• Según el Ministerio de Cultura, en el Perú se han reconocido a 25 pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), en los cuales viven cerca de 7500 peruanas y peruanos.
• Actualmente existe un proyecto de ley que propone modificar la Ley PIACI y ello perjudicaría a las personas más vulnerables del país.

 

El pasado 16 de mayo, la ley que protege a los indígenas en aislamiento y contacto inicial cumplió 17 años. Esta norma, también conocida como la “Ley PIACI”, nació para defender los derechos de los peruanos más vulnerables, quienes incluso corrían el riesgo de extinguirse porque una enfermedad tan simple como la gripe podría matarlos debido a que no cuentan con un sistema inmunológico similar al del resto de compatriotas.

Para el Mincul, la Ley 28736 representó un hito histórico para el Perú porque desde su promulgación ha permitido garantizar la vida, integridad y territorio de estas poblaciones que están constantemente amenazadas por actividades ilegales como el narcotráfico, la tala y minería ilegales, entre otras.

“La Ley PIACI es importante y pionera principalmente por dos razones: porque establece un Régimen Especial Transectorial (RET), entendido como el conjunto de políticas públicas que tienen el propósito de garantizar los derechos a la vida y a la salud de los PIACI, a cargo del Mincul; y porque introduce la figura de las reservas indígenas como territorio reconocido a los PIACI y las dota de mayor claridad (en comparación con la figura de las reservas territoriales), pues designa las autoridades competentes, las medidas de control y las limitaciones en cuanto al acceso y desarrollo de actividades a realizarse en dichas áreas”, explica Melissa Sánchez, especialista legal de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

En el Perú, según información del Ministerio de Cultura (Mincul), se han reconocido a 25 pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), y en total suman unos 7500 peruanos: 5200 en aislamiento y 2259 en contacto inicial.

Esta ley también, según el Mincul, establece mecanismos de protección dedicados exclusivamente a proteger su integridad y respetar su decisión de no integrarse al resto de la sociedad nacional.

Con esta norma, además, el Estado peruano acogió las pautas en materia internacional, y se unió a otros países de América del Sur donde también existen los PIACI: Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y Venezuela.

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Avances y una amenaza latente

El Mincul destaca que, desde la promulgación de esta ley, se han desarrollado avances importantes como el reconocimiento de 25 PIACI, además se ha logrado categorizar 7 reservas indígenas y territoriales, que suman más de 4 millones de hectáreas de bosques amazónicos, lo cual representa el 3.2 % del territorio nacional. Actualmente, además, existen en trámite 6 solicitudes de creación de reservas indígenas en Loreto y Ucayali.

Las reservas indígenas y territoriales son territorios que tienen como objetivo proteger la existencia e integridad de los PIACI. Las 7 reservas creadas hasta el momento se ubican en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Huánuco, Loreto y Ucayali.

El Mincul también ha logrado implementar una red de 16 puestos de control y vigilancia, instalados en las comunidades aledañas a las reservas indígenas y territoriales. Asimismo, existen 49 agentes de protección, que resguardan la seguridad de los PIACI mediante patrullajes, envío de alertas, capacitaciones y acompañamiento a los diferentes sectores del Estado.

Sin embargo, estos avances se han opacado estos últimos meses debido a que en el Congreso existe una propuesta legislativa que pondría en riesgo a estos pueblos originarios. Se trata del Proyecto de Ley 3518, presentado por el congresista Jorge Morante, de la bancada fujimorista.

El proyecto de ley, según la SPDA, ha sido catalogado como inconstitucional por pretender quitar facultades al Mincul en cuanto a la creación de las reservas para los PIACI para entregárselas a los gobiernos regionales.

“Este proyecto de ley no solo es abiertamente inconstitucional sino que implica retroceder el poco camino recorrido en estos 17 años. Desconoce las obligaciones constitucionales del Estado frente a este grupo de peruanos y peruanas y deja a la voluntad de los gobiernos regionales de turno la defensa de su vida y territorio”, señala Melissa Sánchez.

Actualmente, organizaciones indígenas, el Mincul, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, han rechazado esta propuesta, sin embargo el proyecto de ley aún representa una amenaza. Hace poco, por ejemplo, la Mesa Directiva del Legislativo no derivó esta iniciativa a la Comisión de Pueblos, y por ahora solo se encuentra en la Comisión de Descentralización.