Foto: Vico Méndez / SPDA
- Publicación de CEPAL y la Universidad del Rosario de Colombia reúne ensayos de especialistas internacionales sobre el tratado regional que fomenta la participación, participación y justicia ambiental, así como la protección de los defensores ambientales.
- Carol Mora e Isabel Calle, ambas especialistas de las SPDA, también colaboraron en esta publicación.
Con el fin de difundir la importancia del Acuerdo de Escazú y sus objetivos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Universidad del Rosario de Colombia, publicaron El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Este libro presenta ensayos escritos por diversos expertos de Latinoamérica y El Caribe que, desde su perspectiva, analizan este primer tratado regional ambiental, y el primero en el mundo en referirse específicamente a la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú (debido a la ciudad donde se adoptó), fue suscrito por el Perú en setiembre de 2018; sin embargo, el anterior Congreso decidió no ratificarlo debido a una campaña de desinformación. Finalmente, este tratado entró en vigencia el pasado 22 de abril, en el Día de la Madre Tierra.
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En la presentación del libro, José Luis Samaniego, titular de la Dirección de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL destacó que el Acuerdo de Escazú es un ejemplo de cómo los países de la región pueden trabajar mirando hacia un mismo horizonte.
“En este contexto de crisis social, ambiental, sanitaria y económica, el Acuerdo de Escazú es un ejemplo de cómo los países de nuestra región pueden, bajo un enfoque de concertación, progresividad, operación y fortalecimiento de capacidades, enfrentar desafíos globales y reforzar al mismo tiempo la gobernanza ambiental regional, contribuyendo al progreso social, económico y ambiental de manera simultánea”, resaltó.
Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria general de CEPAL, señaló que el acuerdo “es un ejemplo del multilateralismo y de la participación ciudadana plena en las negociaciones. Yo creo que el futuro de las Naciones Unidas y el futuro del multilateralismo radica justamente en un acuerdo que fue negociado entre los gobiernos y el público”.
[Ver además ► Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales]
Participación peruana
Esta publicación contiene ensayos escritos por reconocidas expertas y expertos sobre desarrollo sostenible y democracia ambiental de América Latina y el Caribe. Posee distintas perspectivas del Acuerdo de Escazú en el marco de las cinco esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Entre los especialistas figuran Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA; e Isabel Calle, directora ejecutiva de la misma organización. Ambas expertas colaboraron con el ensayo titulado “El Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 como eje fundamental de la reactivación económica nacional en el caso peruano”.
El artículo se enfoca en demostrar que el Acuerdo de Escazú es una oportunidad en el contexto actual de la pandemia del COVID-19 para garantizar obligaciones de transparencia pasiva y activa de los Estados y para proteger derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada, en virtud del Convenio 169 de la OIT, en el marco de la ejecución de proyectos de inversión pública y privada.
Por otro lado, también se encuentra la colaboración de Mariano Castro Sánchez-Moreno, viceministro de Gestión Ambiental del Perú. El actual funcionario del Ministerio del Ambiente (Minam) colaboró con el ensayo “La alianza de clínicas jurídicas ambientales y el Acuerdo de Escazú”, el cual analiza el papel de las clínicas existentes en varios países de América Latina y el Caribe para sumar capacidades hacia el reconocimiento y la defensa de los derechos ambientales en la región.
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