• ¿Qué temas ambientales debe priorizar el Ejecutivo? Presentamos algunas grandes ausencias en el mensaje presidencial.

 

El reciente Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte tuvo grandes ausencias en el ámbito ambiental.

La lucha contra la deforestación, la remediación de áreas afectadas por desastres ambientales, la protección de los defensores ambientales, entre otros, fueron obviados o apenas mencionados en las cinco horas de discurso.

Por otro lado, Boluarte sí se refirió con énfasis al proyecto minero Tía María, dándole el visto bueno, a pesar del desacuerdo de la población del Valle del Tambo (Arequipa).

La conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales es un tema pendiente en nuestro país, sin embargo tanto el Ejecutivo como el Legislativo (con Eduardo Salhuana a la cabeza, cuestionado por su relación con la minería ilegal) no están dando señales de que estos temas sean su prioridad.

A continuación, presentamos algunos temas ausentes en el discurso de la presidenta Boluarte: 

Pesca industrial en áreas protegidas

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) continúa insistiendo en la búsqueda por hacer realidad la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, ubicada en el departamento de Ica. En este ecosistema habitan especies emblemáticas como la nutria marina, los lobos marinos chusco y fino, el pingüino de Humboldt y diversas aves guaneras como el guanay, la chuita y el piquero peruano. 

La demanda presentada por el gremio, que agrupa a las compañías más poderosas del sector pesquero, busca en su demanda, según el portal Ojo Público, no solo la extracción de grandes cantidades de anchoveta, sino también tiene como intención eludir el pago de S/ 6.6 millones de soles en multas frente a 99 procedimientos contra 11 compañías pesqueras por infringir el reglamento de pesca. 

Jimpson Dávila, gerente de Conservación Marina del programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explicó que “permitir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas reduciría la disponibilidad de anchoveta para la fauna silvestre, obligando a los animales a desplazarse mayores distancias y durante más tiempo para encontrar alimento”.

Derogación de la “Ley Antiforestal”

A inicios del mes de marzo, ciudadanos, colectivos ambientalistas y organizaciones indígenas, en más de diez ciudades de todo el país, salieron a las calles para exigir la derogación de la llamada “Ley Antiforestal”. Con esta ley, según especialistas de la  SPDA, Perú incumple compromisos bilaterales e internacionales, como el Acuerdo de París, y se aleja de una transición climática justa. 

La norma modifica el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario. Además, la aprobación de esta norma vulneró los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, al no ser consultados adecuadamente. 

“La actividad que lamentablemente afecta más a los bosques, actualmente, es la actividad agropecuaria mal planificada. No estamos en contra de un buen empresariado en la Amazonía, nosotros (como SPDA) estamos promoviendo un diálogo respecto a esta norma, pero no se puede cambiar un marco normativo tan importante con un debate de diez minutos en el último momento de una legislatura”, explicó para RPP José Luis Capella, director del programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA. 

Protección para los defensores ambientales

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), solo en los últimos diez años han sido asesinados más de 30 personas por defender el ambiente y sus territorios. En el Congreso de la República existe un dictamen, que no ha sido debatido, que podría convertirse en la primera ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú, “estableciendo principios, medidas y mecanismos que aseguren la prevención, protección y acceso a la justicia frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades”.

Perú no es un país seguro para los defensores ambientales. Luego de casi un mes de su desaparición, fue encontrado sin vida a Mariano Mucama Isacama Feliciano, líder indígena kakataibo. El cuerpo del dirigente fue hallado cerca del río Yurac, en Aguaytía, distrito de Padre Abad, en Ucayali, uno de los departamentos más peligrosos para las y los defensores indígenas. 

“Nuevamente un líder indígena que denunció las actividades ilegales que amenazaban su territorio es asesinado sin la protección que debía haber tenido”, expresó Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

Acuerdo de Escazú 

El 2018, el Perú suscribió el Acuerdo de Escazú, un tratado  sobre derechos humanos y ambiente que regula estándares mínimos sobre participación ciudadana, transparencia y justicia ambiental y un régimen de protección internacional para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Sin embargo, no se ha podido ratificar y el Congreso de la República lo ha rechazado hasta en dos oportunidades.

Según el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, al tratarse de un acuerdo internacional, el Ejecutivo debe dar la iniciativa para poner en discusión este tema. 

Para Carol Mora, directora del programa  Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, “no haber ratificado el Acuerdo de Escazú para que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico no solo es consecuencia de la falta de voluntad política del Congreso de la República, que archivó hasta en dos oportunidades el expediente con la propuesta de ratificación, sino también de la falta de impulso de las autoridades del Ejecutivo, especialmente del Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en las diversas gestiones debieron haber realizado esfuerzos más sólidos para lograr el consenso en el Pleno del Legislativo”.