La ley se rige por los principios reconocidos en el derecho internacional en materia de energía sostenible, medio ambiente y pueblos indígenas, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.  

Asimismo, por los principios y derechos como la ambición climática, compensatoriedad, movilización del máximo de recursos fiscales disponibles, justicia climática, principio de progresividad, y derecho a la energía. 

Foto: Andina

Energías renovables 

La norma, además, promueve las energías renovables no convencionales (ERNC) y la eficiencia energética. Para ello propone que el Ejecutivo evalúe la reducción de aranceles para la importación de tecnología que permita el aprovechamiento de las ERNC, y se estimulen fondos públicos de investigación y desarrollo tecnológico para las mismas. 

Del mismo modo, se promocionaría eficiencia energética en licitaciones y compras de entidades públicas. Es decir, cuando el Estado adquiera vehículos, “deben incluir un porcentaje de vehículos eléctricos e híbridos de acuerdo a las necesidades operativas de la entidad, su disponibilidad presupuestal y las facilidades de acceso a la infraestructura de carga, conforme lo establecido en el Reglamento” de la ley.   

Financiamiento para enfrentar la crisis climática

La norma también fijaría un precio a las emisiones de carbono y a los contaminantes locales, y crearía el Fondo para la Transición Ecológica (FOTEC), administrado por el Ministerio del Ambiente (Minam), con el objetivo de financiar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de bosques, las áreas naturales protegidas de administración nacional y las áreas de conservación regional, el sistema de protección de las reservas indígenas y territoriales, la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos de fijación y captura de carbono, entre otros. 

“La propuesta de creación del FOTEC para financiar la protección de áreas naturales protegidas y reservas indígenas es un gran paso para consolidar estas áreas como herramientas esenciales en la lucha contra la crisis climática. Estos espacios han demostrado ser sumamente exitosos para reducir la deforestación y también generan beneficios directos para los pueblos indígenas, que son los principales guardianes de los bosques. Estaremos atentos a esta propuesta y esperamos que pueda ser aprobada pronto por el Pleno del Congreso”, declaró Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).