• Según informe de la Defensoría del Pueblo, las mujeres indígenas sufren diversas carencias como la falta de documento de identidad, acceso a educación, salud y además sufren violencia física.

 

Con el fin de evidenciar la realidad de la mujer indígena en nuestro país y plantear propuestas para mejorar sus condiciones de vida, la Defensoría del Pueblo presentó un informe que presenta una mirada general de las brechas sociales que afectan a este grupo frente a sus pares hombres dentro de las comunidades amazónicas o andinas, y el resto de la sociedad.

Según el informe “Situación de los Derechos de las Mujeres Indígenas en el Perú”, este grupo sufre mayores violaciones a sus derechos humanos que las mujeres no indígenas: muchas no tienen documento de identidad, carecen de educación escolar o superior, no tienen acceso a salud y sufren violencia física.

Según el Censo Nacional realizado el 2017, unas 18 376 mujeres indígenas no cuentan con un Documento Nacional de Identidad (DNI). Lima concentra 1873 mujeres de habla quechua sin DNI; le siguen Cusco con 1636; y Áncash con 1049. En la Amazonía destacan Amazonas, Loreto y Ucayali.

Respecto a educación, 299 comunidades campesinas y nativas no cuentan con un centro educativo dentro de su territorio. Al 2017, medio millón de mujeres indígenas no sabían leer ni escribir. Más del 40% de adolescentes indígenas no está matriculada en el nivel secundario y el 20% de ellas tienen atraso escolar. En la Amazonía, 23% de mujeres ashaninkas no alcanzó ningún nivel educativo.

En salud, más del 60% de comunidades nativas y campesinas no cuentan con un establecimiento de salud en su territorio. Estos servicios, agrega la Defensoría, son esenciales si se tiene en cuenta que las mujeres indígenas de la Amazonía en edad fértil (15-49 años) tienen entre 4 a 5 hijos e hijas en promedio, y las mujeres andinas tienen entre 3 a 4 hijos e hijas.

El informe también destaca que, según la ENDES 2018, más de la mitad de la población femenina indígena ha sufrido alguna vez violencia familiar y casi 7 de cada 100 mujeres (6.8%) sufrió violencia sexual. Las mujeres sin nivel educativo son las más vulnerables, ya que el 12.3% de ellas fueron agredidas sexualmente. A nivel departamental Apurímac presentó el mayor número de incidencia de violencia sexual.

También se advirtió que el 74.7% de mujeres quechuahablantes son víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero, y que el 11.5% de ellas ha sufrido violencia sexual.

“El Ministerio Público reportó 526 casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, durante el 2018. De ellos, 411 casos corresponden a mujeres quechuas, 370 casos son por violencia sexual cometidos contra menores indígenas de 18 años; y 166 casos contra niños y niñas indígenas entre 11 a 14 años”, señala la Defensoría.

En el campo laboral, al 2017 se registró al menos dos millones de mujeres indígenas en edad de trabajar, pero más de la mitad de entrevistadas no acceden a un trabajo remunerado. Es decir, de cada 10 mujeres indígenas, 7 no tienen ingresos propios. Del total de mujeres que declararon tener un ingreso, el 49% trabajó en actividades no calificadas y el 20% en trabajos de servicio o comercio.

En participación política, se destaca que las candidaturas de las mujeres indígenas -en los últimos 4 procesos electorales regionales y municipales- se han quintuplicado, para los cargos de consejerías y regidurías. Sin embargo, en las elecciones del 2018, solo 35 mujeres indígenas han sido electas como consejeras y regidoras, a diferencia de 190 hombres indígenas que lograron ser elegidos.

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Finalmente, el documento también presenta una serie de recomendaciones al Estado para que esta situación mejore. Una de estas es “tomar en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas en el diseño y la gestión de las políticas públicas, programas, proyectos y estudios e incorporar las cifras de este documento en las herramientas de gestión para garantizar la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural”.

Otra de las recomendaciones es “incluir las variables de lengua materna y autoidentificación étnica en las herramientas de gestión en las entidades públicas a nivel nacional. A su vez, desagregar la información recopilada a nivel de género para visibilizar y atender las brechas que podrían afectar a las mujeres indígenas de manera particular”.

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