Del 9 al 11 de abril, se desarrolló el IV Encuentro de Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, en México. Este evento congregó a especialistas, sociedad civil y a estudiantes de derecho que forman parte de diferentes clínicas jurídicas de la región, quienes dieron a conocer cómo están tratando casos emblemáticos de contaminación ambiental en Perú, Brasil, Colombia, México, entre otros más. 

Aproximadamente, participaron 40 clínicas jurídicas de 15 países de América Latina y el Caribe en este encuentro. Cabe mencionar que clínicas jurídicas son espacios donde los jóvenes estudiantes de derecho ponen en práctica la enseñanza conceptual de la carrera a través del análisis de casos reales de contaminación ambiental. 

El encuentro contó con la presencia de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales del Gobierno de México, quien destacó el rol que desempeñan las clínicas jurídicas en América Latina y el Caribe. 

En total, este evento completó 2 conferencias magistrales, cuatro paneles con expertos de la región y diez mesas temáticas. Algunas conferencias programadas fueron “Minería ilegal en la Amazonía”, “Justicia ambiental y climática: entre lo transnacional y lo local”, “Retos y oportunidades en la implementación del Acuerdo de Escazú” y el “Rol del derecho y de las clínicas jurídicas en la construcción de justicia ambiental”.  

“Las clínicas están dinamizando la justicia ambiental”

Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), participó en el panel “Rol del derecho y de las clínicas jurídicas en la construcción de justicia ambiental”. Durante su ponencia, explicó cómo las clínicas jurídicas actualmente están contribuyendo a enfrentar los desafíos ambientales.

En primer lugar, la especialista de la SPDA aseguró que las clínicas están consiguiendo que los estudiantes desde las aulas de Derecho se comprometan con la problemática ambiental de sus países: 

“Las clínicas jurídicas están logrando que los estudiantes y las juventudes (…) se involucren y se comprometan con las causas de interés público de su comunidad. Eso es emblemático porque necesitamos más gente trabajando por el interés público de nuestras sociedades”. 

Asimismo, destacó los hallazgos y revelaciones de las clínicas a partir de los casos que están analizando. En ese sentido, mencionó que este análisis ya no se “centra solamente en el caso concreto, sino que trasciende a analizar si los sistemas regulatorios están funcionando o no, o si se necesitan cambios a nivel de categorías e instituciones jurídicas, están proponiendo reformas a nivel de política”.

Carol Mora también enfatizó que un aporte de las clínicas jurídicas se centra en colocar a la ciudadanía en un rol activo frente al sistema de justicia: “Generalmente, se espera desde los gobiernos, que la ciudadanía quede a la espera de una justicia, de las resoluciones, pero, con las clínicas, lo que se está haciendo es colocar en un rol activo a esta ciudadanía, motivando la justicia, dinamizando la justicia ambiental”. 

Sobre la importancia de este encuentro 

El encuentro de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe nació en el 2019 como un espacio de reflexión sobre la importancia de implementar la educación clínica en la formación de abogados y abogadas. 

Según Andrea Domínguez, coordinadora de esta Alianza, la falta de acceso a la justicia ambiental en la región también motivó a la formación de este encuentro: 

“América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas en biodiversidad, y también una de las más desiguales y vulnerables frente a la crisis ambiental y climática. En este contexto, el acceso a la justicia ambiental es una deuda pendiente, especialmente para las comunidades más expuestas y menos protegidas”. 

Domínguez resaltó que, a lo largo de los años, este tipo de evento ha permitido evidenciar que es fundamental que la enseñanza del derecho no esté alejada de los problemas ambientales de la región.

“Este tipo de Encuentros nos permite pensar colectivamente cómo formar a una nueva generación de abogadas y abogados con compromiso ético, pensamiento crítico y enfoque de sostenibilidad. Queremos transformar la enseñanza del derecho para que no esté desconectada de la realidad, de los territorios, ni de las personas”, finalizó.