A través de una nota de prensa, funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron algunos comentarios frente a las observaciones realizadas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta previa para Pueblos Indígenas. Además, resaltaron que el Tribunal Constitucional ratificó la exigibilidad del derecho de consulta.

Para Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, según lo resuelto por el Tribunal Constitucional, actualmente las entidades estatales tienen ya la obligación de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Dicha consulta debe realizarse previamente a la adopción de tales medidas.

Abanto indicó que esto ha sido ratificado por una reciente sentencia del citado Tribunal (EXP. N.° 0022-2009-PI/TC), en la que además se ha desarrollado tanto el contenido como las etapas que conforman el proceso de consulta.

Por su parte, Iván Lanegra, Adjunto de la Defensoría para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, ratificó la posición institucional de la Defensoría del Pueblo en el sentido que la consulta no puede entenderse como un derecho a veto.

Agregó que lo que se busca con la consulta es lograr un efectivo diálogo intercultural para lo cual se requiere, entre otros aspectos: realizar la consulta a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas; hacer todo el esfuerzo necesario para alcanzar un acuerdo o consentimiento; así como respetar aquellos acuerdos que se adopten.

Lanegra aseguró que “es necesario alentar el diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y la población indígena”.

“Una Ley sobre la materia beneficiará a la sociedad en su conjunto, al ofrecernos un marco legal, ordenado y claro, para el ejercicio de dicho derecho, facilitando el accionar de las autoridades estatales, de los pueblos indígenas y de otros actores involucrados. Del mismo modo, la aplicación de este derecho contribuirá a la inclusión de la población indígena y a la prevención de los conflictos sociales”, dijo, al tiempo que recordó que el derecho a la consulta es parte de nuestra legislación desde hace más de 15 años.