• Publicación de la SPDA resalta cómo el Acuerdo de Escazú contribuiría a la construcción de mejores estándares respecto a transparencia, participación y protección de los defensores ambientales.

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La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta Democracia ambiental en el Perú, una publicación que recopila diversos artículos especializados de autores nacionales e internacionales respecto a los derechos de acceso en materia ambiental y desarrollo sostenible, así como democracia ambiental especializada, temas que abarca el Acuerdo de Escazú.

Como se recuerda, en septiembre de 2018, el Perú suscribió el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el “Acuerdo de Escazú”, el cual busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y a la justicia ambiental; asimismo, fortalecer la protección y garantizar entornos seguros para los defensores ambientales.

El Acuerdo de Escazú entró en vigor en abril de 2021 y hasta la fecha ha sido ratificado por 14 países. Si bien la entrada en vigor de este tratado se convirtió en un logro sin precedentes para la región, hasta la fecha el Congreso peruano no lo ha ratificado en dos ocasiones, bajo el argumento de que este tratado puede ser lesivo para el país, lo cual ha sido desmentido en diversas ocasiones por especialistas, organizaciones nacionales e internacionales.

Con Democracia ambiental en el Perú la SPDA tiene como fin evidenciar y posicionar la oportunidad que representa el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe: construir mejores estándares de un gobierno abierto, de rendición de cuentas, de herramientas más eficaces para participar en toma de decisiones, pero sobre todo para reflexionar sobre el ejercicio de la justicia y, más que nunca, establecer canales de atención y protección a las personas defensoras ambientales.

La ratificación de este acuerdo aún está pendiente y hacerlo representaría un ejemplo claro respecto al compromiso hacia la consolidación de la gobernanza y democracia ambiental, además sería una oportunidad para reforzar la implementación de nuestras políticas públicas orientadas a prevención de conflictos y la defensa del ambiente.

“Como sociedad civil, buscamos destacar la necesidad de seguir trabajando hacia la construcción de instituciones más sólidas que sean capaces de transparentar su información y sus procesos en la toma decisión pública, así como la atención de los derechos fundamentales”, destaca la SPDA.

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