Escribe: Yessenia Coronel / ycoronel@spda.org.pe

 

El 22 de marzo de 2024, el Estado peruano estuvo en el centro de la atención de la prensa nacional e internacional tras el fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta entidad internacional responsabilizó al Estado peruano por permitir la vulneración de los derechos humanos de 80 ciudadanas y ciudadanos en La Oroya, Junín, debido a la contaminación ambiental que originó por décadas el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO).

La sentencia de la Corte IDH no solo dio a conocer que las víctimas sufrieron la vulneración de diferentes derechos, como a vivir en un medio sano, a la salud, al acceso a la información, a la integridad personal, a la vida digna, sino además ordenó al Estado a implementar una serie de medidas para reparar a los ciudadanos y remediar la contaminación en La Oroya.

Ya ha pasado un año desde que se hizo público este fallo; sin embargo, la sentencia aún estaría lejos de implementarse en su totalidad, de acuerdo al reporte de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), organizaciones que representan a las víctimas de La Oroya ante instancias judiciales. 

Sentencia “no ha avanzado de forma satisfactoria”

Este 24 y 25 de marzo, AIDA, Aprodeh y los habitantes de La Oroya reportaron cómo se ha dado la implementación de la sentencia. En ese sentido, Rosa Peña, abogada de AIDA, mencionó que, a la fecha, solo el Estado habría cumplido parcialmente con su publicación:

“De la información que hemos recabado, de la respuesta que nos han dado las instituciones públicas del Estado, pero, además de lo que ya ha dicho de Corte IDH, el Estado solo ha cumplido de manera parcial con publicar la sentencia, ninguna de las medidas que benefician ni a las víctimas ni a La Oroya ni a la región Junín ni al Perú han avanzando de forma satisfactoria (…). Entonces, el incumplimiento es transversal, estructural, y el llamado es que se pueda avanzar”.

Cabe enfatizar que la Corte IDH dictaminó que el Estado debía, por ejemplo, reparar a las víctimas, brindarles atención médica gratuita, asegurar la recuperación integral de La Oroya, realizar un diagnóstico de línea base para determinar el daño ambiental en la zona, asegurar que el Complejo Metalúrgico de La Oroya cumpla con el marco normativo nacional e internacional, entre otras disposiciones más. En la sentencia, la Corte IDH establece diferentes plazos para el cumplimiento de cada obligación, que van desde los 6 meses hasta los 2 años. 

En ese sentido, la abogada Rosa Peña enfatizó que una de las medidas que debe priorizar el Estado peruano recae en la atención médica gratuita:

“El elemento más importante para las personas tiene que ver con la atención integral de salud. A la fecha, (…) no existe un diagnóstico definitivo para ninguna de las personas, por tanto, tampoco se da una atención integral de salud. Las atenciones han sido puntuales, de trámites específicos, pero de ninguna manera algo que realmente atienda el riesgo por la exposición aguda y crónica que han tenido durante décadas”, señaló. 

Así fue vivir en La Oroya

La sentencia de la Corte IDH también dio cuenta que unos de los principales grupos vulnerables que resultó afectado por la contaminación del CMLO fueron los niños y las niñas, quienes, en la actualidad, ya son jóvenes. Tal es el caso de Amparo Fabian, quien ahora tiene 21 años. 

Uno de los primeros registros públicos de Amparo data aproximadamente del 2006. Se trata de una fotografía que ha sido utilizada en diferentes reportes periodísticos desde la fecha. En la imagen, ella aparece en brazos de su padre Pablo Fabian, y de fondo está el complejo metalúrgico. Ahora, casi 19 años después, Amparo cuenta cómo fue vivir en La Oroya, considerada como una de las ciudades más contaminadas del mundo.  

“La afectación viene desde antes que yo naciera. Cuando mi mamá estaba gestando, se decía mucho de cómo iba nacer o con qué enfermedad iba a salir porque mi casa estaba cerca de la empresa. En mi niñez, no salía a jugar, tenía que estar en casa, cerrar la ventana, no sé si servía porque mi ventana tenía pequeños surcos. En mi colegio igual, recuerdo que si sonaba la alarma de la empresa, teníamos que entrar inmediatamente, ya que era un aviso que la empresa iba a emitir un nivel de gases muy alto”, relató. 

Tal como indica Amparo, de pequeña solía permanecer en casa; sin embargo, ahora y junto a otras compañeras, ha formado comisiones para dar seguimiento a la implementación de la sentencia:  

“En el grupo no soy la única de mi edad. Y claramente han pasado 20 años, antes éramos niños, ahora somos adultos. (…) Hemos formado comisiones para ver cómo hacemos que las medidas se cumplan y también nos toca a nosotros continuar con lo que han iniciado nuestros padres”, enfatiza.

¿Cómo se ha dado la contaminación en La Oroya?

El CMLO se instaló en La Oroya desde 1922. Por décadas, esta empresa, dedicada a la fundición y refinamiento de metales, ha contaminado el ambiente y, por tanto, afectado fuertemente la salud de los habitantes. Por ejemplo, desde 1999, estudios de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (Digesa) ya daban cuenta que los ciudadanos presentaban plomo en la sangre debido a esta contaminación.  

En el 2002, interpusieron una denuncia al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Salud. Y, aunque el Tribunal Constitucional, salió a favor de los habitantes, esta sentencia no se llegó a implementar. Ante tal situación, decidieron acudir ante instancias internacionales. En ese marco, el 22 de marzo de 2024, la Corte IDH salió a favor de los ciudadanos. 

Datos:

• Para conocer más sobre la contaminación en La Oroya y la sentencia de la Corte IDH, accede a este informe: https://spda.org.pe/publicacion/el-grave-problema-de-contaminacion-de-la-oroya-y-la-sentencia-de-la-corte-idh/
• Lee aquí la sentencia completa: https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2024/03/Sentencia-del-caso-La-Oroya-Corte-IDH.pdf