Escribe Silvana Baldovino / Directora del Programa de Conservación de la SPDA

 

En los últimos días, se anunció la incorporación del economista Hernando de Soto al equipo de Fuerza Popular. Esto generó múltiples reacciones ante la posibilidad de que el señor De Soto ocupe una posición política estratégica en el Gobierno del Perú si es que Keiko Fujimori gana las elecciones.

Las ambiciones políticas del economista ya son conocidas (incluso tentó el sillón presidencial), así como fuerza y el reconocimiento de su nombre a nivel internacional, pero ¿sabemos que tan efectivas son sus propuestas y cuál es el impacto que generan en todas las economías donde ha trabajado?

En el caso de nuestro país, sus últimas intervenciones o intentos por intervenir estuvieron relacionados a: 1) Formalización de propiedad rural, 2) Individualización de territorios comunales y 3) Formalización de la minería ilegal e informal. Repasemos estos tres casos.

PROPIEDAD RURAL

En el caso de la Formalización de la propiedad rural, De Soto promovió la creación de un procedimiento simple y ágil para inscribir predios rurales (Decreto Legislativo 667, derogado por el Decreto Legislativo 1089) en los registros públicos. Esta norma no titulaba, sino inscribía y registraba de manera rápida a los predios rurales para incorporarlos al mercado y dinamizar la economía, buscando promover el otorgamiento de créditos del sector privado a los agricultores.

Casi 25 años después, podemos asegurar que la aplicación de este procedimiento fue uno de los mayores causantes de deforestación en la Amazonía peruana porque género y dinamizó el tráfico de tierras a nivel nacional. Creó la perversa prueba opcional (que generó su propio mercado) de los certificados de posesión «para probar las mejoras económicas» y promovió la parcelación de territorios comunales.

Si bien esta norma aceleró la formalización, ¿conocemos cómo se dinamizó el mercado formal?, ¿cuántos de estos predios entraron al sistema crediticio privado? Según información del Análisis Ambiental y Social (EAS) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del PTRT 3 del Ministerio de Agricultura y Riego, el solo título no genera mejoras o beneficios en la población, sino que se necesita acompañamiento técnico y mejoras en la producción. Además si la extensión del predio es muy pequeña no es rentable para el sector financiero, por lo que incluso recomiendan asociarse. Entonces, ¿cuánto perdimos en recursos por acelerar los procedimientos? Sin pensar en generar las condiciones necesarias para las mejoras de la población y su medio de vida, esta es la ley del roce y quema, y miles de hectáreas de bosque fueron perdidas.

TERRITORIOS COMUNALES

En el «Misterio del capital de los indígenas amazónicos» el señor De Soto nos presentó como solución principal a los problemas de seguridad jurídica de las tierras de los pueblos indígenas, la individualización de sus territorios. Es decir, predios individuales para cada comunero y ya no un título colectivo a la comunidad nativa, así estos títulos ingresarán al mercado y los pueblos indígenas se beneficiarán económicamente ingresando al siglo XXI.

Cuando presentó este trabajo, el señor De Soto, presentó como ejemplo a indígenas de Canadá y Alaska para que podamos observar cómo el contar con títulos individuales los volvió millonarios.

Esta propuesta fue rechazada por varias organizaciones indígenas nacionales y regionales. Debemos mencionar además que la riqueza de los pueblos indígenas de Alaska y Canadá no radica en sus títulos individuales, sino más bien en que en estos países la legislación no hace diferencia entre la propiedad del suelo y el subsuelo, ni los recursos que en estos se encuentran. En cambio, en el Perú sí existen estas diferencias y es un tema que merece ser discutido para así proponer una mejora a la situación de los pueblos indígenas y los recursos que hay en sus territorios.

El misterio del capital indígena se develó sin pena ni gloria. A eso se sumó que la propuesta de De Soto era totalmente contraria al Convenio 169 OIT y a la declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La versión del economista sobre la problemática y situación de los pueblos indígenas es, por decirlo menos, bastante particular no sólo en el caso de los territorios sino en la aplicación y ejercicio de los derechos colectivos. No podemos dejar de mencionar que hace algún tiempo equiparó la Consulta Previa a solo preguntar a los pueblos indígenas sobre “qué piensan de uno u otra tema”, desconociendo nuestro marco jurídico y los derechos colectivos.

MINERÍA ILEGAL E INFORMAL

En este tema, Hernando de Soto propone reformas trascendentales de inclusión, aunque hasta ahora no se sabe cuáles. Hace dos años ofreció una estrategia de 800 páginas para combatir este problema, pero seguimos esperando.

Ahora, de la mano con Fuerza Popular, propone la derogación de los 7 decretos emitidos por este Gobierno para combatir la minería ilegal e iniciar un proceso de formalización. Sin embargo, más allá de la derogación no hay una propuesta clara sobre lo que vendría después ya que nos quedaríamos con un vacío legal.

Esta propuesta está acompañada con la creación de un organismo presidido por un «Zar de la Formalización» que trabajaría de manera transversal con otros sectores, dado que en su opinión no hay ninguna institución pública que se dedique a esto. Propone además que este organismo se dedique a formalizar para llegar a un Estado de derecho, otorgando derechos claros. Es decir, titulación. Claro, teniendo como jurisdicción el territorio nacional y cuyas competencias estarán por encima de los ministerios ya que este “Zar” solo rinde cuentas al Presidente de la República.

La propuesta del economista no solo vulnera la institucionalidad, desconociendo las competencias de los sectores involucrados en el proceso de formalización como el Ministerio del Ambiente, los Gobiernos Regionales o el Ministerio de Energía y Minas, debilitando a los mismos, sino también plantea la misma fórmula para solucionar todos los problemas: la formalización mediante el otorgamiento de derechos, seguramente para incorporar estos predios al mercado.

Señor De Soto, la titulación no soluciona todos los problemas, como ya nos lo demuestra la experiencia.