerio del Ambiente también recibió a este grupo de líderes y se anunció que se redactarían denuncias que serían derivadas a la Dirección Nacional contra las drogas (Dirandro) de la PNP.

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En el caso del Congreso de la República, la propia Mirtha Vásquez, presidente del parlamento, les indicó que existía un proyecto de ley del Frente Amplió destinado a velar por la integridad de los defensores de derechos humanos. Alberto Belaunde, congresista del Partido Morado, también se ofreció a proponer un proyecto sobre defensores ambientales.

Cabe mencionar que el 6 de diciembre, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días a cinco distritos de Huánuco (Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo y Honoria) y tres distritos de Pasco (Constitución, Palcazú y Puerto Bermúdez) a fin de fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, tala ilegal de manera y otros casos de crimen organizado.

Algunos casos

El 2 de octubre de este año, el apu Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) y su asesor Jamer López, recibieron un mensaje amenazador en la puerta del local de la institución que representan. Esa misma fecha, otro trabajador de la organización en mención fue baleado en un supuesto asalto.

Orau representa a 300 comunidades de 15 pueblos amazónicos de Ucayali y en reiteradas ocasiones ha denunciado recibir amenazas de mafias que operan en la selva y cuentan que la ayuda recibida por el Ministerio de Justicia duró un día.

Diques fue uno de los líderes que llegó a Lima junto a otros representantes de comunidades de Ucayali, Huánuco y Pasco que viven con el temor de ser asesinados por el crimen organizado de sus respectivas regiones.

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Otro caso es el de Zulema Guevera, quien busca justicia para su esposo, Arbildo Meléndez Grandes (34), líder cacataibo de la comunidad Unipacuyaku, quien fue asesinado de un balazo el 12 de abril de 2020, tras recibir diversas amenazas por enfrentarse a invasores vinculados al tráfico de tierras. Dichas amenazas eran conocidas por las autoridades.

“Desde que murió mi esposo, yo me encuentro en estado de abandono por parte del Estado”, dijo Zulema, quien ha tenido que alejarse de su comunidad junto a sus hijos, pues las amenazas persisten y su lucha por encontrar justicia se mantiene. Hasta la fecha, el asesino confeso no ha sido detenido.

Miguel Gimaraes Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), también ha recibido amenazas desde 2018. La última fue un mensaje telefónico en octubre de este año.

“Estamos aquí tratando de conversar con las autoridades porque no queremos ser la próxima víctima”, indicó Gimaraes, quien relata que muchas mafias tumban bosques cercanos a su comunidad Flor de Ucayali, para sembrar hoja de coca e instalarse, deforestando cientos de hectáreas, por lo que es necesaria la presencia del Estado.

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También llegó a la capital Diana Ríos, hija de Jorge Ríos, quien fue asesinado junto a otros líderes ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez en septiembre de 2014. Los cuatro habían denunciado a las mafias de tala ilegal.

“Las personas sindicadas ya están identificadas. Tenemos fotos, evidencias, todo. No es justo que se quiera archivar el caso. Fueron cuatro líderes asesinados por defender sus bosques, su territorio. El Estado ha sido el causante de esto por no escuchar nuestras demandas”, precisó Ríos.

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Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca) y Marcelo Odicio Angulo, líder de la comunidad nativa Yamino (provincia Padre Abad (Ucayali), también llegaron a Lima con la esperanza de encontrar protección ante las amenazas del crimen organizado.